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Cómo la empresa china ZTE ayudó a Venezuela a construir un mecanismo de control social

 

En abril de 2008, el ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, envió a funcionarios del Ministerio de Justicia a visitar a sus homólogos en el centro de tecnología chino de Shenzhen. La misión era conocer el funcionamiento del programa nacional de documentos de identidad de China, según dijo un miembro de la delegación venezolana.

Pero una vez en Shenzhen, los venezolanos se dieron cuenta de que una tarjeta podía hacer mucho más que solo identificar al dueño del documento.

En la sede del gigante chino de telecomunicaciones ZTE Corp, la delegación aprendió cómo China, mediante el uso de tarjetas inteligentes, estaba desarrollando un sistema que ayudaría a Pekín a seguir el comportamiento social, político y económico.

“Lo que vimos en China cambió todo”, dijo el asesor técnico Anthony Daquin, miembro de aquella delegación venezolana.

Su asombro inicial, dijo, se volvió gradualmente en temor de que un sistema así pudiera llevar a cometer abusos contra la privacidad de las personas en Venezuela.

“Ellos buscaban tener el control de los ciudadanos”, agregó.

Al año siguiente, cuando Daquin confesó sus preocupaciones a funcionarios venezolanos, fue detenido y extorsionado por agentes de inteligencia, dijo el asesor a Reuters. Le rompieron varios dientes al golpearlo con una pistola y lo acusaron de “traidor”, aseguró Daquin, quien dijo que por eso huyó del país.

Portavoces del gobierno venezolano no hicieron comentarios sobre la versión de Daquin.

El proyecto languideció, pero casi 10 años después de aquel viaje a Shenzhen, Venezuela lanzó una nueva tarjeta de identificación inteligente conocida como “carnet de la patria”.

La tarjeta transmite datos de sus titulares a servidores de computadoras. El carnet está cada vez más vinculado a la entrega de alimentos subsidiados, salud y otros programas sociales del gobierno, de los que depende la mayoría de los venezolanos para sobrevivir.

Y ZTE, cuyo papel en el proyecto de la patria se detalla aquí por primera vez, está en el corazón del programa.

Como parte de un esfuerzo oficial de 70 millones de dólares para reforzar la “seguridad nacional”, Venezuela contrató el año pasado a ZTE para armar una base de datos con los carnets y crear un sistema de pago móvil para usar con la tarjeta, según contratos revisados ​​por Reuters.

Un equipo de empleados de ZTE ahora funciona dentro de una unidad especial de CANTV, la compañía estatal de telecomunicaciones de Venezuela que administra la base de datos, según dijeron cuatro empleados actuales y anteriores de CANTV.

El carnet de la patria genera preocupación entre algunos ciudadanos y grupos de derechos humanos que creen que es una herramienta para que el gobierno del presidente Nicolás Maduro monitorice a la población y reparta los escasos recursos entre sus leales.

“Es un chantaje”, dijo Héctor Navarro, uno de los fundadores del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y exministro de Chávez, sobre el programa del carnet de la patria.

“Los venezolanos que tienen el carnet de la patria tienen más derechos que los que no lo tienen”, agregó.

En una entrevista telefónica, Su Qingfeng, el jefe de la unidad de Venezuela de ZTE, confirmó que la empresa vendió a Caracas los servidores para la base de datos y que está desarrollando la aplicación de pago móvil.

La compañía, dijo Su, no violó las leyes chinas o locales y no tiene ningún papel en la forma en que Venezuela recopila o utiliza los datos de los titulares de tarjetas.

“No apoyamos al gobierno”, dijo. “Solo estamos desarrollando nuestro mercado”.

La tarjeta también muestra cómo China, a través de empresas vinculadas con el estado como ZTE, exporta conocimientos tecnológicos que pueden ayudar a los gobiernos de ideas afines a rastrear, recompensar y castigar a los ciudadanos.

La base de datos, según empleados del sistema de tarjetas y capturas de pantalla de datos de usuarios revisados ​​por Reuters, almacena detalles como cumpleaños, información familiar, empleo e ingresos, inmuebles propios, historial médico, beneficios estatales recibidos, presencia en las redes sociales, membresía de un partido político y si una persona votó.

La divulgación por parte del gobierno de la participación de ZTE se ha limitado hasta ahora a una referencia pasajera en un comunicado de prensa de febrero de 2017 que le da crédito a la compañía por ayudar a “fortalecer” la base de datos.

Aunque ZTE cotiza en bolsa, su principal accionista es una empresa estatal china y el gobierno es un cliente clave.

ZTE se ha enfrentado a Washington en el pasado por tener tratos con gobiernos vistos como autoritarios.

