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Tres años sin recibir sus pensiones tienen jubilados en el exterior

 

Desde el año 2015 los connacionales residenciados en Portugal, Italia, España, Uruguay, Ecuador y Chile no cobran la pensión de vejez asignada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. La suspensión de ese derecho afecta a por lo menos 11.700 venezolanos en esos países y compromete el bienestar de quienes emigraron en las condiciones menos favorables, según el Comité de Derechos Humanos de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.

 

En un contexto económico estelar en el que el Ejecutivo llama a recortar el gasto público a toda costa, la suspensión del pago de pensiones a los jubilados en el extranjero fácilmente podría ser una medida para cerrar la fuga de presupuesto. Aunque arbitraria, no dejaría de ser una patada de un régimen asfixiado por una economía enferma, su moderno Prometeo. Pero la lectura es distinta. Para los afectados, el rezago en el pago de las pensiones, que suma tres años, tiene una connotación política. A juicio del gremio, es la pena y el castigo para quienes abandonan el país y son juzgados, en el banquillo de los acusados, como traidores y enemigos de la patria.

Desde el año 2015 los connacionales de la tercera edad residenciados en Portugal, Italia, España, Uruguay, Ecuador y Chile no cobran la pensión de vejez del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). La suspensión de ese derecho afecta a por lo menos 11.700 venezolanos residenciados en esas naciones y compromete el bienestar de quienes emigraron en las condiciones menos favorables, según el Comité de Derechos Humanos de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.

La demora del Estado venezolano inquieta a los emigrantes más pobres, que reclaman un derecho que la Constitución acoge como inalienable. El reclamo cobra fuerza en un momento en el que la población emprende su huida a contrarreloj, despavorida. Rita Abreu bien sabe de ello. Oriunda de Madeira, Portugal, cuenta que llegó a Venezuela en 1970. Aquí trabajó durante 30 años como empleada doméstica y su vínculo fue más allá de unos papeles en regla. Fue conserje en Caracas, donde crió a su única hija sola, tras el fallecimiento de su esposo.

Con una vida austera, de trabajo y sacrificio en Venezuela, Rita ha tenido que recurrir nuevamente al oficio de limpiar casas, pero esta vez en Madeira, su tierra de origen, a donde retornó a los 60 años.

Luis Cano, coordinador del Frente Amplio Unido en Defensa de los Jubilados y Pensionados, es sagaz. Asegura que los afectados tienen tres años y dos meses sin cobrar su beneficio.

Sabemos de personas que están en el exterior y han tenido que arrimarse a sus familiares porque no están solventes económicamente y el Estado venezolano no hace nada para reanudar los pagos, relata.

Cano pone las cifras de la deuda en primer plano y asegura que con el incremento de 3364 % del salario, que entró en vigencia en septiembre y que ubica el mínimo en 1800 bolívares soberanos, los pensionados en otras latitudes tendrían que percibir por lo menos 30 dólares por mes. Se trata de un cálculo con base en el dólar Dicom, la tasa oficial de cambio que al momento del incremento se ubicó en 60 soberanos y que hoy es de 64,17 soberanos.

La opacidad del gobierno de Nicolás Maduro, advierten defensores de los derechos de la tercera edad, atropella los convenios de prestaciones vigentes con Portugal, Italia, España, Uruguay, Ecuador y Chile. Desde la década de los 90, Venezuela se comprometió a transferir la pensión a los connacionales en esas seis latitudes. Sin embargo, el madurismo dejó de honrar el compromiso de manera inesperada, sin ofrecer una explicación a quienes piden soluciones.

En agosto, cuando entró en vigencia el nuevo cono monetario, el Ejecutivo ni siquiera asomó la posibilidad de cancelar la deuda que algunos sitúan, extraoficialmente, en más de 12,6 millones de dólares. El monto no deja de ser conservador. Edgar Silva, coordinador del Comité de Derechos Humanos de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, asegura que el drama es complejo; y la respuesta del Gobierno lacónica, desinteresada.

Cuando los afectados han organizado protestas, la respuesta que reciben por parte del IVSS es que el Banco Central de Venezuela y el Centro Nacional de Comercio Exterior están haciendo diligencias para pagar la deuda, dice Edgar Silva. Al cierre de 2017, el propio presidente Nicolás Maduro se comprometió a pagar las pensiones afuera, pero el anuncio se volvió una promesa vencida.

“La última vez que el Gobierno pagó a los pensionados que se encuentran en el extranjero fue en octubre de 2015“, completa Silva. Hoy las autoridades, reconocen, tácitamente, la falta de divisas, la principal traba que además frena la importación de insumos para el consumo interno. El Banco Central de Venezuela no procesa los recursos y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tampoco ofrece explicaciones, aducen los portavoces del gremio de pensionados.

A propósito de ello, en septiembre, el Frente Amplio Unido en Defensa de los Jubilados y Pensionados (Ufajup), introdujo, junto con representantes de otras organizaciones, un documento en la sede de la Defensoría para solicitar respuesta del Gobierno frente al atropello que padecen los adultos mayores. El oficio representa el octavo documento presentado por el gremio al Estado.

Algunos están limpiando pisos en el extrajero o se dedican a empleos de baja calificación. Muchas son personas profesionales que trabajaron en el país y ahora deben someterse a los rigores de un horario laboral y a trabajos para los cuales no fueron preparados nunca. Otros sobreviven con la ayuda de amistades, familiares, el apoyo de las iglesias o de instituciones benéficas. Hay personas muy mayores, solas, desasistidas, que están viviendo de la caridad, advierte Silva.

Tanto en Portugal como en España ha surgido la propuesta de que estos gobiernos aprueben una especie de crédito para saldar la deuda con los afectados, un monto que Venezuela estaría en la obligación de pagar, pero hasta ahora el Gobierno no se ha pronunciado al respecto. En Galicia, España, se sabe que hay 200 demandas en torno al rezago de pensiones. En Portugal existe la disposición de las autoridades de adelantar el pago con la condición de que los beneficiarios reembolsen el dinero cuando se normalice la situación, según trascendió en un encuentro de consejeros de las comunidad en Caracas.

Leonel Moniz, consejero por el Occidente del país, recordó que hubo un tiempo en que muchos ciudadanos portugueses que regresaron a su tierra estaban cobrando hasta 4000 dólares por la pensión venezolana en una época en la que el dólar costaba Bs. 7. Según cálculos extraoficiales, los pensionados radicados en Portugal actualmente cobrarían menos de 190 euros, un monto insuficiente para cubrir los gastos básicos.

Fotos: Luis Morillo @luizmorillo15

 

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