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César Pérez Vivas: El saqueo revolucionario

 

La semana anterior, la opinión pública mundial, y en especial la venezolana, fue sacudida por la escandalosa develación de la trama de corrupción, montada por uno de los más cercanos colaboradores del extinto comandante Hugo Chávez, el teniente Alejandro Andrade.

El súbito enriquecimiento, del antiguo asistente de seguridad y de fianzas del “comandante eterno”, era ya del dominio público en el país. Su escandalosa presencia, su vida de lujos excéntricos, en el estado de la Florida, allá en el odiado imperio, tan sistemáticamente denostado por los voceros de la revolución, era información recurrente, a pesar de la dura censura, en medios de comunicación y en redes sociales. No obstante, ese ruidoso escándalo no había sido motivo de comentarios, ni de Maduro, ni de Diosdado en sus espacios de TV, ni mucho menos de investigación, ni de sometimiento a procesos judiciales, por las autoridades del “estado socialista”.

Un cómplice silencio, una cooperante indiferencia ha caracterizado a toda la camarilla roja, frente a este monumental saqueo. Este caso, junto a otras escandalosas estafas, configuran lo que ha sido el más voluminoso, cuantioso e inescrupuloso robo, que, desde la cúpula de un estado, se haya practicado en país alguno del hemisferio occidental, en tiempos de paz.

Tanto en Venezuela, como en el resto del mundo, siempre ha existido gente lucrándose indebidamente desde las instituciones del poder público. Pero lo ocurrido durante estos tiempos del socialismo bolivariano, no tiene parangón, ni histórico, ni geográfico.

Y todo esto, tiene en el establecimiento del autoritarismo, su razón de ser. La dictadura, al confiscar las instituciones, las convierte en meras instancias, dispuestas a callar y a acatar las órdenes del amo del poder. Si no hay parlamento y justicia independiente, quien administra, se paga y se da el vuelto.

Lo cierto es que el caso Andrade, y su larga lista de cómplices, ha vuelto a colocar en el escenario de la opinión pública, el efecto devastador de una dictadura, no solo en el campo de los derechos humanos, sino en favorecer y encubrir un saqueo de la riqueza de una nación, hasta llevarlo al estado de ruina, en que hoy nos encontramos.

La dictadura chavista madurista tiene además “el mérito”, de haber introducido nuevas formas, a partir de la corrupción de todo el aparato del estado, de control de la opinión pública, aparentando la existencia de ciertos medios independientes. Esto, porque en el Socialismo del Siglo XX, los gobiernos comunistas confiscaron de manera directa los medios de comunicación social de entonces. Ahora, este novedoso “Socialismo del Siglo XXI”, busca disimular el control del estado sobre los medios; y usando de manera indirecta los fondos públicos, logra que sus bolis burgueses, los nuevos ricos de la revolución, disfrazados como “prósperos emprendedores”, compren a precios estrambóticos, periódicos, estaciones de radio y TV, portales digitales, plataformas y laboratorios para el manejo de redes sociales, con los cuales librar “la guerra comunicacional”.

La cúpula roja acusó el golpe del repudio mundial, luego del cierre de RCTV, y de más de 100 emisoras de radio en el país. Entonces cambiaron de estrategia. No cerrar, no confiscar. Usar “operadores financieros” para controlar los medios. Así han tomado medios emblemáticos en el país, como los diarios Ultimas Noticias y El Universal, y televisoras como Globovisión.

Esta alianza entre el estado revolucionario y bolivariano con sus agentes financieros, ha favorecido y justificado, en la ética socialista, este monumental robo de las finanzas nacionales.

El caso Andrade-Gorrin y demás aliados y cooperadores, se suma a la larga lista de boli burgueses, militares, funcionarios y dirigentes revolucionarios que han logrado acumular multimillonarias sumas de dinero en dólares y euros, frente a los cuales el régimen se ha hecho el disimulado.

Mientras esa banda saqueaba a la nación, la Contraloría General de la República, y sus agencias en los estados, se dedicaban a hurgar en gobernaciones y alcaldías a ver dónde encontraban una falla, así fuese insignificante e intrascendente, para inhabilitar a quienes luchamos por la democracia en el país. Pero para revisar las estafas de los dólares en el control de cambio, las compras ficticias de comida, equipos, insumos y medicinas para “las grandes misiones sociales”, jamás hubo tiempo, ni gente, ni mucho menos voluntad. La fiscalía ni hablar. Solo existía para perseguir a quienes nos oponemos a esta tragedia. Han quedado al descubierto, en su complicidad, en su negligencia, en su criminal silencio. Ha sido tan brutal la estafa, que, gracias a la existencia de democracia y autoridades independientes, en Europa y Estados Unidos, la grosera estafa contra nuestra Venezuela, está siendo documentada y de alguna manera sancionada.

Nos queda a los venezolanos trabajar, para que esos caudales sean repatriados, y con ellos, a la hora de un nuevo amanecer, recuperar hospitales, escuelas, universidades, hoy abandonados, por la criminal indiferencia de la camarilla criminal que asalta el poder del estado.

 

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