Las aulas de clase continúan vacías por tercera semana consecutiva. Los docentes piden apoyo a padres y representantes en la lucha por mejoras salariales y por la calidad educativa. Ayer protestaron frente a la Gobernación de Lara y anunciaron la agenda de próximas actividades.
Al reclamo se unieron trabajadores de la Gobernación y un vocero del sindicato leyó un comunicado.
Hoy los educadores acudirán a los planteles educativos, “de brazos caídos”, en donde recogerán firmas de los padres y representantes, que respalden el documento que será remitido el próximo jueves al Tribunal Supremo de Justicia.
Previamente se reunirán frente a la Gobernación y desde ahí partirá la caminata hacia la Defensoría del Pueblo y luego a la Fiscalía del Ministerio Público y a la plaza La Justicia, en la carrera 17, aledaña a los tribunales, en donde entregarán el referido documento, informó Hilda Peña, vocera de la coalición sindical.
Libres para decidir
Mañana, cuando se celebra 61 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y existen convocatorias para marchar en todo el país, los educadores son libres para decidir si acuden o no.
Dijo además que se debe separar las acciones gremiales de las políticas en alusión a las acciones del Colegio de Profesores como sucedió el pasado viernes y ayer.
A la demanda se suman los docentes jubilados y pensionados, al respecto Orlando Herrera, coalición sindical, refirió que gran parte de ellos padece alguna enfermedad crónica y el sueldo no les alcanza para comer menos para comprar medicamentos.
El jefe de la Zona Educativa, Nixon Arrieche, afirma “que no existen razones para que estén en la calle, porque el gobierno nacional mantiene conversaciones con 17 federaciones.
Hilda Peña anuncia que el magisterio agotará todas las vías jurisdiccionales, al tiempo exigió el pago de 40 % de aumentos de sueldo en octubre de 2018 y 60 % de 2019, con incidencia en primas mientras la multitud que agitaba manos y brazos en señal de apoyo.
Gobernación se suma
Héctor Méndez, directivo del Sindicato de empleados de la Gobernación, dijo que se unen a la lucha en defensa de los derechos laborales y a una remuneración justa, equivalente al costo de la canasta básica. “En la actualidad los trabajadores estamos subsidiando el funcionamiento de las instituciones. Rechazamos las amenazas y persecución y nos declaramos en asamblea permanente”, dijo.
De la lectura del comunicado se encargó Omar Agüero, vocero sindical, quien exhortó a la gobernadora Carmen Meléndez a respetar los derechos laborales y a revisar la tabla de sueldos”
En 2014 el sueldo era equivalente a 250 dólares; en 2018 30 dólares y en 2019 seis dólares mensuales. La situación es insostenible, la nómina de la Gobernación era de 25.000 trabajadores y se redujo a 19.000 debido a las renuncias.
El Informador