Desde hace años yace en una cama condenada a muerte la izquierda en América Latina. Los mandatarios que han respaldado al gobierno de Nicolás Maduro, y su antecesor Hugo Chávez, han sido reemplazados e irónicamente sobre todos ellos recaen fuertes acusaciones por corrupción y otros delitos de los que se han hecho mientras estuvieron frente al poder en sus países.
Luis De Jesús /EC
Fue el presidente venezolano quien se encargó de recordar mediante su cuenta en Twitter que sobre los exmandatarios de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y ahora de Ecuador, Rafael Correa, pesan una serie de investigaciones y señalamientos por estar presuntamente inmersos en hechos irregulares. Y, sobre Maduro, sobrepesan también acusaciones por supuestos casos de corrupción con la constructora brasilera Odebrecht.
Fernández de Kirchner, para comenzar, se encuentra procesada por cuatro causas y enfrenta acusaciones de asociación ilícita, lavado de dinero, defraudación al Estado, entre otros delitos. Uno de los casos más resaltantes que manchan a la expresidenta argentina, es el presunto lavado de activos en Hotesur, una sociedad hotelera propiedad de la familia Kirchner, por lo que fue procesada en el mes de mayo junto a sus dos hijos.
En el expediente se considera probado que la sociedad habría sido utilizada para adquirir de manera ilícita dinero proveniente de compañías que se beneficiaban con obra pública mientras Fernández estuvo al frente de la administración. Esta situación habría sido ocultada mediante la simulación de alquileres.
Fernández fue acusada de asociación ilícita y defraudación al Estado por la concesión de obra pública en la provincia de Santa Cruz, al sur del país, durante su gestión. En otro de los casos, señala el portal Sputnik, la exmandataria fue procesada por lavado de activos y por supuestamente encabezar una asociación ilícita mediante la sociedad inmobiliaria familiar Los Sauces.
La última causa investiga el delito de administración infiel en perjuicio del Estado por las operaciones de venta de dólar a futuro que realizó el Banco Central durante la administración de la actual senadora.
En la noche del pasado 7 de abril el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ingresó en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, donde fue recluido para empezar a cumplir su pena de 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.
Al exmandatario se le acusó, puntualizó Todo Noticias, de haber recibido un departamento de lujo de tres pisos en la costa de San Pablo, Brasil, por parte de la constructora OAS, a cambio de favorecerla en sus negocios por la empresa petrolera Petrobras.
“Lula ha sido símbolo mundial de justicia, de democracia, pero las élites oligárquicas de Brasil, neofascistas, han desatado una criminal persecución (…) Lula es un hombre honesto que viene de las fábricas, símbolo mundial de subversión, líder democrático, moral, comprometido con el pueblo. ¡Cese la persecución contra Lula da Silva!”, clamó Maduro en defensa del expresidente brasileño desde el estado Vargas.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, tiene desde el 3 de junio la orden de prisión preventiva en su contra que dictó la jueza de la Corte Nacional de Justicia —el máximo organismo judicial del Ecuador—, Daniela Camacho, por estar presuntamente involucrado en el caso del secuestro del exdiputado Fernando Balda.
La Corte aceptó una solicitud de la Fiscalía para solicitar a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la captura de Correa y su extradición desde Bélgica, donde reside desde hace un año. Según recoge The New York Times, Balda es un abogado de 47 años que se ha definido como activista político, quien huyó a Colombia en 2009 y 2010 por presunta persecución política.
De acuerdo con la agencia internacional de noticias AFP, Correa aseveró que “hay todo un complot”, y confía que la Interpol rechazará la circular roja emitida por la justicia ecuatoriana ya que, consideró, se trata de un caso “político”. Maduro, como siempre, se pronunció y pidió que “cese a la persecución contra los líderes auténticos de nuestra América”.
A pesar de que ha metido la mano en el fuego por sus aliados, todos estos escenarios cobran peso cuando se hace referencia a las denuncias que también recaen sobre el autodenominado “hijo de Chávez”. La fiscal general de la República destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, Luisa Ortega Díaz, impulsa una denuncia en su contra por la presunta comisión de los delitos de corrupción y legitimación de capitales, en el caso de sobornos que pagó la constructora brasilera Odebrecht a cambio de contratos.
La fiscal acudió al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio para consignar el escrito de acusación en contra de quien, a su juicio, usurpa el cargo de presidente de Venezuela por “el gran robo” que su Gobierno le ha hecho a Venezuela. Detalló que, además, consignó 18 piezas principales y 46 anexos en formato digital.
Ortega Díaz solicitó al TSJ en el exilio que adopte todas las medidas necesarias para preservar el escrito de acusación y las pruebas que evidencian la presunta trama de corrupción del Ejecutivo nacional para activar los organismos internacionales, como la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
En abril, la funcionaria en el exilio puntualizó que el Estado venezolano contrató a, al menos, 13 obras con Odebrecht que jamás fueron culminadas. Entre ellas se encuentra un primer contrato por más de 200 mil millones de dólares para la construcción del puente sobre el Lago de Maracaibo.
Asimismo, en una entrevista ofrecida al medio ABC de España, Ortega Díaz manifestó que los presuntos casos de corrupción de Maduro y Lula con Odebrecht están “íntimamente vinculados” porque fue Lula quien conectó a Hugo Chávez con la constructora brasilera para que financiara su campaña y luego a Maduro, a cambio de los 13 contratos de obras.
