Las rondas de diálogo en 2016 y 2017 evidenciaron que el gobierno siempre exige resultados inmediatos que lo favorecen, pero obstaculiza el cumplimiento de las demandas opositoras
La posibilidad de un nuevo diálogo o negociación no es garantía de que se despeje el juego para la convivencia democrática. Tampoco hay indicios de que con ese mecanismo político sea posible, en el mediano plazo, paliar la creciente crisis del país.
“Para que haya diálogos conducentes a una convivencia democrática se requiere destrancar la situación actual mediante la modificación estructural y progresiva de la correlación de poder entre las fuerzas autocráticas y las que aspiran a una verdadera convivencia democrática, tanto dentro como fuera del país. Y esto pasa por el incremento de la presión coordinada, interna y externa, sobre el régimen de Maduro, así como por la progresiva fractura de las fuerzas internas del chavismo ante semejante presión. Cuando el chavismo esté dispuesto a negociar para una verdadera convivencia democrática dará señales inequívocas al respecto. Hasta ahora, dichas señales no se aprecian; no olvidemos lo que acaba de pasar con Fernando Albán”, enfatiza Miguel Ángel Martínez Meucci, especialista en negociación política.
Advierte que en este momento, la “zona de acuerdo posible” es mínima mientras el gobierno no esté dispuesto a sacrificar la constituyente ni a medirse en elecciones libres. Agrega que la oposición no puede ceder más, y hacerlo significaría “cohonestar el ejercicio antidemocrático del poder por parte del régimen de Maduro y perpetuar su propia posición de debilidad”.
El experto explica que la negociación política, generalmente, evidencia la correlación efectiva y el potencial de poder entre las partes que participan en el proceso.
“De momento, Maduro no sólo sigue estando en una posición más fuerte que sus oponentes con respecto a la crisis venezolana, sino que cree que la puede mantener si logra seguir maniobrando políticamente”, argumenta.
Aunque no se ha concretado otro acercamiento entre el gobierno y la oposición y no se conoce una agenda o los propósitos, el precedente de República Dominicana en 2016 y 2017 arroja más sombras que luz sobre una estrategia de este tipo.
El gobierno recurre periódicamente a la carta del diálogo como mecanismo político. Luego de la liberación del dirigente Lorent Saleh (Operación Libertad), el testigo fue tomado por el canciller español, Joseph Borell, quien planteó la necesidad de que la Unión Europea fungiera como facilitador en un nuevo proceso de diálogo.
Sin embargo, el organismo optó por apuntarse hacia la activación de “otros mecanismos de contacto” ante la crisis del país.
Martínez Meucci indica que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mantiene sus vínculos con el PSOE y parece suscribir la propuesta del canciller español. El analista no pierde de vista que el planteamiento se retoma justo “cuando el régimen venezolano se encuentra bajo una enorme presión que encabezan los Estados Unidos, el Grupo de Lima y la Unión Europea, y afrontando una denuncia de violación de derechos humanos introducida por varios países contra el propio Maduro ante la Corte Penal Internacional”.
Parte de los bemoles de un nuevo diálogo es que los procesos anteriores reflejaron que el gobierno siempre exige resultados inmediatos que lo favorecen, pero obstaculiza el cumplimiento de las demandas opositoras.
“Por lo visto hasta ahora, el régimen siempre pide resultados inmediatos (suspensión de protestas, reconocimiento, levantamiento de sanciones) a cambio de resultados diferidos (liberación de todos los presos políticos, elecciones limpias, apertura económica) que nunca se verifican”, señala Martínez Meucci.
El saldo de las negociaciones anteriores es la perpetuación del gobierno en el poder, con lo cual logra cierto reconocimiento interno e internacional “a pesar de implementar prácticas cada vez más antidemocráticas y consolidando un dominio interno aún mayor, pero con la relativa aquiescencia de sus adversarios internos y externos”, argumenta el analista.
¿Interlocutores?
Otro aspecto clave de un eventual nuevo proceso de diálogo es quiénes serían los interlocutores del Ejecutivo.
“El gobierno necesita el diálogo para disminuir o revertir el efecto de las sanciones e impedir nuevas sanciones que afecten aún más sus complicada situación financiera y la producción y venta de petróleo. Pero en la oposición no hay nadie que pueda pagar el costo político de una nueva ronda de dialogo y mucho menos que logre, insisto, representar a nadie. Cualquier diálogo que el gobierno pueda estar interesado en realidad sería con gobiernos extranjeros de Europa, Norte y Sur América. Pero los gobiernos de esos países necesitan un vocero nacional que haga las veces de su representante en esas conversaciones. No creo que lo hallen. Puede haber algunos pocos dispuestos pero nadie que llene los requisitos del cargo”, puntualiza Ángel Álvarez, doctor en ciencias políticas.
El analista cree que no existen razones para considerar que la nueva hipótesis de negociación tenga siquiera lugar y tampoco resultados
En caso de que hubiese una posibilidad de negociación, Álvarez explica que “el propósito solo puede ser realista. Los dos más urgentes problemas de Venezuela son el precio y suministro regular de comida y medicinas, de un lado, y el derecho a disentir del gobierno sin riesgo de ser perseguido. En una palabra, la negociación realista es sobre la liberalización de la economía y de la política. Plantearse la salida de Maduro inmediatamente por renuncia u otras vías no voluntarias es sencillamente irreal. Ahora, la oposición radical y sus activistas impedirán por la vía de la presión y denuncia en medios y redes que se produzca liberalización sin transición e incluso transición negociada”. Añade que la mejor jugada del gobierno que encabeza Nicolás Maduro es insistir en el diálogo para disminuir las sanciones internacionales y bajar la presión.
