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Alexander Luzardo: Devastan a Canaima y Yapacana

 

Carlos Díaz entrevista a Alexander Luzardo profesor en la UCV

“La política de los lingoticos de oro es implicar a la gente en la destrucción de las reservas de agua del país”, afirma Alexander Luzardo, exsenador del Congreso, autor de las normas ambientales de la Constitución y profesor de la UCV

Con su política de extractivismo minero al sur del país, el gobierno hace cada vez más inviable el futuro de Venezuela. Las cuencas de agua y reservorios naturales están siendo devastadas por una política macabra.

Este es el análisis que en entrevista con La Razón realiza Alexander Luzardo, exsenador del Congreso, autor de las normas ambientales de la Constitución Nacional y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

Luzardo es autor del Proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético e Hidroeléctrico del Sur del Orinoco en la Amazonia Venezolana, el cual fue aprobado en primera discusión el pasado 2 de octubre por la Asamblea Nacional (AN).

CD- ¿Cuál es el objetivo de dicha ley?

AL- Deroga de manera expresa el Decreto 2.248, relativo al mal llamado Arco Minero, a la empresa militar Camimpeg y al Decreto 3.110 y el cual se refiere al Plan de Reordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal de Imataca (impugnado durante el gobierno de Caldera II y rescatado luego por el fallecido presidente Hugo Chávez).

– ¿Cuál es el argumento para derogar a Camimpeg?

– Esta empresa es derogada porque les daba potestad a los militares y los implicaba en actos de corrupción con el manejo de los recursos naturales. Ha habido una estrategia casi macabra de hacer cómplices a los militares y a la sociedad en la ejecución de los daños ambientales. Camimpeg implica a los militares en la corrupción minera, los hace cómplices con el establecimiento de negocios y el otorgamiento de concesiones.

Peligran Canaima y Yapacana

– ¿De qué manera la actividad minera en el Arco Minero está afectando las cuencas de agua?

– Precisamente, la ley tiene como objetivo la protección transgeneracional de las reservas de agua dulce y la biodiversidad ubicadas al sur del rio Orinoco y, asimismo, garantizar la sustentabilidad de las cuencas de rio Caroní. Las reservas de agua dulce están sufriendo graves daños debido a la actividad minera y a los Decretos. La minería está contaminando con mercurio y cianuro a los ríos Orinoco y Caroní, y, por tanto, afectando la salud de los habitantes de las poblaciones alrededor, especialmente a las comunidades indígenas.

– ¿Será afectada la generación de energía hidroeléctrica?

– La ley que ha sido aprobada por la AN protege también al bloque de represas en la región y la cual está compuesta por los complejos de Guri, Macagua, Caruachi, y las cuales surten de energía eléctrica a más del 65 % del país. Cabe destacar que estas son aguas casi potables y las cuales están siendo amenazadas por la expansión de la actividad minera.

– ¿Cuál es la situación de los parques nacionales frente a la minería?

– Hay dos parques nacionales que son intervenidos de manera gravísima: Canaima está siendo sometida a una devastación que ha sido promovida por el propio gobierno; y Yapacana, en Amazonas, está siendo devastado por la minería promovida por el gobierno, aun cuando estos espacios tienen protección a partir de los Artículos 127 y 327 de la Constitución Nacional.

Regresan los garimpeiros

Agrega Luzardo que el llamado Arco Minero también se expande por las zonas frágiles de Imataca –que no es parque nacional- y las cuales incluyen más de 3.800.000 hectáreas, y esta reserva también estaría siendo arrasada. Al respecto, señala que Imataca tiene bosques tropicales y deben ser protegidos mediante su declaración como parque nacional.

“La minería ilegal y legal producen, igualmente, daños. Inclusive, la que es considerada legal es hasta peor porque se esconde detrás de la ley”, acota.

– ¿Ha sido controlado el problema con los garimpeiros en la zona?

– En Delta Amacuro y el estado Bolívar, principalmente, se está produciendo una migración de mineros provenientes de países vecinos, y algunas veces es estimulada por autoridades locales. El gobierno se ha transformado en un agente transnacional de la minería. Asimismo, están volviendo los garimpeiros al parque nacional Parima-Tapirapeco, ubicado en el Alto Orinoco, en Amazonas.

Cultura de corrupción

– ¿Cuáles serán las consecuencias del minería a la escala actual?

– Sin la preservación de la biodiversidad del sur del Orinoco el norte del país sufrirá el agravamiento de los servicios públicos de agua y electricidad. No habrá desarrollo viable para la nación.

– ¿Está de acuerdo con los lingoticos de oro proveniente del sur de Venezuela y resguardados en el Banco Central de Venezuela como forma para ahorrar?

– Esa política es implicar a la gente en la destrucción de las reservas de agua de la región, es hacer cómplice a la sociedad venezolana con la destrucción de la biodiversidad. Por un lingotico se destruye el medio ambiente, se contaminan las aguas y se amenaza el suministro de energía eléctrica.

“De igual manera, se promueve la participación minera para que los indígenas se conviertan en agentes destructores de su propio territorio. Esto es parte de una cultura de corrupción generada por el gobierno y la cual promueve el facilismo y no el trabajo creativo y sustentable, sino la utilización de la renta, es decir, profundizando aun más el modelo rentista o el hiperentismo”, agrega.

La Razón

 

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