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AN remitirá a CPI documento que certifica casi 9.000 ejecuciones a manos del Gobierno

 

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes un acuerdo, apropósito de cumplirse 20 años de la firma del Estatuto de Roma, el cual se remitirá a la Corte Penal Internacional (CPI), todos los documentos que demuestren “las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro”, contra los venezolanos.

Por Yimmerlys López

Durante la sesión ordinaria de este martes, la diputada Dennis Fernández, aseguró que en el país se violan constantemente los DDHH. “Será que ese trato inhumano a los niños, adultos, a los militares y a los parlamentarios no es violación a los derechos humanos”, añadió.

 

En ese sentido, expresó que Venezuela tiene una Constitución que ofrece “suficientes garantías”, pero que el Gobierno no “respeta”. Asimismo, exhortó a todos los presentes a recordar los “asaltos que ha sufrido” la AN.

 

Del mismo modo, la parlamentaria Delsa Solórzano manifestó que en el país no hay posibilidad de hacer “justicia real” porque el sistema de administración de justicia “está secuestrado”.

 

 

Delsa Solórzano indicó que en el documento se reflejaron 8.292 ejecuciones “incluyendo la de Oscar Pérez en enero de 2018, 12.000 detenciones, 1.300 presos políticos desde 2013”.

Del mismo modo, el diputado Tomas Guanipa, denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), pretendían entrar en su residencia mientras apuntaban desde el exterior de la casa, en la cual se encontraba su familia.

“El régimen actual no se da cuenta que la patria no se lleva en un carnet”,añadió Solórzano.

La parlamentaria informó que este martes recibieron una “grave denuncia” de algunas escuelas municipales y estadales, en las cuales se exige carnet de la patria para inscribir a los niños. “Esto es una violación sistemática contra nuestros DDHH”, aseguró.

Correlativo a esto, Solórzano recordó que se cumplen seis meses de la masacre de El Junquito, en los cuales resultaron asesinados el exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y sus compañeros.

“Cuando se atenta contra los DDHH de los parlamentarios, se atenta contra los derechos humanos de nuestros electores”, puntualizó Solórzano.

Agregó, además, que han remitido diversos documentos a la CPI, en los cuales se “evidencia la violación de los DDHH que ocurrió en Venezuela en el 2017”, para complementar las probanzas de la investigación que lleva acabo la fiscal de la Corte Internacional.

“Nosotros vamos a remitir también, las probanzas que están condensadas en el documento del panel de experto que ha aprobado la Organización de Estados Americanos (OEA), y las probanzas que constan en el documento el alto comisionado de las Naciones Unidas, porque con ambos documentos hemos colaborado”, aseguró.

Venezuela es Estado parte del Estatuto de Roma de la CPI, el cual fue adoptado como Ley de la República mediante Ley aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional publicada en Gaceta Oficial Nº 5.5Ø7 Extraordinario del 13 de diciembre del  2000.

 

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