Por tercera vez en menos de cinco meses, un grupo de personas intentó ingresar a la fuerza al Hato La Trinidad, tierras propiedad de la sucesión Febres Villalba que están invadidas desde el pasado mes de mayo.
Marisela Febres, una de las propietarias, denunció que los invasores se presentaron al predio y amenazaron a los obreros para que les abrieran las puertas y abandonaran la finca, amparados en un supuesto rescate de tierras que habría decidido el Instituto Nacional de Tierras (INTI) en contra de esa propiedad.
Con esta nueva incursión ya son tres invasiones que enfrentan los propietarios de ese hato dedicado a la producción de carne y leche, y hasta el momento ningún ente del Gobierno ha ofrecido una respuesta oportuna, denunció Febres.
Justo el viernes, 5 de octubre, el tribunal agrario les otorgó una medida de protección sobre La Trinidad, la cual consignaron inmediatamente a la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi), Comandancia de Policía, la Secretaría Ejecutiva de Orden Público (Sesop) y la oficina regional del Inti, medida que autoriza a esos organismos a actuar para evitar mayores desastres dentro de los predios, explicó Marisela Febres.
40 invasores entraron a La Trinidad
El 25 de mayo es una fecha que tienen grabada los propietarios del Hato La Trinidad. Un grupo de aproximadamente 40 personas ingresaron a sus propiedades que se encuentran en la parroquia Torunos del municipio Barinas, y ahí se mantienen sin que hasta ahora ningún organismo de seguridad del Estado haya acudido a desalojarlos, de acuerdo a lo expresado por Isilio Febres, otro de los propietarios del hato.
Entraron, levantaron cinco ranchos dentro de uno de los potreros de la finca. Ahí estuvieron hasta el 5 de julio cuando se salieron y decidieron mudarse para la parte de afuera aunque desde el mismo día de la invasión fueron denunciados ante los organismos como la Zodi, la Sesop y las demás instancias a las que les compete la resolución de ese delito. Recordó que la Sesop envió una comisión e instaron a los invasores a salir, pero no pudieron identificar a nadie porque los ocupantes ilegales ninguno proporcionó su identidad.
Luego, a principios de septiembre, otro grupo de invasores se presentó a la propiedad y comenzaron a levantar otros cambuchos –estructuras precarias en las que se resguardan los ocupantes que se amparan con la presencia de menores de edad- y en esa oportunidad tampoco los organismos competentes lograron desalojarlos.
Hoy, según lo expresó la agraviada, se presentó una comisión de la Sesop para verificar a situación.
El Pitazo