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 Voluntad Popular de Yaracuy rechaza detención de la madre de Gabriel Gallo

 

Adriana Pichardo aseguró que pretenden vincular a Laura Gallo, madre de Gabriel Gallo,  sin pruebas de ningún tipo, con los hechos de violencia ocurridos en la marcha del pasado 23 de enero en la entidad yaracuyana.

La responsable del Comité de Presos Políticos de Voluntad Popular y diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela, Adriana Pichardo, denunció la arbitraria detención de Laura Gallo, dirigente regional de la tolda naranja en Yaracuy y madre del coordinador regional de VP en la entidad, Gabriel Gallo.

Pichardo aseguró que pretenden vincular a Laura Gallo, sin pruebas de ningún tipo, con los hechos de violencia ocurridos en la marcha del pasado 23 de enero en la entidad yaracuyana.

“Las imputaciones arbitrarias que públicamente y sin base ha hecho el gobernador del régimen Julio León Heredia ofenden la dignidad de nuestra dirigente Laura Gallo, cuya trayectoria es ampliamente conocida por la opinión pública. Este caso es una expresión del constante atropello a la mujer yaracuyana y venezolana, sometida diariamente a las calamidades y las carencias impuestas por el régimen del usurpador Nicolás Maduro”, expresó Pichardo.

La también diputada al Parlamento del Mercosur (Parlasur) exigió respeto a los derechos humanos de Gallo y de los venezolanos que ejercen su derecho constitucional a la protesta pacífica en todo el país. “Rechazamos categóricamente su detención arbitraria y exigimos el respeto de sus derechos civiles y constitucionales, que conlleven a su inmediata libertad. Exigimos la libertad de los demás ciudadanos que, con similares imputaciones y falsedad de pruebas, permanecen detenidos por el solo hecho de participar en una cívica manifestación sin precedentes en la historia de nuestro estado Yaracuy, en defensa de sus legítimos derechos y por el restablecimiento de nuestra democracia”.

Finalmente, la parlamentaria lamentó los asesinatos de venezolanos y se solidarizó con los familiares de Daniel Veliz, joven yaracuyano de 18 años que recibió un impacto de proyectil mientras protestaba en la Plaza Sucre de Yaracuy.

“Estos hechos contradicen su deber constitucional de velar por la seguridad y los bienes de los ciudadanos. Lamentamos profundamente el vil asesinato de un joven a manos de un funcionario del entorno gubernamental, hecho que enluta a familias yaracuyanas y pasa a engrosar el prontuario de quienes nos gobiernan en estos momentos”, concluyó.

El Tiempo de Valera

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