El concepto de movilidad humana se refiere a los movimientos migratorios que realiza una persona, familia o grupos humanos para transitar por un país, cruzar las fronteras, o establecerse temporal o permanente en un Estado diferente al de su origen, o en otro que haya residido previamente, que genera derechos y obligaciones.
Esas ideas, la libre movilidad y la ciudadanía universal, las encontramos en la Ley Orgánica de Movilidad Humana de la República del Ecuador (Quito, 6 de febrero 2017, Año IV, N° 938), aprobada durante el mandato de Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.
Ecuador es un país con miles de emigrantes en el exterior, en los Estados Unidos y en América Latina, en Venezuela hay una colonia numerosa, quienes conviven en armonía con nosotros. Hace unos años el gobierno de los Estados Unidos expulsó masivamente a los ecuatorianos, por lo cual el gobierno de Rafael Correa tuvo que organizar un programa especial para atender el retorno de ellos y asegurarles la protección de sus derechos humanos.
Ahora, el nuevo gobierno de Lenin Moreno ha dictado medidas que significan un retroceso en dicha política social. Con un Decreto eliminó los convenios firmados con los países andinos, la Carta Andina, el Convenio OIT 118 (Sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962). En la práctica cerró la puerta de entrada a los migrantes que pretendían cruzar el territorio ecuatoriano para ingresar a Perú, imponiéndoles a partir del 18 de agosto la presentación obligatoria del Pasaporte.
Esa medida es rechazada por la Defensoría del Pueblo del Ecuador, una jueza que dictó sentencia ordenando la revocatoria, la ONU, el gobierno venezolano, las organizaciones sindicales, gremiales y sociales.
La reacción interna e internacional flexibilizó la posición original, pero copiaron el modelo europeo, crearon un “corredor humanitario” para que los migrantes cruzaran la frontera hacia Perú, algunos no tuvieron tiempo de llegar a su destino. Luego, hubo reuniones entre Ecuador, Perú y Colombia para ponerse de acuerdo en las normas migratorias de cada país. La lógica indica que el gobierno de Venezuela participe en esos acuerdos, pero eso no se produce por las diferencias políticas entre los gobiernos. Los pueblos de la región andina somos hermanos, no podemos aceptar violaciones de derechos humanos, practicar la solidaridad y rechazar cualquier signo de xenofobia.
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