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Alexander Luzardo: Con el Arco Minero las fuerzas armadas renunciaron a la soberanía

 

Alexander Luzardo, ex senador, doctor en Derecho Político Ambiental, considera que el Decreto del Arco Minero implica una cesión de soberanía nacional que no sólo no tiene ningún rendimiento para el Estado venezolano en términos económicos, sino que también constituye un crimen contra el medio ambiente.

Enrique Meléndez

“El crimen ecológico de Nicolás Maduro no tiene parangón en la historia de nuestro continente”.

Una de la interpretaciones que tuvo la presencia de los bombarderos rusos en Venezuela, fue que esta constituyó una vía de sacar de contrabando el oro del Arco Minero; como una forma de pagar parte de la deuda que tiene Venezuela con Rusia. ¿Qué piensa usted?

-Yo lo que he visto es que, en forma reiterada, tanto el difunto presidente Hugo Chávez como el presidente Maduro han ofrecido en reventa el territorio nacional. Lo que en algún momento hemos denominado “la venta del futuro”; que es ofrecer la base de recursos del país; petróleo, minerales, hasta los bosques; pues en el fondo Maduro lo que está vendiendo es el subsuelo, en abierta violación de la Constitución; comenzando, incluso, por el artículo uno.

-Allí se establece claramente que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre, independiente, y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en su integridad. Esos son derechos irrenunciables de la nación: la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional.

-El principio de inmunidad, prácticamente, está siendo vulnerado por el propio presidente de la República. El artículo 12 de la Constitución es muy claro. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos; cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional; bajo el lecho del mar territorial; la zona económica exclusiva y la plataforma continental pertenecen a la República.

-Son bienes de dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. De modo que lo que estamos es en presencia de una venta reiterada del suelo y del subsuelo de la República. Eso ha sido ofertado, vendido y revendido a través de asignaciones y reasignaciones de concesiones en todo el territorio nacional. Primero fue a los rusos, luego a los chinos, posteriormente, a los turcos y, nuevamente, a los rusos.

-En el mal llamado Arco Minero, contemplado en el Decreto 2.248 de Nicolás Maduro, éste habla de hay 150 empresas de todo el mundo a las que se les ha ofrecido concesiones; lo que constituye un remate del territorio; que comprende no sólo la base de los recursos, sino también un remate del medio ambiente.

-Lo peor de todo es que, además de la pérdida de la soberanía, hay una renuncia; una cesión de soberanía; lo cual es muy preocupante. Porque no puede ser que la Fuerza Armada se convierta en custodio de la cesión de la soberanía del territorio. Pues el Ejecutivo está renunciando a más de 200 años de historia; al ceder la soberanía y la territorialidad.

Así como se dice que la renta petrolera financió el populismo, que siempre estuvo presente en el Estado venezolana dada su orientación centralista; ahora esa renta ha pasado a ser el oro del Arco Minero. ¿Qué piensa usted?

-Yo utilicé una frase de que se trataba del mal llamado Arco Minero. Porque esa zona ha sido rebautizada ilegal e inconstitucionalmente como Arco Minero; cuando allí lo que existe es la denominación Reserva Forestal de Imataca; que constituye un área protegida. Allí está la llamada cuenca del Caroní. Estamos hablando de la cuenca del Caura.

-Toda esa franja comprende el 12% del territorio nacional; que, por cierto, ese Decreto 2.248 del Arco Minero del 24 de febrero de 2016 ha sido derogado en la AN por la recién aprobada Ley Orgánica de la Mega Reserva de Agua Dulce y de la Biodiversidad del Sur del Orinoco y de la Amazonía. Asimismo, deroga el Decreto 3.110 del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal de Imataca del 22 de septiembre de 2004 del presidente Hugo Chávez, y el Decreto 2.231 del 10 de febrero de 2016, emitido por Nicolás Maduro, y mediante el cual se crea la Compañía Anónima de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas.

