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Jesús Alexis González: La venganza revolucionaria: Más dinero inorgánico y menos producción

 

Iniciemos con una reflexión elemental: Si para una cantidad dada de producción, con tendencia decreciente, se incrementa la oferta monetaria es de obviedad manifiesta que va a intercambiarse más dinero por esa cantidad de bienes, y por consiguiente cae el poder adquisitivo del dinero o valor del dinero que hace referencia a la cantidad de bienes y servicios que permite adquirir en un momento especifico; y por tanto es de Perogrullo que si los precios aumentan el valor del dinero se reduce, es decir, se tendrá que entregar más dinero por unidad de un bien configurando de tal modo la malvada inflación.

A tenor de lo expresado, no cabe la menor duda que para la Venezuela del presente la inflación o aumento general de los precios, es consecuencia del incremento de la cantidad de dinero puesta en circulación de manera inorgánica (sin respaldo de producción y/o divisas) por el régimen en un contexto donde el aparato productivo se ha reducido en más del 60%, y aquellos héroes que continúan en actividad lo hacen muy por debajo de su capacidad instalada. Ante el obvio desastre causado, y para desviar la atención intentando evitar ser acusados de las terribles consecuencias de la hiperinflación reinante, el régimen recurre al “truco populista” de acusar, como únicos responsables, a los productores y comerciantes del aumento de los precios y del costo de la vida; tal como la clásica narrativa del ladrón que luego de arrebatar una cartera empieza a gritar: ¡atrapen al ladrón! en aras de crear un ambiente de confusión que le facilite huir al “trasladar” la culpabilidad a terceros.

Es una verdad evidente por sí misma, que Venezuela está profundamente afectada por una inflación de demanda entendida como un exceso de oferta de dinero que impulsa las expectativas ciudadanas por consumir; en una acción propiciada con la intención venenosa de los aumentos del salario nominal aplicados unilateralmente por el régimen a sabiendas que ni el aparato productivo nacional privado (y mucho menos el del sector público) ni las importaciones gubernamentales (por ausencia de divisas) están en capacidad de reaccionar positivamente (en lo inmediato y al corto plazo) ante un exceso de la demanda nominal (incremento de los salarios nominales) en el marco de una marcada recesión (más de cuatro años con un crecimiento negativo del PIB) y de una consecuente caída, tanto del nivel de empleo como de la productividad del trabajo que pueda compensar el efecto alcista del incremento de los salarios nominales sobre el nivel de precios; o lo que es lo mismo, en términos ortodoxos los aumentos salariales no deberían repercutir sobre el nivel de precios cuando dichos aumentos vengan acompañados de un incremento en el volumen de producción como respuesta a una elevación de la productividad del trabajo. Es obvio entonces, que cuando ello no sucede da lugar a una espiral inflacionaria en razón a que la recesión actúa como un disparador de la inflación, más aún cuando es “dinamizada” por una indexación salarial de objetivo populista-electoral con fundamento coercitivo y de dominación política, en frontal contradicción al principio según el cual el bienestar económico de la población se maximiza cuando la oferta monetaria permanece relativamente constante al tiempo que la actividad productiva sea superior a la aspiración ciudadana por demandar bienes.

De la máxima económica anterior, se desprende que el nivel de la producción nacional ha de ser tal que satisfaga las necesidades de la demanda global (agregada) entendida como el valor de las compras de los bienes y servicios producidos por la economía que desean realizar las familias, las empresas y el gobierno; es decir el conjunto de ellos que el total de los consumidores están dispuestos a adquirir en el mercado a un precio y tiempo determinado, hasta conformar una producción de equilibrio que hace referencia a una situación de igualdad entre la demanda de los distintos sectores y la oferta por parte de las empresas; o lo que es lo mismo, las empresas tienen que producir un nivel suficiente para satisfacer tanto la demanda de los sectores como el número de existencias programadas para almacenar.

En la Venezuela “al revés” que ha propiciado el régimen, en lugar de procurar el cumplimiento del Artículo 91 de la Constitución: “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales” a la luz de una producción de equilibrio en una economía de precios estables con mínima inflación con la presencia de una política de estabilización de precios; muy por el contrario el oficialismo ha dado “rienda suelta” a la hiperinflación como estrategia para corromper nuestra moneda en tránsito a destruir el sistema capitalista de producción, y para lo cual  energizan la tendencia alcista de los precios con incrementos del salario nominal (45 desde el inicio de la “revolución”) para luego “cubrirse las espaldas” en cuanto a sus intenciones soterradas aplicando un férreo control de precios, dando a “entender” (tal como el antes mencionado caso del ladrón que grita ¡atrapen al ladrón!) que el problema hiperinflacionario es motivado por la especulación empresarial (¿?), y en razón de ello se proponen, para apuntalar la penetración socialista al amparo del populismo, fijar nuevos precios para apenas 50 productos (Plan 50) de los miles que circulan previa revisión para “sincerar las estructuras de costos”; e igualmente el propio gobernante señaló (mayo 2018) que procedería a “expulsar a las mafias que ocasionan el incremento de los productos”  al extremo de afirmar: “Nosotros vamos a lograr el milagro económico, y lo digo, estoy dispuesto a hacerlo por las buenas o por las malas”.

Reflexión final: La cínica comedia de la “guerra económica” y de los “empresarios especuladores y corruptos”, seguirá siendo un “éxito del socialismo-comunismo” hasta tanto continuemos, con pasividad alarmante, participando de su lectura sin ni siquiera exigir el cumplimiento del Artículo 91 de nuestra Constitución.

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