May se aferra a su plan del Brexit y redobla la presión para aprobarlo. La Cámara de los Comunes retomará el miércoles el debate sobre el acuerdo del Gobierno con la UE, que fue aplazado en diciembre ante la falta de consenso
Las situaciones extraordinarias requieren respuestas extraordinarias. Theresa May tiene poco más de una semana para resucitar un acuerdo del Brexit que sigue tan lánguido en apoyos como antes del receso navideño. Ensayos de la catástrofe, como los 150 camiones que se movilizarán este lunes en el puerto de Dover; presiones individuales sobre los diputados euroescépticos; la apelación de la primera ministra a su partido y al Parlamento para que salven “la democracia y el bienestar de Reino Unido” ante la posibilidad de adentrarse en un “territorio inexplorado” si no hay consenso sobre el pacto; y hasta la idea de prolongar aún más las negociaciones con la UE. La tregua del 20 de diciembre ha terminado.
Si el equipo de May confiaba en que la Navidad atemperara los ánimos de los euroescépticos, diera tiempo para la reflexión a los indecisos y suavizara la firmeza de Bruselas, ya ha tenido tiempo de comprobar que la estrategia no ha funcionado. “Realmente, no puedo creer que el Gobierno haya sido tan estúpido. El problema durante todo este tiempo ha sido que mientras nuestros negociadores se han comportado con la UE como si fueran amigos, ellos nos han tratado como adversarios”, escribía este domingo Ian Duncan Smith, exlíder del Partido Conservador y una de las voces antieuropeas más agresivas, en las páginas del Mail on Sunday.
Compartía espacio en el mismo diario en el que la primera ministra realizaba su enésima apelación a la sensatez y pedía apoyo a su plan del Brexit. Utilizaba los mismos argumentos que ha repetido machaconamente durante las últimas semanas y que no le han servido para asegurar una mayoría de respaldo. Su propuesta, aseguró, servirá para dar cumplimiento a la decisión de los ciudadanos británicos en el referéndum de 2016 y protegerá al mismo tiempo los empleos de la industria británica. Frente a los que piden una segunda consulta o a los que quieren abandonar la UE de una vez por todas, a las bravas y sin acuerdo, la primera ministra elevó el tono de agresividad de su mensaje: “Ambos grupos están motivados por lo que creen que sirve mejor a los intereses del país. Pero ambos deben darse cuenta del riesgo en que colocan a nuestra democracia y al bienestar de nuestros ciudadanos”.
Además, en una entrevista este domingo con la BBC, May ha admitido que no cree que “nadie pueda decir exactamente qué ocurriría si el acuerdo del Brexit es rechazado”. Y ha añadido que si al final no hay consenso para salir de la UE, Reino Unido se adentrará en un “territorio inexplorado”.
May no tira la toalla. Durante los próximos días recurrirá al miedo, disfrazado de prudencia. A las presiones, presentadas como diálogo. Y a las tácticas parlamentarias, camufladas como nuevas cesiones. El Departamento de Transporte pondrá este lunes en marcha en los alrededores del puerto de Dover, punto de entrada de las mercancías procedentes del continente, un supuesto ensayo de respuesta ante la posibilidad de que el 29 de marzo Reino Unido abandone la UE sin acuerdo.
Un total de 150 camiones de mercancía pesada se concentrarán en plena hora punta, a las ocho de la mañana hora inglesa, en el aeropuerto de Manston, inactivo desde hace cuatro años, para comprobar la eficacia de las medidas diseñadas en previsión de un colapso en el tráfico. El Gobierno defiende este ejercicio como una muestra de sensatez, pero la imagen puede ser más aterradora que cualquier discurso.
Al mismo tiempo, los líderes parlamentarios conservadores preparan una enmienda, que podría votarse este mismo martes, por la que se condiciona la aprobación del acuerdo del Brexit a que la Cámara de los Comunes se reserve el derecho a sacar unilateralmente a Reino Unido de la unión aduanera. Para ello, debería advertir de la decisión con un año de plazo. El efecto de esta enmienda, si fuera aprobada, sería doble: convencería a los diputados euroescépticos y a los unionistas norirlandeses del DUP de que el llamado backstop, la salvaguarda irlandesa impuesta por Bruselas, no ata para siempre a Londres a las reglas comunitarias. Y demostraría a la UE de que existe una mayoría en Westminster dispuesta a llegar a un acuerdo siempre que la otra parte esté dispuesta a ser algo más flexible.
“Esa aprobación condicionada no sería suficiente para que el Gobierno sacara adelante su plan, pero bastaría para demostrar a la UE que existe una mayoría suficiente para concluir con éxito este proceso si ellos están preparados para ceder algo más”, explicó Nikki da Costa, exdirectora para Asuntos Legales de Downing Street y todavía muy vinculada al equipo del Ejecutivo responsable de la estrategia.
El miércoles se reanudará el debate parlamentario sobre el acuerdo, después de que Theresa May decidiera suspender la votación el pasado diciembre presa de un ataque de pánico ante una derrota que iba a ser masiva y humillante. Entre este lunes y el martes, la primera ministra se reunirá mano a mano con decenas de diputados conservadores euroescépticos o indecisos, así como con laboristas dispuestos a echar una mano al Gobierno con tal de evitar un Brexit sin acuerdo que traería a Reino Unido el caos económico, según todas las previsiones. El laberinto de intereses cruzados en que se ha transformado la política británica ha creado aliados insospechados. Diputados laboristas y conservadores preparan una nueva enmienda que puede bloquear la actividad del Gobierno, al prohibir que el Tesoro británico gaste una sola libra en los preparativos para una salida sin acuerdo sin contar con la aprobación del Parlamento.
El Laborismo se tensa ante el debate de otro referéndum
A pesar de la tensión creciente entre la primera ministra, Theresa May, y el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, que se observa en sus intercambios parlamentarios, ambos tienen un punto en común. Defendieron a regañadientes la permanencia de Reino Unido en la UE y son completamente reacios a someter la cuestión a un nuevo referéndum. La diferencia está en que esa posibilidad apenas tiene defensores en el seno del Partido Conservador, mientras que son mayoría los laboristas que desearían una nueva consulta. Por eso el asunto se ha convertido en un campo de minas y la tensión en el principal partido de la oposición va in crescendo. Los organizadores de la campaña People’s Vote (Voto del Pueblo), que lograron sacar a las calles de Londres a cientos de miles de seguidores en octubre, recibieron este domingo un duro golpe de una voz autorizada del partido. “Ya hubo un voto del pueblo. ¿Quién, sino el pueblo, votó en el referéndum de 2016. Yo defendí la permanencia en la UE, pero respeto el resultado del referéndum. Sugerir ahora que los ciudadanos quieren una nueva consulta es una falta de respeto”, dijo este domingo Ian Lavery, presidente del Partido Laborista y responsable de preparar a la formación ante la posibilidad, aún remota, de unas nuevas elecciones generales. Sus palabras chocaron frontalmente con la estrategia defendida por Keir Stamer, el portavoz laborista para el Brexit, que aboga de un modo cada vez más abierto por respaldar una nueva votación. Corbyn no desautorizó a Lavery. El líder laborista aún confía en un adelanto electoral que le lleve al poder, y promete —sin explicar cómo— un acuerdo con la UE más beneficioso para los británicos.
El País