-Son tres decretos que deroga esta ley. En ese sentido, yo diría que deroga varios arcos mineros. El caso de Maduro configura un delito ambiental; como una renuncia a la soberanía con el establecimiento de varios arcos mineros a nivel de todo el país. Tanto en Guayana, como en Amazonas y en el Delta están estableciendo arcos mineros ilegales. Pero también en Los Andes, según se ha denunciado, que hay actividades de minería en algunas zonas. El caso de la Sierra de Perijá con la actividad carbonífera también.

-De modo que estamos ante un caso de una renuncia a la soberanía y de un proceso de violación de los derechos ambientales; en especial de los artículos 127, 128, 129, 304, 327; además de los derechos de los pueblos indígenas, en especial, los artículos desde el 119 al 126.

-Una estrategia, por lo demás, macabra. Porque trata de hacer cómplice a la sociedad; a través de ofertas engañosas; que no deja de ser ese Arco Minero. No representa ninguna solución. El oro no representa ni el 0,4% de la economía venezolana. Pero significa la distribución de áreas de poder económico a sectores que representan la boliburguesía minera emergente; que se ha constituido a partir de la destrucción del territorio.

-De manera que, por un lado, se implica a los militares y, por el otro, se trata de hacer cómplices a los pueblos indígenas de esa destrucción; unos pueblos que son víctimas de la complicidad de esa cadena, como la propia sociedad venezolana; cuando el Gobierno sale con esa oferta engañosa que fueron los lingoticos de oro.

-Nosotros mismos acuñamos esa expresión desde el año 2016; cuando dijimos que se pretendía sustituir el rentismo petrolero por un rentismo minero. Pero con una rapacidad terrible.

¿Qué opinión le merece a usted la reacción que han tenido esos pueblos indígenas?

-Ellos han estado protestando en forma insistente; tanto los pueblos del estado Bolívar; como los de Amazonas. Desde el año 1999 el régimen ha tratado de crear distintos planes; no obstante, todos han fracasado desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico. Ellos además están sufriendo los rigores de la escasez de alimentos, de medicinas. Para ellos no constituye ninguna solución la minería. Hay que buscar alternativas económicas, como el turismo sustentable, contemplado en el artículo 310 de la Constitución.

-La reacción de estos pueblos en estos momentos radica en una legítima defensa del espacio de su hábitat. Por eso hemos dicho que la resistencia contra Maduro sigue. Porque estos pueblos han percibido que se trata de una recolonización minera, lo que persigue Nicolás Maduro en Guayana, en Amazonas, en el Delta, en Los Andes: por todo el territorio nacional. Esta gente está enferma. Sufre de una fiebre del oro.

-A eso se ha reducido la revolución bolivariana: a una fiebre del oro; que viene acompañada de depredación del medio ambiente. Aquí tú tienes contaminación con mercurio, con cianuro de las aguas; además del arrase de los bosques. Aquí cabe preguntarse cuánto vale el Caroní; que le ofrece electricidad a toda Venezuela para ser revendido a cuenta de un puñado de oro. Eso es un crimen. El crimen ecológico de Nicolás Maduro no tiene parangón en la historia de nuestro continente.

-Estamos ante una búsqueda insaciable de unos recursos mineros; sin importar el futuro. Esa es la renuncia al futuro del país.

Algunos voceros han venido insistiendo en la presencia del ELN en el Arco Minero. ¿Qué sabe usted?

-Primero, las denuncias del diputado Américo De Grazia han sido muy importantes. Él ha presidido la comisión parlamentaria que le ha venido haciendo seguimiento a las actividades en ese mal llamado Arco Minero; así como lo ha hecho el Parlamento Amazónico que presidente el diputado Ramón Flores y el exgobernador Liborio Guaruya.

-Ellos han dicho que hay grupos irregulares, paramilitares, que han incursionado en la minería. Esa es una responsabilidad que le corresponde a las fuerzas armadas; que tienen la función constitucional de proteger el territorio; resguardar la soberanía. La esencia misma de la soberanía reposa en las fuerzas armadas en cualquier parte del país. Eso es insólito.

-La presencia de grupos irregulares en esta zona, tolerados por las fuerzas armadas, constituye una renuncia a nuestra territorialidad.

 

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