“La oposición debe tomar en cuenta que, en estos momentos, ya hay una notable cantidad de gobiernos extranjeros que han señalado su desconocimiento de los resultados oficiales del pasado 20 de mayo (y por consiguiente del eventual gobierno de Maduro a partir de 2019); que sólo están dispuestos a negociar los términos concretos y verificables de un retorno al orden constitucional y democrático”, explica Miguel Ángel Martínez Meucci.
Agrega que “además exigen la inmediata liberación de todos los presos políticos; y están obligados por sus propias disposiciones internas a perseguir y sancionar a violadores de derechos humanos e infractores de delitos penados internacionalmente (tráficos ilícitos, lavado de dinero, etc.). Es preciso comprender que dicha posición internacional no sólo obedece a la justificada solidaridad de muchas naciones y gobiernos con el pueblo venezolano, sino que responde también a la necesidad de enfrentar los problemas transnacionales generados por el régimen de Maduro, sobre todo los relacionados con los millones de personas desplazadas desde Venezuela”.
Entrampados
La oposición enfrenta una encrucijada en medio de la crisis del país: siente desconfianza e inicialmente rechazan la posibilidad de un nuevo diálogo, pero al mismo tiempo atraviesa un proceso de dispersión o falta de unidad ante la situación, con lo cual disminuyen sus probabilidades de presión. Sin embargo, dirigentes consultados dificultan que haya acercamientos con el gobierno sin garantías mínimas de avances en la negociación.
William Dávila, diputado de AD, sostiene que el gobierno busca dinero y el aval de la Asamblea Nacional para solicitar créditos y financiamiento internacional, pero al mismo tiempo sabe que existe un sistema mundial de protección de los derechos humanos ante el que, tarde o temprano, deberá rendir cuentas. “No puede pretender el gobierno que nos sentemos a conversar por conversar sin que haya una agenda concreta que permita dar con una salida clara a la crisis social del país. Cualquier proceso de negociación debe contar con el acompañamiento de la ONU. Además no negamos a repetir la experiencia de Santa Domingo”, subraya.
El diputado Américo de Grazia (LCR) dice que en la oposición no hay consenso sobre un supuesto diálogo, como tampoco lo hay en otros aspectos. “Somos contrarios al diálogo. El gobierno ha roto todas las posibilidades y ha bloqueado la salida electoral, así como traicionado cualquier posibilidad de que se le pueda dar credibilidad. Además el gobierno está en una situación de desventaja en el ámbito internacional. Este es el gobierno que liberó a Lorent Saleh hacia el exterior e internamente mató al concejal Fernando Albán”, afirma.
En UNT, VP Y PJ todavía no abordan de forma colegiada una posible propuesta de diálogo. “Nuestra posición siempre ha sido la de actuar en conjunto con los otros partidos opositores”, dijo Luis Emilio Rondón (UNT). Agrega que actualmente no hay nada que apunte hacia la viabilidad de un proceso de negociación: “El régimen lo que pretende es quedarse a como dé lugar en el poder sin comprender que son ellos, precisamente, la causa principal de nuestras calamidades económicas y sociales”.
Freddy Superlano, diputado de VP, recuerda que tras las negociaciones de República Dominica se incrementó la persecución a la disidencia, incluyendo hacia Julio Borges, uno de los interlocutores de la oposición. “Las condiciones están dadas para no participar en un diálogo. De las experiencias anteriores no hubo salidas a la crisis política que genera la grave crisis humanitaria”, acotó.
Miguel Pizarro, parlamentario de PJ, indica que su partido no ha fijado su línea sobre el supuesto diálogo, pero vislumbra que la propuesta no logrará el respaldo opositor
El diputado Luis Florido, quien participó en las rondas de diálogo y negociación de 2016 y 2017, es escéptico respecto a un eventual acercamiento con el Ejecutivo y cree que el nuevo proceso no puede basarse en una vía para que el gobierno siga en el poder
“Que el régimen evalué primero si está dispuesto a hacer elecciones presidenciales con un nuevo árbitro y hablamos. “Aquí no se trata de buscar sobras. Hay que ir a lo neurálgico: una elección pactada, un CNE que garantice la elección y unas primarias que definan un candidato opositor único”, señala.
Florido, actualmente parlamentario independiente, sostiene que la negociación solo estará activada “por la exigencia de la comunidad internacional de que la catástrofe venezolana se resuelva por elecciones y la dirigencia política del país suscribiendo un acuerdo que garantice esa elección”.
El secretario general de Avanzada Progresista, Luis Romero, señala que su partido respalda un proceso de diálogo, pero afirma que se debe “hacer un supremo esfuerzo desde la oposición democrática para concertar una estrategia común que permita articular nuestros esfuerzos de manera eficaz, estableciendo objetivos claros y realistas”. Llama a no repetir los errores de procesos pasados e indica que apoyarán las iniciativas extranjeras “que faciliten un escenario propicio para negociar y acordar una respuesta civilizada, no violenta y eficaz a la terrible crisis que afecta nuestro país, son bienvenidas y las apoyaremos decididamente”.
Dignora Hernández, diputada de Vente Venezuela y jefa de la fracción parlamentaria 16 de julio, puntualiza que no creen en falsos diálogos ni en elecciones ficticias y aseguró que la única negociación que procede es para sacar al presidente Nicolás Maduro del poder.
“No convalidaremos un diálogo que le brinde al gobierno una nueva oportunidad de oxigenarse mientras acaba con la vida, literalmente hablando, de los ciudadanos. El diálogo y la negociación no son malos per se, como sí lo son los propósitos de perpetuar a un régimen corrupto y criminal”, argumenta.
