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Antonio Sánchez García: El Grupo de Lima y la Asamblea Nacional

 

“Los países que integran el Grupo de Lima consideran que el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad… En consecuencia, no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019”

Declaración final del Grupo de Lima, 4 de enero de 2019

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En una sorprendente concatenación de sucesos propios de la diplomacia, la política y el azar, los hados han tejido la red que podría facilitar la resolución de la más grave crisis que enfrenta América Latina desde la llamada crisis de los misiles, cuando Fidel Castro puso al mundo al borde de un holocausto nuclear. Esta segunda vez, también por culpa de Cuba –la madre del cordero– y del corrupto caudillismo militarista venezolano. Y lo haría según el desiderátum planteado desde siempre por el pacifismo democrático nacional: constitucional, pacífica, electoralmente. Gracias a la confluencia de los dos grandes factores de la acción política: la comunidad internacional y el juego interno de poderes.

Desde una visión macropolítica, esta feliz confluencia de los intereses nacionales con los de la comunidad internacional que acelera, favorece y concreta la posibilidad de resolución de nuestro conflicto no hubiera tenido lugar sin un proceso de derechización de dimensión global, en gran medida causante de la llegada al poder de Donald Trump, en Estados Unidos,  y sus efectos inmediatos en América Latina: la caída del PT y el encarcelamiento de Lula en Brasil; la caída de Cristina Kirchner y el ascenso al poder de Mauricio Macri en Argentina; la salida de Michelle Bachelet y la victoria de Sebastián Piñera en Chile; el fin del gobierno de Juan Manuel Santos y el triunfo del uribista Iván Duque en Colombia. Un proceso regional que acaba de culminar con la resonante y clamorosa victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, el gigante imperial de la región. Una auténtica coronación que arrastra consigo un hecho de naturaleza político-ideológico de inmensa trascendencia: el eclipse de las izquierdas, la quiebra de la hegemonía populista, estatista, caudillesca, militarista y socializante facilitada por la llegada al poder del teniente coronel Hugo Chávez y la disposición de gigantescos recursos financieros puestos por él al servicio de la expansión del castro-comunismo en la región. La excepción: el poblano López Obrador. Hereda los despojos de una izquierda en ruinas. Abrazado al naufragio, está condenado a hundirse como Chávez en la marginación y el fracaso.

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En tales condiciones y vista la imposibilidad de que la crisis venezolana fuera resuelta acudiendo solo a las fuerzas internas, el auxilio de la comunidad internacional se convirtió en un factor preponderante. Comenzó con un hecho absolutamente inesperado y milagroso: la llegada a la Secretaría General de la OEA del ex canciller de Pepe Mujica, Luis Almagro. Y el desbordamiento de la situación interna a niveles desconocidos en la región: una crisis humanitaria, una inflación jamás vista en el mundo desde los tiempos de la República de Weimar, a comienzos de los años veinte, que ya alcanzó un  millón por ciento en 2018, y la mayor estampida migratoria vivida por América Latina en toda su historia. Alrededor de tres millones de venezolanos que invaden las fronteras provocando la generalización continental de la crisis. El desencajamiento, descontrol y desbordamiento de la situación venezolana amenazó así con expandirse al resto de la región: resolverla se convirtió en un problema más que regional, hemisférico. Desalojar a Maduro y restablecer la democracia en Venezuela se convirtió en la única fórmula de resolución posible a esa estampida inesperada y desconocida.

El resultado intolerable para el régimen fue el absoluto aislamiento del dictador y el progresivo desconocimiento de su supuesta legitimidad. Cayó víctima del entrecruzamiento de los dos vectores que atentan contra todo régimen dictatorial condenado a muerte: ilegítimo por origen e ilegítimo por desempeño. La fraudulenta elección presidencial del 20 de mayo fue desconocida por la mayoría democrática del planeta, haciendo inservibles sus resultados como para legitimar la prolongación del mandato, que debería verificarse este 10 de enero. El juego había terminado.

