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Rafael Simón Jiménez: Libertad para todos los presos políticos

 

Convivencia, pluralidad, tolerancia, respeto por quien piensa diferente, preeminencia de los derechos humanos y la dignidad de los ciudadanos, se constituyen en valores definitorios de todo sistema  de libertades, por lo que resulta un contrasentido inadmisible la existencia de presos, perseguidos, exiliados por razones  políticas, o de conciencia en un régimen que se defina como auténticamente democrático.

En La Venezuela de las últimas dos  décadas, los ciudadanos  hemos contemplado y padecido la pretensión de imponer desde el poder una hegemonía,  cuya premisa fundamental ha sido la de asentar  un modelo  sectario, excluyente, cismático y polarizador, que arremete y busca aplastar a todos quienes piensan distinto y legítimamente se oponen a los desafueros del poder. Ese sistema  conlleva a  la persecusion, el acorralamiento, y la siquitrilla judicial del adversario, lo que en la práctica se ha traducido en centenares de presos políticos y exiliados, y la denuncia de violaciones masivas de derechos humanos,  conformándose un estado policial más propio de un régimen totalitario que de un estado democrático.

La realidad política impuesta tras los resultados electorales del pasado 20 de Mayo, ha generado desde el gobierno, proclamadas  intenciones de aperturar un dialogo y una negociación política, supuestamente destinada a restablecer un clima de convivencia y respeto democrático, en el  cual puedan generarse unos acuerdos mínimos en   temas prioritarios para la sufrida población venezolana. Esta declaración de buenas intenciones ha sido recibida por los sectores mayoritarios del país con una mezcla de dudas, escepticismos y aprehensiones más que justificadas, por el fracaso deliberado de anteriores gestos en la misma dirección, que han terminado de periclitar ante la manipulación, la falta de seriedad o cumplimiento, o su utilización oportunista como simple mecanismo para ganar tiempo frente a situaciones  donde el gobierno siente comprometida su estabilidad.

El dialogo, la negociación y la búsqueda de consensos y entendimientos, jamás debe ser descartada por los verdaderos demócratas, por cuanto todos esos mecanismos forman parte de visiones y convicciones principistas para los defensores de la libertad, y menos aun en las cada vez más difíciles situaciones que vive el país y que comprometen la subsistencia de millones de compatriotas.

El tema y la gestión  de la libertad, de  casi 400 presos políticos, parece ser el camino indicado para viabilizar una agenda de negociaciones que se proyecte hacia aspectos trascendentales como la apertura del canal humanitario, el respeto y reconocimiento de la Asamblea Nacional, la definición de reformas económicas que permitan la reactivación y el reencauce de nuestra  maltrecha economía, medidas destinadas a enfrentar la emergencia social, así como la reinstitucionalización del país.

Una amnistía general que vacíe de prisioneros políticos las cárceles de Venezuela, incluyendo detenidos civiles y militares y que permita el retorno de quienes han tenido que exiliarse para evadir la persecusion por razones de conciencia, generaría un estado de opinión propicio para la construcción de un escenario de entendimiento. Saludamos y valoramos como positivas todas las libertades otorgadas, pero la vigencia plena de la democracia en Venezuela exige que ningún ciudadano pueda ser perseguido, enjuiciado o encarcelado por proclamar y defender sus ideas y convicciones políticas.

Sin embargo el enfoque que el gobierno ha dado a las medidas de excarcelación de detenidos por razones políticas, ha sido retorcido y erróneo, reduciendo y restringiendo el otorgamiento de libertades, no solo a un número reducido de prisioneros políticos, sino además condicionándolas a limitaciones de tal naturaleza que coartan el goce efectivo del ejercicio de los derechos ciudadanos por quienes salen de Prisión. La manera como el régimen ha conducido este proceso tan deseado por la sociedad venezolana, se revierte de hecho contra el objetivo de avanzar en el reconocimiento, el respeto y la tolerancia requisitos básicos para la convivencia, el dialogo y el entendimiento entre los distintos sectores del País.

Al momento de anunciar su disposición de avanzar en la reconciliación entre los venezolanos, Nicolás Maduro, invocaba el ejemplo de los Ex presidentes de la Republica Rafael Caldera y Luis Herrera Campins –ambos  por cierto social cristianos – quienes durante sus administraciones gestionaron procesos exitosos de reencuentro y amnistía en momentos en que la violencia política había precedido sus respectivos mandatos. Maduro peco de ignorancia o de manipulación al referir esas experiencias, pues resulta harto conocido por los venezolanos de su tiempo, que en su primera Presidencia el doctor Caldera (1.969-1.974) abono con medidas generosas y políticamente pertinentes, la reincorporación a la vida política de los sectores  y partidos promoventes de la guerra insurreccional de la década de los sesenta, garantizando no solo la libertad de todos los presos políticos, sino asegurándoles condiciones para su actividad legal, fue tal el éxito de esa iniciativa que los cerebros y jefes de la violencia terminaron desdoblados en senadores, diputados, ministros y jefes políticos, saldando sin heridas ni traumas aquel tiempo terrible.

En su segunda Presidencia mucho más cercanas  en el tiempo (1.994-1.999) al Presidente Rafael Caldera le toco lidiar con las graves secuelas que sobre todo al interior de las Fuerzas Armadas habían dejado las felonías militares de febrero y noviembre de 1.992 , y lo hizo con la misma eficiencia y grandeza de su primera experiencia, adelantando medidas de excarcelación contra los jefes de las intentonas que aun permanecían en prisión incluyendo al comandante Hugo Chávez, y perdonando y amnistiando en aras del interés superior de pacificar y reconciliar al país y a la llamada familia castrense, delitos muy graves incluyendo algunos realmente lombrosianos como la llamada “matanza del canal 8 “ , donde un pelotón de soldados al mando del entonces teniente y hoy flamante ex ministro y embajador Jesse Chacón Escamillo, ajusticiaron de la manera más brutal y desalmada a humildes celadores que cumplían guardia en el canal del estado tomado por los golpistas.

A Luis Herrera Campins, toco en su oportunidad adelantar medidas de gracia a favor de los factores ultra izquierdistas, rezagados de la fracasada insurrección comunista de los sesenta, que incluía al legendario guerrillero Douglas Bravo, y lo hizo con el mismo criterio de amplitud y grandeza de miras, que permitió que impecablemente estos grupos encontraran espacio para su acción legal dentro de la política venezolana. De manera que ninguna de estas experiencias invocada por ignorancia o manipulación por Nicolás Maduro,  guardan relación o similitud con las medidas de libertad hasta ahora otorgadas que lejos de estar inspiradas en un deseo sincero de reconciliación parecen por lo limitado de los beneficiados, por las restricciones y condicionamientos, y por el show mediático que los ha rodeado destinados a profundizar la diatribas, el desencuentro y la polarización política.

Una amnistía general que ponga en las calles a todos los presos civiles y militares por razones políticas, sin limitaciones ni exclusiones, sería la única demostración clara de que el precario gobierno de Nicolás Maduro, desea avanzar en el rencuentro y la reconciliación entre los venezolanos, ese fue el ejemplo real  dado por los Presidentes  Caldera y Herrera Campins en su oportunidad, y esa sería la gran oportunidad para generar un clima donde se rescate el respeto, la convivencia y tolerancia consustanciales a la democracia, y poder a partir de allí avanzar en el dialogo y los acuerdos que permitan remediar la tragedia económica y social que hoy martiriza la vida de los venezolanos

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