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Desigualdad pone en aprietos el modelo social de Costa Rica

 

El aumento de la desigualdad pone en aprietos la sostenibilidad del modelo social costarricense. La brecha social tica se abre en lo que va de siglo, una tendencia contraria a la del resto de América Latina.

Carlos G., de 21 años, aún no ha logrado acabar su secundaria en Pococí, un municipio agrícola de la vertiente caribeña de Costa Rica. Su padrastro es peón en una finca de piñas y su madre no puede trabajar. Él estudia por las noches, tras asistir durante el día a un curso de electricidad a cambio de 150 dólares que el Estado le entrega cada mes. Ignora si logrará titularse en el instituto o si tendrá que volver a dejar los estudios para buscar trabajo, de nuevo como mecánico ocasional. Sabe que su único camino para salir de la pobreza es seguir estudiando y por eso insiste, pero ya tiene un plan b: dejar todo en su pueblo e irse en enero a buscar trabajo a la capital, San José. En lo que pueda.

Lo dice levantando los hombros como quien se resigna. Carlos se resiste a quedar en el lado de la pobreza en un país, Costa Rica, en el que el crecimiento de la desigualdad ha ido a contracorriente de la media de América Latina en lo que va de siglo XXI. Las ayudas estatales a los hogares más pobres, como el de Carlos, no han bastado para evitar la brecha que parte en dos la nación centroamericana y que amenaza su conocida estabilidad social.

La realidad de Costa Rica en las dos últimas décadas es la de un país menos igualitario. Pasó de ser uno de los países más equitativos de la región a estar en rangos similares al promedio, según se desprende del último informe sobre el estado de la nación, que elabora anualmente el Consejo Nacional de Rectores, las cuatro universidades públicas ticas (UCR, ITCR, UNA y UNED) y la Defensoría de los Habitantes en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El coeficiente de Gini, la mejor foto fija de la desigualdad —en el que cero es la equidad absoluta y uno, la inequidad total— era 0,472 en los años noventa, 0,503 en la primera década de este siglo y 0,516 el año pasado. En 2017, sin embargo, la brecha no aumentó. Pero no porque los pobres mejorasen, sino porque no crecieron los ingresos de los más ricos. “La tarea difícil”, apunta Leonardo Garnier, profesor de Economía de la UCR y ex ministro de Planificación y Educación, “es reducir la brecha elevando el piso de los ingresos más bajos y frenando el crecimiento de los ingresos más altos”.

El 10% de la población con menos recursos recibe poco más del 1% del ingreso total de los hogares, mientras en el otro extremo, el decil más rico concentra casi la tercera parte del total. Visto de otra manera: el 10% más acaudalado tiene un ingreso 27 veces mayor que el primer decil, una diferencia que triplica el promedio de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de las economías desarrolladas al que Costa Rica aspira a ingresar. “La desigualdad se ha manifestado de dos maneras: una ralentización del crecimiento económico y una descomposición social asociada de manera directa a la violencia”, añade Garnier.

¿Qué ha ocurrido en un país que llevaba a gala la amplitud de su clase media y la suavización de los extremos socioeconómicos en una región tan desigual como Centroamérica? La razón puede ser, paradójicamente —como ha ocurrido también en muchas economías desarrolladas— el éxito de sectores económicos —servicios y tecnología— moderno y conectado con el mundo, pero de menor impacto social que las actividades tradicionales ligadas al campo, a la construcción o a la industria. Un sector dinámico y creciente que genera pocos empleos con buenos salarios y otro que, en cambio, es menos competitivo pero que crea más empleo peor remunerados, según señala el citado estudio independiente sobre el estado de la nación.

Esta tendencia entra en combinación con otros factores. Un importante segmento de costarricenses mayores de 50 años que pudieron haber sufrido en su proceso educativo los efectos de la fuerte crisis de principios de los años ochenta han dejado en herencia estas carencias —de forma totalmente involuntaria, por supuesto— a sus hijos, hoy en etapa productiva, según señalan los especialistas consultados.