Un tercer elemento vino a sumarse a los factores mencionados contrarios al régimen: la crisis política de los partidos opositores tradicionales, hasta hoy prisioneros del apaciguamiento y el entreguismo,  y la clara emergencia de una variable menospreciada hasta entonces, la del fortalecimiento del liderazgo de María Corina Machado. A lo cual se unió el agotamiento del diálogo como mecanismo de control político interno.  Zapatero alcanzó el colmo del desprestigio y el desprecio nacional. Ni el Vaticano, ni la Iglesia Católica venezolana ni la nueva oposición democrática le dieron más respaldo al grosero mecanismo de sometimiento puesto en práctica por los acuerdos de Maduro, Zapatero y algunos factores internos y sus inescrupulosos asesores, que insisten en bloquear toda iniciativa liberadora. Sin diálogo y con la nueva configuración política internacional, la caída de Maduro se hizo cuestión de tiempo. Al parecer, ya llegó el momento de la caída. El fin de la dictadura se ha hecho inevitable.

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El acuerdo final del Grupo de Lima (https://www.clarin.com/mundo/declaracion-grupo-lima-nicolas-maduro_0_LF59ruGgd.html)  no puede ser más definitorio y concluyente. Abarca todas las aristas de la crisis; desde la brutal violación de los más esenciales derechos humanos de los venezolanos, causa de la estampida migratoria,  hasta las eventuales implicaciones bélicas que se derivarían de su militarización. Le envía un claro mensaje en ese sentido a Maduro y a Vladimir Padrino, como a la tiranía cubana. Los países del Grupo, comenzando por Estados Unidos, Brasil y Colombia, no permitirán que la dictadura dé un paso al frente manteniéndose en el poder mediante un golpe de Estado militar. Le desconoce toda legitimidad a Nicolás Maduro una vez transcurrido su período de gobierno, que vence el 10 de enero, y lo insta a entregarle el mando de la República a más tardar en esa misma fecha a la Asamblea Nacional, junto al Tribunal Supremo de Justicia las únicas dos instituciones del Estado, cuya plena legitimidad reconoce; insta a todos los gobiernos del Grupo, de la región y del mundo a desconocer y negarle toda legitimidad al dictador; decide continuar adelante con la demanda por graves violaciones de los derechos humanos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, invitando a otros países a que también lo hagan; prohíbe todo comercio y toda concesión de créditos que favorezca la continuidad de la tiranía,  y ordena congelar los bienes de la República.  En fin, le declara la guerra política, diplomática, comercial y económica a una dictadura carente de todo respaldo regional.  Con la excepción de sus congéneres, Bolivia, Nicaragua, Cuba y ahora el gobierno mexicano.

En los mismos términos se expresó el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Y dado que Maduro ya desconoció la validez de las recomendaciones del Grupo, no le entregará el mando a la Asamblea Nacional y ha reafirmado su determinación de juramentarse en el cargo el 10 de enero o antes de esa fecha, será la nueva directiva de la Asamblea Nacional la que obedeciendo al espíritu y la letra de la Constitución y siguiendo las recomendaciones del Grupo de Lima y del secretario general de la OEA, se vea en la obligación de designar un gobierno de transición según lo dicta, por analogía, el artículo 233 de la carta magna.

Como lo ha señalado María Corina Machado, el durísimo comunicado del Grupo de Lima, que México se abstuvo de firmar, ha formalizado a los dos antagonistas del conflicto venezolano, ya en su fase terminal, reconoce y espera que la Asamblea Nacional dirima la resolución del conflicto y asuma la formación del único gobierno legítimo posible, encargado de llevar a cabo las elecciones presidenciales y de restituir el Estado de Derecho. En esencia le otorga a la oposición venezolana todos los instrumentos jurídicos y políticos para que proceda a desalojar al dictador. Incluso la facultad de hacer valer el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, en caso de verse compelida al uso de la fuerza. En sus fronteras, ese gobierno contaría con el pleno respaldo de Colombia, Brasil y Estados Unidos. ¿Osará Cuba, ya adentrada en el proceso de cuestionamiento regional, escalar el conflicto involucrando sus fuerzas armadas en respaldo de un gobernante deslegitimado?

La Asamblea Nacional ha llegado a las orillas del Rubicón. ¿Lo cruzará? Es lo que el pueblo desea y el país ansía. No podría contar para ello con mejores condiciones nacionales e internacionales: una crisis terminal, un dictador aislado y una comunidad aledaña que le ofrece todas las garantías de éxito. Allea iacta est: hagan las apuestas.

 

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