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Omar Mora Tosta: “Las recientes excarcelaciones son liberaciones, porque más que presos son secuestrados”

Foto: Hirsaid Gómez

 

El abogado resalta que hasta que no haya independencia de poderes no habrá justicia en Venezuela y dejarán de cesar las persecuciones políticas

Caracas.- Como “liberaciones” identifica el abogado Omar Mora Tosta las 41 excarcelaciones de presos políticos que se llevaron a cabo el 1 y 2 de junio. Explica que se refiere a ella con este calificativo porque el proceso ha sido análogo a cuando una persona secuestrada es liberada por sus captores, porque quienes han sido víctimas de detenciones arbitrarias, a las que se les violan todos sus derechos, son una especie de rehenes.

El 16 de mayo se registró un motín en El Helicoide, una de las cárceles que tiene el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el municipio Libertador de Caracas, que finalizó con el traslado de 72 presos comunes.
El suceso generó que la mirada internacional se volviera hacia el país. Los vídeos de presos políticos como Joshua Holt, Daniel Ceballos y Villca Fernández elevaron la tensión a pocos días de los comicios convocados por el Gobierno.

Los familiares pasaron día y noche a las afueras del recinto para lograr verlos o darles comida, la defensa los acompañó; entre ellos Mora Tosta. “El viernes el Gobierno decidió excarcelar a un grupo de ellos, solo civiles, ningún militar”, comentó el abogado.

Foto: Hirsaid Gómez

Omar Mora Tosta tiene una pared azul cubierta de reconocimientos y condecoraciones, evidencias de cómo el año 1990 inició su recorrido por casi todos los cargos del poder judicial, a excepción del de magistrado de la República, y no porque no le tocara, es porque quiso desligarse del sistema cuando observó que el mundo jurídico estaba siendo minado por la política. Para él en un país no existe justicia mientras los organismos no tienen autonomía.

Tosta también fue consultor jurídico nacional y consultor de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Su último cargo en la política fue como asesor jurídico de la Alcaldía Metropolitana cuando Antonio Ledezma fue electo para el cargo.

Actualmente, este experto en Derecho Penal Militar y de la investigación criminal, es profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela (UCV), socio de una de las cinco firmas más importantes del país y su mayor esfuerzo lo dedica diariamente a representar a presos políticos, tanto civiles como militares, de la talla del exvicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara —refugiado en la embajada de Chile— y del general del Ejército venezolano, Raúl Isaías Baduel.

Foto: Hirsaid Gómez

—El 1 y 2 de junio el Estado venezolano decidió liberar a 41 personas, todos fueron civiles, ¿por qué cree usted que en esa lista no ingresó el nombre de ningún militar?

—Desde que inició el 2018 ha recrudecido la persecución a nuestros oficiales (de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana), al punto que de los 409 presos políticos que tenemos registrados en la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, 150 son militares, 206 pertenecen a la sociedad civil, 19 son políticos, 13 policías y 21 son estudiantes. Es más, ese fin de semana de las excarcelaciones fueron presentados ante tribunales unos militares de alta jerarquía.

Explica el especialista que en lo que va de año se ha iniciado un proceso de razia militar. “Todo aquel uniformado institucional que cumple con el artículo 328 (`La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación…´) parece que lo ha hecho y lo hace víctima de ser perseguido. Los delitos que se les han acuñado son traición a la patria, rebelión militar, instigación a la rebelión, sustracción de las fuerzas armadas y ahora el motín y la instigación al motín”.

Foto: Hirsaid Gómez

—Estos delitos que se le han imputado a militares son los que se les han atribuido a presos políticos como Daniel Ceballos o el diputado Gilbert Caro, ¿es legal que tribunales militares juzguen a políticos, estudiantes y otras personalidades de la sociedad civil?

—En Venezuela desde hace varios años se ha utilizado a la justicia para perseguir a la disidencia. Hemos llegado a una barbaridad que está prohibido a nivel internacional como lo es la utilización de la justicia penal militar para perseguir, procesar y encarcelar a civiles. Esta situación ha sido denunciada en incontables ocasiones por
instancias protectoras de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, pues la jurisdicción militar tiene características completamente diferentes a la ordinaria y los delitos militares solo pueden ser cometidos por oficiales en servicio activo.

Y no es una cuestión de delitos, es que la justicia penal militar está estructurada de forma piramidal en donde el principal funcionario es el presidente de la República en su rol de Comandante en Jefe y es él quien decide quien va preso o no. Esa figura de Fiscal General Militar no existe, lo que hay es un Fiscal General ante la Corte Marcial que fue creada para juzgar a almirantes y generales.

