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Rafael del Naranco: Amargo bochinche

 

Las naciones no desaparecen, se hacen añicos ellas solas cuando elevan a la primera magistratura de la nación   a personas sin sentido del Estado, ofuscadas e  imbuidas  en una farandola,  tras crear  un militarismo dominguero, huero y falto de grandeza.

¿Cuándo se destrozó Venezuela? Muchas veces a lo largo de su historia,  comenzando en los preludios de las guerras federales,  y en el instante en que los caudillos, y no las ideas,  convirtieron los gobiernos en hatos privados.

Suficiente sería recordar que entre la toma del poder  por José Antonio Páez  en 1830,  y la muerte del Benemérito Juan Vicente Gómez en 1935, trascurren 105 años de una reyerta centrada en  sobrevivir como pueblo y hacer esfuerzos con el anhelo de disponer de una sociedad estructurada dentro de  los parámetros del civilismo democrático.

No hay duda: hemos tenido hombres asombrosos y mujeres con ímpetu, no obstante siempre terminaron  imponiéndose los botarates transformados en furrieles de cuartel.

Y es que cuando  los políticos surgidos de las entrañas malsanas  se proclaman revolucionarios, da grima  verlos tomar decisiones sobre el destino de la nación, a cuenta de considerarse estadistas y no llegar siquiera a la altura de un  polichinela en un circo de enanos.

Hay en esta heredad nuestra venida a menos, un extraño socialismo del siglo XXI reflejo de males  pasados. No avanzamos por una escueta razón: no existe un engranaje de técnicos al servicio de la administración pública capaces de trasformar  la realidad cotidiana en una sociedad  de empuje. Todo lo que se implanta es improvisado.

Bochinche, puro bochinche, y así seguimos atados a esa expresión caótica.

incapaces de conseguir que algo funcione medianamente bien, a la par que cada día el gobierno es más arbitrario y desdeñoso de los derechos de los ciudadanos consagrados en la Constitución, la cual terminó convirtiendo en papel de estraza.

Doliente situación venezolana sobre un albañal de país, enajenado a recuento de la improvisación  y la incapacidad  de su  nomenclatura gubernamental, ciega  e incapaz de ofrecerles darle a sus ciudadanos el bienestar político, social y de  justicia a la que tiene obligado derecho.

 

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