En la lucha política siempre ha existido el dramático caso de los presos y desterrados políticos, los cuales se producen cuando personas, enfrentadas a un gobierno particular, son apresadas y sometidas a estas fórmulas por quienes tienen el poder, más que como castigo o pena por delitos cometidos como fórmula de sacarlos del escenario de la lucha política, al ser considerados peligrosos para la seguridad del Estado y la estabilidad gubernamental. Se debería entender, y sobre todo los gobiernos están llamados a hacerlo, que no cualquier protesta o movilización, por más vehemente o agresiva que se comporte, lleva a que sus participantes deban ser considerados como delincuentes políticos. Si bien el límite donde esta condición comienza no es ni puede ser nítido, en principio, si la protesta o manifestación no tiene en forma clara el objetivo de derrocar o debilitar al régimen, sus activistas no pueden, si son detenidos, ser acusados de insurgencia, desestabilización, actividades conspirativas, ni mucho menos de traición a la patria, como ha hecho el gobierno del presidente Maduro.
Unos estudiantes o unos jóvenes que manifiestan y se enfrentan con piedras y bombas Molotov a los cuerpos de seguridad del Estado, unos obreros que lo hacen durante reclamaciones de índole laboral, una amas de casa que cierran unas vías en protesta por la ausencia de agua o de gas doméstico, o unos profesionales, que denuncian la inexistencia de medicamentos y de insumos para la atención adecuada de los enfermos, no necesariamente están actuando para derribar al gobierno, independientemente que haya partidos o grupos políticos que se aprovechen para actuar en esa dirección. Corresponde al gobierno actuar en forma inteligente, para garantizar el derecho de esos ciudadanos a la protesta y persuadir a los manifestantes para que eviten situaciones violentas innecesarias. Los hechos de fuerza que pudieran producirse, al no resultar efectiva la persuasión, deben evitar o minimizar la producción de daños personales. De allí que la prohibición del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas, en el control de manifestaciones, debería ser una disposición absoluta.
Dependiendo del carácter autoritario o represivo del gobierno, la actitud de los mismos se mueve en distintas direcciones. Para un gobierno represivo, la más mínima protesta es peligrosa y por tanto rechazada y combatida, para evitar su desarrollo. Para un régimen muy democrático, la protesta es una forma de participación popular legítima, necesaria y a la que hay que prestar atención. De más está decir que no hemos tenido en Venezuela nunca un régimen de esa naturaleza, quizás con la excepción del período presidencial del general Isaías Medina Angarita. El gobierno chaveco, ni con Chávez y mucho menos con Maduro, ha tenido un comportamiento que se corresponda con la “democracia participativa y protagónica” que dicen defender. La inconstitucional exclusión del Municipio Libertador, para las actividades de calle de la oposición mayoritaria hasta 2015, lo dice todo sin tener que recurrir a otros múltiples ejemplos. Esta conducta ha hecho que haya presos políticos que realmente no lo son y que en forma inaudita haya reaparecido la figura del destierro.
Quiero recordarle a Jorge Rodríguez, a Elías Jaua, a Ricardo Menéndez, a Delcy Rodríguez, a Sandra Oblitas y a otros, que en las manifestaciones de finales de los ochenta y los años noventa, ante gobiernos que no se atribuían ningún carácter revolucionario, no fueron acusados de sedición ni de traición a la patria, ni fueron llevados a los tribunales militares, a pesar de sus frecuentes movilizaciones de calle, que a veces terminaban en luchas violentas con la Policía Metropolitana. Y esto a pesar de la ocurrencia de hechos tan peligrosos para los gobiernos de entonces, como la explosión social del 27 de febrero de 1989, los golpes de Estado del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992 y la ilegal destitución de CAP en 1993. Les recuerdo, además, nuestra lucha para evitar el uso de armas de fuego en el control de las movilizaciones, nuestra negativa en la UCV a tener que solicitar permiso para manifestar y nuestra permanente condena a los allanamientos de viviendas y detenciones ilegales nocturnas. Quienes prometieron un cambio de conducta no pueden repetir agigantadamente lo que condenaban.
La Constitución y las leyes venezolanas avalan el libre ejercicio del derecho a protestar, a expresar el descontento y a oponerse a las políticas y acciones del Gobierno nacional. También obligan a éste a respetar el debido proceso en la detención y enjuiciamiento de cualquier persona, sin importar el delito cometido y si se era civil o militar. Exigimos por tanto al Gobierno nacional el respeto y acatamiento de las normas constitucionales y legales, que garantizan el libre ejercicio de los derechos políticos y el debido proceso en el enjuiciamiento de las personas. Hay que restituir el estado de derecho para facilitar la consecución de la paz. Consideramos positiva la política de excarcelaciones ejecutada hasta ahora, pero nos parece insuficiente en su número y en su calidad, razón por la que lo llamamos no sólo a continuarlas, sino a profundizarlas a través de un proceso de pacificación del país y de amnistía general o la figura que proceda, para liberar y no sólo excarcelar a todos los presos políticos, incluidos los militares.
Somos responsables al decir públicamente que no se solicita libertad para conspirar, aunque entendemos que este tipo de acciones ocurren en los escenarios de la lucha política. Y entendemos también que el Estado tiene el legítimo derecho de defenderse, contra quienes interna o externamente conspiran en su contra. Pero esta defensa tiene que ser hecha dentro de las disposiciones constitucionales y legales. Si el Estado recapacita y actúa de esa manera se quitará un peso de encima, tanto nacional como internacional, y facilitará el desarrollo de la democracia y la extinción del miedo, además de desarmar a sus enemigos, sobre todo a aquéllos que usan la defensa de los DDHH como excusa para la intervención y dominación de otras naciones.