En los últimos años no solo se han utilizado los delitos militares clásicos para perseguir a la disidencia civil, también se han tomado delitos ordinarios y especiales. Hay detenidos que además de imputarles traición a la patria, rebelión, insurrección se han procesado por intimidación pública, boicot económico, delitos cambiarios, los cuales, aunque fundamentalmente no son políticos, pertenecen a un patrón del Estado para encarcelar a quienes piensen diferente. Sin embargo, todos esos juicios que se han realizado son nulos porque no han sido desarrollados por su juez natural.

Foto: Hirsaid Gómez

—El diputado Gilber Caro denunció que pasó más de 80 días en un área de reflexión donde solo le daban comida congelada y dos tobos de agua a la semana para sus necesidades y aseo… Con respecto a estas violaciones de derechos humanos ¿Quiénes podrían ser sancionados en un futuro?

—Recientemente la OEA tras las denuncias de distintas ONG venezolanas y la Asamblea Nacional elaboró un informe en el cual se señala que en Venezuela se violan de forma sistemática los derechos humanos de los detenidos por razones políticas, como bien lo señala el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Algo que debe entender la ciudadanía es que las violaciones a los derechos humanos no prescriben y, además ese alegato de “yo no soy responsable porque yo cumplí la orden de mi jefe” quedó en desuso; no existe. Ahora se establece un escalafón, una línea directa de mando bien sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo por lo que en un futuro todas las personas que hayan formado parte de la violación de derechos humanos tendrán que responder ante la ley.

Foto: Hirsaid Gómez

—¿Qué opina de las recientes excarcelaciones y por qué hay variaciones de los números de liberados y de las personas que aún permanecen detenidas por razones políticas?

—El estado venezolano prometió liberaciones, libertades plenas y no ocurrió. No tengo idea de porque fue esto, pero es una muestra más del abuso de poder. La única liberación incondicional que hubo fue la de Joshua Holt, lo entregaron a sus autoridades y estos se lo llevaron del país junto a su pareja. Para él no hubo garante, ni boleta de excarcelación, ni sermón en la Casa Amarilla; en cambio, para los presos políticos venezolanos sí.

Con respecto al número total de excarcelados la información es confusa porque las listas vinieron salpicadas de personas que no eran presos políticos, pues fueron detenidas por delitos comunes como colectivos o Angelis Gibelli Quiroz Gutiérrez que quedó presa por la estafa del concesionario La Venezolana.

En la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, que está conformada por todos los que somos defensores de los presos políticos y la Comisión de Política Interior de la AN, llevamos un control de las listas de quienes se encuentran detenidos; sin embargo, la precisión es difícil porque hay una cifra negra que es ese margen de aquellos que no denuncian porque no quieren hacerlo, los que creen que los van a perjudicar más o han aceptado el trato de declararse culpable por algún tipo de beneficio. Nosotros contabilizamos 409 presos.

La diferencia de este número con el que tiene el Foro Penal se debe a que ellos tienen otro parámetro para determinar quiénes son presos políticos, en un momento ellos no tenían en sus listas a los militares y nosotros sí.


Foto: Hirsaid Gómez

—¿Opina que en Venezuela no hay justicia?, ¿Qué es lo que hace falta para que se lleve a cabo este principio en los tribunales del país?

—Para que se dé ese país distinto, para que regrese la institucionalidad, en primer lugar, debe haber separación de poderes. Si no existe la separación de poderes no hay justicia en ningún tipo de ente: los poderes públicos actúan en complicidad con el Ejecutivo, los jueces y fiscales no toman decisiones sin antes hacer una llamada porque tienen miedo de que si no cumplen una orden van presos.

Es por ello que en este momento dónde se han llevado a cabo una serie de excarcelaciones lo que se quiere es que esta especie de concordia que se pregona sea de buena fe y no como en otras oportunidades cuando se han planteado diálogos y al final del día nunca se concretó nada. Los defensores de detenidos por razones políticas lo que deseamos es que se cumpla lo que dijo el presidente Nicolás Maduro acerca de que continuarán las liberaciones, pero también que sean libertades plenas porque el hecho de que las personas queden sometidas a medidas cautelares es dejarlas con una esposa en la celda. Otra de las recomendaciones es que también se libere de todo procedimiento legal a quienes se encuentran en el exilio, porque hasta que esto no suceda no nos sentiremos satisfechos.

Foto: Hirsaid Gómez

El Pitazo 

 

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