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Luis Fuenmayor Toro: ¿Gobierno asesino?

 

No es fácil tratar este tema con objetividad en la complicada y deteriorada situación política del país. Sobre todo cuando se quiere extraer una conclusión general, que abarque a todo el Gobierno, es decir cuando se trata de hacer una caracterización política del régimen y no sólo la condena de actos perversos repetidos. Y es difícil porque los involucrados en las distintas situaciones están muy afectados por el enfrentamiento que mantienen desde hace casi tres décadas; no olvidemos que la realidad actual se genera desde finales de los años ochenta y que todos hemos sido expuestos a cambios brutales en este período. Lo que sí resulta fácil descifrar es si se superaron, luego de la llegada de la “revolución bonita” en 1999, las lacras económicas, sociales y políticas que terminaron por destruir al modelo adecocopeyano de gobierno. La realidad, evaluada estadísticamente, así lo permite. Por algo e Gobierno esconde las cifras y las manipula.

No hay sino que comparar lo que ocurre actualmente en relación con la tasa anual de homicidios, para concluir que la situación ha empeorado en forma dramática: hoy asesinan 7 veces más personas que las que asesinaban en 1999. Y éste es un hecho obvio, que no acepta discusión posible. Quien lo niegue o busque causas ajenas al desempeño del Estado miente y manipula. Más nada. La tasa de mortalidad materna hoy es dos veces y media más grande que la hallada por Chávez en 1999, un hecho indiscutible que dice que nuestro sistema de salud está peor que a finales del siglo pasado; si agregamos que el paludismo afecta a 10 veces más venezolanos, que tenemos miles de casos de sarampión, difteria, sarna, tuberculosis, enfermedades prácticamente desaparecidas, confirmamos esta apreciación. El resto de los servicios públicos está también por el suelo en relación con el pasado. No invento nada, allí están los apagones a todo lo ancho y largo de nuestra geografía como evidencia pública y más que notoria.

Ni qué hablar del suministro de agua, de las vías de comunicación, de la merma y distorsión de los salarios, del deterioro de las universidades y demás centros educativos, de la insuficiencia de viviendas, hoy 3 veces mayor. De la actitud antisindical, de la escasez, la hiperinflación, la devaluación, el matraqueo y la corrupción gubernamentales; de la quiebra de PDVSA y de las empresas de Guayana, de la destrucción de nuestra modesta agricultura, de la depredación ambiental, del inmenso déficit fiscal, de la enorme reducción de las reservas internacionales y del asfixiante endeudamiento externo. Todas, evidencias del más absoluto fracaso, imposible de esconder o de justificar, y mucho menos luego de haber recibido más de US$ 1,5 x 1012 (un billón y medio de dólares estadounidenses). Hoy se puede afirmar que desde 1958 para acá no ha habido un gobierno más inepto, más ignorante, más soberbio y más corrupto, que se ha salvado solamente por el desempeño aberrante de una oposición sectaria, inmediatista, sin proyecto de país e igualmente corrompida.

En el pasado adecocopeyano tuvimos casos de asesinatos de detenidos cometidos por los cuerpos de Seguridad del Estado, los cuales fueron denunciados por muchos de quienes hoy gobiernan y que el tiempo parece haber transformado de luchadores por los DDHH en violadores de los mismos. De víctimas pasaron a victimarios y se han convertido en peores verdugos que los del pasado. Condeno por igual las muertes de Jorge Rodríguez padre y de Fernando Albán, ambas ocurridas cuando estaban en manos del aparato de la policía política: la perversa DISIP, el primero, y el no menos perverso SEBIN, el segundo. Para mí no hay presos que puedan ser torturados y presos que no. Nadie debe ser torturado ni mucho menos asesinado por un cuerpo policial. Tampoco hay gobiernos que puedan torturar y gobiernos que no puedan hacerlo.

El SEBIN de hoy se ha convertido en un organismo autónomo que secuestra gente, incomunica, tortura y presenta a los detenidos ante los tribunales cuando quiere y sin ser asistidos por un abogado. Violenta totalmente el debido proceso en forma impune. Desatiende decisiones tribunalicias de traslado y excarcelación y, según muchas denuncias, matraquea en dólares a los detenidos para soltarlos. Actúa fuera de la legalidad y de la Constitución y se dice que no atiende ni siquiera órdenes presidenciales. Ya en 2015, “suicidaron” a El Aviador (Rodolfo González Martínez) y en 2017 a un concejal de Apure (Carlos Andrés García). No es por lo tanto absurdo suponer que Fernando Albán murió torturado y fue lanzado por sus verdugos para encubrir el hecho. Eso mismo se trató de hacer con Jorge Rodríguez padre, asesinado en esas circunstancias, pero la investigación hecha por la Fiscalía, a solicitud del propio ministro del interior, descubrió lo ocurrido. El de Albán sería un asesinato monstruoso. Que significaría que nadie está seguro en el país. Políticos, luchadores sociales, líderes vecinales, sindicales y gremiales; periodistas que denuncian valientemente, cualquiera puede ser secuestrado y “suicidado”.

El SEBIN debe ser intervenido, sus jefes destituidos y sometidos a juicio y su política de inteligencia reorientada sobre la base del respeto al debido proceso y a los DDHH. Maduro solicitó la ayuda del FBI y de la ONU para investigar el llamado magnicidio frustrado. No debería tener ningún inconveniente entonces con la investigación por estos organismos de este presunto asesinato. Si su gobierno no es un régimen asesino, estos casos no quedarían impunes ni deberían seguirse dando.

 

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