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Luis Fuenmayor Toro: Las sanciones económicas

 

Éste no es un tema fácil de abordar en la situación actual venezolana, pues los enfrentamientos cultivados desde hace años han creado un ambiente hostil hacia la contraposición de argumentos. La cuestión se ha llegado a simplificar tanto que estamos casi en la sociedad primitiva, dónde todo lo desconocido era considerado un peligro para la comunidad y había que destruirlo. En Venezuela, ya hay quienes piensan y descaradamente lo reivindican que los chavecistas no deberían de existir, por lo que todo gobierno venidero se debería encargar de acabar con estas lacras, de manera que nunca más puedan volver a constituirse en un peligro para la nación venezolana. Otros, los chavecos, están convencidos de lo mismo, pero en sentido contrario. La oposición más nunca puede regresar al poder y, por lo tanto, no puede haber clemencia en el tratamiento de la misma.

Trataré, sin embargo, de tocar el tema de la manera más objetiva posible. El gobierno estadounidense es el adalid en la imposición de sanciones a los regímenes que consideran adversos o enemigos; los canadienses, europeos, australianos y otros, las aplican luego, en apoyo del aliado mayor, si no les son contraproducentes a sus intereses nacionales. Las sanciones se imponen sin que necesariamente haya una causa real para hacerlo, sin que se produzca ninguna agresión hacia ellos y sin que se cometa ningún delito internacional. La causa radica en que consideran al régimen víctima de las sanciones, como inconveniente o contrario a sus intereses económicos o geopolíticos. Luego de decidir aplicarlas, las justifican sobre la base de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, el lavado de dinero, la defensa de la democracia y la libertad o la existencia de actitudes hegemónicas.

En la toma de esta decisión no existe ningún procedimiento que implique que el afectado pueda defenderse de la acusación. Lo deciden como si fueran dueños del mundo y punto. En Irak, acusaron a Sadam Husein de tener armas de destrucción masiva, lo invadieron, lo depusieron y secuestraron y luego lo condenaron a muerte y lo mataron. No había armas del tipo señalado, pero inventaron cualquier cosa y más nadie les exigió explicaciones. En el caso del gobierno de Maduro, se inician con las cuentas bancarias de funcionarios altos del gobierno, a quienes se las intervienen con o sin pruebas y sin ningún derecho a defenderse, actitudes muy contrarias a la libertad y justicia que dicen defender. Esto que digo irritará a más de uno, lo cual me tiene sin cuidado, es simplemente la verdad de cómo proceden. En estricto sentido de justicia, es simplemente una arbitrariedad hecha por quien tiene poder.

Los opositores al régimen de Maduro, que saben que este proceder es arbitrario, se hacen los locos y se excusan en que son sanciones individuales a gente, que tendrá que darle las explicaciones pertinentes al Departamento de Estado, lo cual no nos atañe. Otros, como yo por ejemplo, para no entrar en discusiones tediosas, decimos que quien los manda abrir cuentas bancarias o a adquirir propiedades en el país que dicen odiar y que enfrentan públicamente. Pero lo hacen, pues son víctimas de la misma enfermedad que afecta a muchos otros. Son pitiyanquis, como los bautizó en Venezuela Mario Briceño Iragorri. Su falta de cultura y limitaciones intelectuales les hacen creer que allá en Norteamérica está el desiderátum de la civilización y la cultura. En cualquier caso, lo que quiero dejar establecido es que las sanciones no necesariamente castigan conductas delictivas.

La cuestión se complica cuando las sanciones sobre pasan la esfera de los individuos y se aplican contra la nación, lo que lleva a que sea el pueblo, los ciudadanos comunes, la gente pobre, la que las sufra en mayor grado sus consecuencias. Los opositores están divididos en este caso, pues los más radicales las apoyan, aunque manipulan diciendo que no afectan a la población sino sólo al gobierno, cuestión falsa totalmente. Las sanciones actuales interfieren con las actividades financieras del Estado, incluso en el pago en divisas de sus contrataciones en el país para la importación de distintos insumos. El Estado puede, a través de ciertos bancos, pagar deuda e intereses, pero todas sus transferencias de divisas son escudriñadas en búsqueda de excusas para interferirlas. La decisión reciente y arbitraria de Inglaterra, sobre el oro venezolano depositado en sus arcas, es parte de esta actividad antinacional contraria a los DDHH de nuestra gente.

Otra parte de la oposición: democrática, soberana, pacífica y constitucional, independientemente de la ilegalidad e inconstitucionalidad del gobierno, no está de acuerdo con sanciones que le hagan la vida más difícil de lo que ya es al pueblo venezolano, a nuestros compatriotas. Las rechazamos además por cuestiones de principios y exigimos la derogatoria de las mismas. Y ésta no es una actitud vergonzosa, que se tenga que ocultar, todo lo contrario. Vergonzoso es declinar nuestra soberanía ante poderes extranjeros de cualquier signo. Ante Cuba, sí, que controla sistemas de información venezolanos de carácter estratégico, que ellos no dejarían en manos de personal no cubano. Pero también ante EEUU y su alianza occidental, que continúan aún en este siglo con sus posiciones de poder hegemónico sobre los pueblos pobres y atrasados.

 

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