La compañía pagó este año 1.000 millones de dólares para llegar a un acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, en una de las varias multas que la empresa recibió tras enviar equipos de telecomunicaciones a Irán y Corea del Norte, violando las sanciones de Washington y leyes de exportación.

La acción del Departamento de Comercio fue desencadenada por un informe de 2012 de Reuters indicando que ZTE vendió a Irán un sistema de vigilancia, que incluía componentes de Estados Unidos, para espiar las telecomunicaciones de sus ciudadanos.

Expertos legales en Estados Unidos dijeron que no está claro si ZTE y otras compañías que proveen el sistema del carnet de la patria violan sanciones impuestas por Washington a altos dirigentes venezolanos al dar herramientas que los críticos creen que refuerzan la permanencia del gobierno en el poder.

“China está en el negocio de exportar su autoritarismo”, dijo a Reuters el senador estadounidense Marco Rubio, en un correo electrónico.

“La creciente dependencia del régimen de Maduro en ZTE en Venezuela es solo el último ejemplo de la amenaza que las empresas chinas dirigidas por el Estado representan para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”, agregó.

Para entender cómo funciona el carnet de la patria y cómo nació, Reuters revisó contratos confidenciales y documentos internos del gobierno relacionados con su desarrollo.

También entrevistó a docenas de empleados actuales y anteriores de ZTE, del gobierno venezolano y de CANTV, o la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, como se conoce formalmente a la empresa.

Los entrevistados confirmaron los detalles del proyecto y los orígenes del plan que narró Daquin.

El sistema, en constante evolución y parte del cual usa “tarjetas inteligentes de ciudadanos” desarrolladas por ZTE, califica a las personas según su comportamiento, incluida su solvencia financiera y la actividad política.

El buen comportamiento puede hacer que los ciudadanos obtengan descuentos en servicios públicos o préstamos. Las “malas notas” pueden llevar a que se les prohíba usar el transporte público o que sus hijos no puedan ingresar a las mejores escuelas.

Los ejecutivos de ZTE mostraron las tarjetas inteligentes venezolanas a las que se integró una identificación por radiofrecuencia o RFID, una tecnología que permite a través de ondas de radio rastrear la ubicación y datos.

Otras tarjetas utilizan los llamados códigos de respuesta rápida, o QR, códigos de barras matriciales que se usan comúnmente para almacenar y procesar información.

Después del viaje, Venezuela volteó la mirada a Cuba, su más cercano aliado político, y le pidió ayuda para crear su propia versión de tarjetas RFID.

“El nuevo objetivo era Big Data”, dijo Daquin.

En junio de 2008, Venezuela acordó pagarle a una empresa estatal cubana 172 millones de dólares para desarrollar seis millones de tarjetas, según una copia del contrato.

Los funcionarios del gobierno cubano no respondieron a las preguntas sobre el acuerdo.

Para el año 2009, Daquin comenzó a inquietarse por el potencial que tenía el programa del carnet para cometer abusos en la privacidad de los ciudadanos. Y expresó sus preocupaciones ante funcionarios como Vladimir Padrino, un general de la época que ahora es ministro de Defensa de Venezuela.

En la mañana del 12 de noviembre del 2009, en su panadería habitual de Caracas, seis oficiales armados con uniformes de la agencia nacional de inteligencia esperaban a Daquin, según contó a Reuters.

Le mostraron fotos de su hija y lo obligaron a conducir hacia el este, hacia la ciudad de Guatire.

En un camino secundario, dijo Daquin, lo golpearon con pistolas, le metieron un arma en la boca y le sacaron varios dientes, que aún le faltan.

“¿Por qué traicionas a la revolución?”, preguntó uno.

Le exigieron 100.000 dólares por su liberación, dijo Daquin.

Daquin, quien dice que había estado ahorrando durante años para comprar una propiedad, fue a su casa, sacó dinero de una caja fuerte y se lo entregó a los hombres.

Esa noche, reservó un vuelo para él, su esposa y sus tres hijos a Estados Unidos, donde ha vivido desde entonces, trabajando como asesor de seguridad de la información.

Su hermano, Guy, que también vive en Estados Unidos, confirmó la narración de Daquin.

La documentación revisada por Reuters corrobora su papel en el Ministerio, y personas familiarizadas con el trabajo de Daquin confirmaron su participación en el proyecto del carnet.

Después de que Daquin huyó, el contrato con Cuba no llegó a ninguna parte, según otro exasesor.

En marzo de 2013, Chávez murió. Maduro, su heredero como candidato del Partido Socialista, fue elegido presidente al mes siguiente. El prolongado desplome petrolero arrastró a Venezuela a la recesión.

