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El País / Editorial: El Vaticano, responsable

 

El abuso a más de mil menores por parte de 300 religiosos durante siete décadas que un gran jurado de Pensilvania ha investigado y hecho público esta semana no solo es un hecho espeluznante que se debe combatir, castigar y evitar en el futuro, sino que también pone al descubierto los agujeros de tolerancia y encubrimiento por parte de la estructura de la Iglesia católica y del mismo Vaticano. Existe algo si cabe más incomprensible que los hechos delictivos expuestos, la mayor parte prescritos, y es la connivencia de la jerarquía de la Iglesia, o pasividad en el mejor de los casos, ante sucesos que de sobra conocía. La justicia civil no puede actuar con la rapidez que requiere si el aparato eclesiástico se dedica a frenarla.

Roma fue informada en repetidas ocasiones de la actuación de sus sacerdotes pederastas y no solo no contribuyó a combatirla, sino que autorizó los traslados de sospechosos poniendo a otros feligreses en riesgo, la rehabilitación de algunos apartados por sus indicios o el encubrimiento.

Los sacerdotes tienen por la propia naturaleza de su dedicación un factor de autoridad que convierte a sus víctimas en seres más vulnerables y que precisamente les hace responsables de una mayor ejemplaridad. Fallar a una víctima es fallar a la sociedad a la que supuestamente sirven. Han fallado los individuos y ha fallado una Iglesia que ha optado generalmente por encubrirlos en lugar de ponerlos a disposición de la justicia. Benedicto XVI, que gobernaba la Iglesia cuando estallaron los mayores escándalos de pederastia, se comprometió a una colaboración plena con la justicia y a la persecución de los abusos. Pero lo cierto es que ésta no se ha producido en la medida necesaria. El informe de Pensilvania recoge encubrimientos por parte del Vaticano desde 1963 hasta 2014, cuando Francisco ya había sucedido a Ratzinger. El Vaticano es responsable de una cultura de ocultación que agrede a sus víctimas tanto como los delitos cometidos, prescritos o no.

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