El joven Carlos, desde su municipio agrícola y su hogar encabezado por madre y padre sin educación secundaria, puede contar la historia en primera persona. “A mí fueron los profesores me han dicho que siga en el liceo, pero yo he visto a mis papás siempre pulsearla [trabajar] en el campo o en lo que haya”, relata acompañado de dos amigos que están en idénticas circunstancias. Los tres reciben ayudas del Estado, sin las cuales caerían en la pobreza o, directamente, en la miseria. Las becas, los subsidios o los bonos son claves para jóvenes como ellos, en situación de vulnerabilidad, pero hace falta un esfuerzo mayor. “La inversión social corrige mucho la desigualdad, y ese esfuerzo acerca más Costa Rica a los esquemas de los países europeos. Sin embargo, eso requiere que existan esos fondos en el Estado”, explica Jorge Vargas Cullell, sociólogo y director del programa Estado de la Nación, que elabora el informe homónimo.

Esta es una cuestión sensible en este cierre de un año, 2018, marcado por las estrecheces en las finanzas públicas ticas. El déficit fiscal ronda el 7% del PIB, la deuda pública ha escalado hasta el 54% y la Hacienda pública enfrenta apuros para atender obligaciones como el repago de la deuda, los salarios o los compromisos sociales. La reforma fiscal recién aprobada aún tardará meses en generar ingresos adicionales, y los subsidios de octubre y noviembre no han llegado aún a sus beneficiarios.

“Necesitamos que el Estado tenga músculo para equilibrar lo que el mercado no puede hacer por sí solo. Las transferencias son solo mitigadoras de una mayor desigualdad, pero la verdadera solución es el ingreso de estas personas en un mercado laboral competitivo”, apunta, en declaraciones a EL PAÍS, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar. Esto pasa, sí o sí, por la reactivación de los sectores rezagados y por cambiar el modelo educativo. “No hay forma de cambiar rápidamente la desigualdad. Para ello hay que cerrar las brechas de territorios, de educación y entre mujeres y hombres”, dijo recientemente el presidente costarricense, Carlos Alvarado (centroizquierda), en un acto sobre las prioridades de desarrollo.

Los expertos también esperan ver el efecto de la reforma tributaria sobre la economía y la desigualdad. Algunos lo ven como un paso en la buena dirección. “El plan fiscal corrige algunas cosas que eran injustas. Hay varias normas que gravan las ganancias de la gente de más dinero, incorpora a profesionales que no estaban tributando como debían y controla mejor la recaudación”, subraya Vargas Cullell. Se espera que los cambios generen, el primer año, ingresos adicionales del entorno del 1,5% del PIB. Una cifra que, sin embargo, las propias autoridades reconocen como insuficiente y que dará pie a ajustes, tanto en ingresos como en gastos, a lo largo de 2019.

Los cambios tributarios han provocado el enojo de organizaciones de trabajadores del sector público, que iniciaron el 10 d septiembre una huelga de 90 días que resultó infructuosa y arruinó el cierre del curso lectivo. El Ejecutivo ha señalado como una ironía que los gremios se opusieran a reformas fiscales que permitirían obtener el dinero para pagar una planilla estatal con beneficios superiores a los del sector privado. Esta ventaja que tienen los funcionarios públicos también es un factor de desigualdad, señala la ministra Aguilar.

Por esa huelga, Carlos perdió casi todo el trimestre final de clases en su colegio nocturno. Si no se titula no podrá entrar a la universidad, comenta, aunque se inmediato reconoce que tampoco tiene dinero para pagarse una carrera. Espera trabajar más en lo que le salga, engancharse en alguna oportunidad para evitar que la raya roja de la desigualdad lo deje en el lado débil, arrinconándolo y resignándolo a tomar un trabajo mal pagado en las fincas de piña, junto a su padrastro.

El País

 

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