“AVERIGUAREMOS”

La empresa china, que está en Venezuela desde hace aproximadamente una década, tiene más de 100 empleados que trabajan en dos pisos de un rascacielos de Caracas. Primero trabajó con CANTV, la compañía de telecomunicaciones, para habilitar la programación de televisión en línea.

Como muchas empresas estatales en Venezuela, CANTV está sedienta de inversiones.

ZTE se convirtió en un socio clave, asumiendo muchos proyectos que alguna vez hubieran sido responsabilidad de CANTV, dijeron personas familiarizadas con ambas compañías.

La compañía china está ayudando hoy al gobierno de Venezuela a construir seis centros de respuesta a emergencias que monitorizan las principales ciudades del país, según un comunicado de prensa de 2015.

En 2016, ZTE comenzó a centralizar para el gobierno la vigilancia por video de todo el país, dijeron empleados actuales y anteriores.

En su empuje final por los carnets de la patria, el gobierno ya no consideraba la tecnología RFID, según personas familiarizadas con el esfuerzo. La tecnología de rastreo era demasiado costosa.

En cambio, le pidió a ZTE que lo ayudara con los códigos QR, los cuadros en blanco y negro que los usuarios de teléfonos inteligentes pueden escanear para dirigirse a sitios web.

ZTE desarrolló los códigos, a un costo de menos de 3 dólares por cuenta, y el gobierno imprimió las tarjetas, vinculándolas a la base de datos de Soltein, dijeron esas fuentes.

En mayo de 2017, los hackers irrumpieron en la base de datos del sistema del carnet. El ataque fue llevado a cabo por activistas anónimos anti Maduro conocidos como TeamHDP.

El líder del grupo, en una cuenta en Twitter bajo el nombre @YoSoyJustincito, escribió que el pirateo fue “sumamente sencillo” y estaba motivado por la misión del TeamHDP de exponer los secretos de Maduro.

El hacker, que habló con Reuters por mensajes de texto, se negó a ser identificado y dijo que ya no está en Venezuela. Un administrador de CANTV que luego ayudó a migrar la base de datos a los servidores ZTE confirmó los detalles de la violación.

Durante el hackeo, TeamHDP tomó capturas de pantalla de los datos de los usuarios y eliminó las cuentas de los funcionarios del gobierno, incluido Maduro. Más tarde, el presidente apareció en la televisión escaneando su tarjeta y recibiendo un mensaje de error: “La persona no existe”.

Las capturas de pantalla de la información de varias cuentas de tarjetas, compartidas por TeamHDP con Reuters, incluían números de teléfono, correos electrónicos, domicilios, participación en eventos del Partido Socialista e, incluso, si una persona tiene una mascota.

Las personas familiarizadas con la base de datos dijeron que las capturas de pantalla parecen auténticas.

Poco después del hackeo, Maduro firmó un contrato de 70 millones de dólares con CANTV y un banco estatal para proyectos de “seguridad nacional”. Eso incluyó el desarrollo de una “base de datos centralizada de la patria” y una aplicación móvil para procesar pagos asociados con la tarjeta, como la compra de la caja de alimentos que entrega el gobierno a precio de descuento.

“La seguridad integral de la nación (…) pretende ser vulnerada por factores apátridas y antiimperialistas”, dice el contrato, que sostiene que una parte no revelada del dinero provendría del Fondo Conjunto de China y Venezuela, un programa de financiamiento bilateral.

Un contrato relacionado, también revisado por Reuters, asigna la base de datos y los proyectos de aplicaciones de pago a ZTE. El documento no revela cuánto de los 70 millones de dólares se destinarían a la empresa china.

En julio de 2017, Soltein transfirió la propiedad de los datos del sistema de la patria a CANTV, según muestran los documentos del proyecto.

Un equipo de una docena de desarrolladores de ZTE comenzó a reforzar la capacidad y la seguridad de la base de datos, dijeron los empleados actuales y anteriores de CANTV.

Entre otras medidas, ZTE instaló unidades de almacenamiento de datos construidas por Dell Technologies Inc., con sede en los Estados Unidos, según un documento de ZTE. La portavoz de Dell, Lauren Lee, dijo que ZTE es un cliente en China, pero que la empresa no vende equipos a ZTE en Venezuela.

Agregó que Dell revisó sus transacciones en Venezuela y que tampoco tenía conocimiento de ninguna venta a CANTV.

“Dell se compromete a cumplir con todas las leyes aplicables donde hacemos negocios”, dijo Lee en un correo electrónico. “Esperamos que nuestros clientes, socios y proveedores sigan estas mismas leyes”.

Continúe leyendo el artículo completo en Reuters

 

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