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Cesáreo Espinal Vásquez: Vigencia del Poder Legislativo

 

Sin Poder Legislativo no existe Estado de Derecho

En régimen democrático de Estado de Derecho los poderos públicos fundamentales, son: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En el Legislativo, se integra el poder soberano del pueblo  por ser la Asamblea Nacional plural por diputados electos  en votación universal, directa y secreta. Es el caso, que Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, acordó  mediante recurso contencioso electoral medida cautelar  para que no fueran juramentados en la Asamblea Nacional  tres diputados electos del Estado Amazonas, pero al ser juramentados,  la Sala Electoral declaró en desacato a la Asamblea Nacional, confirmado por la Sala Constitucional. La medida cautelar es provisional, no permanente, sujeto a la decisión de fondo sobre la  nulidad de esas elecciones y la sustanciación del recurso contencioso electoral está sometida a un lapso procesal muy breve por lo que vencido sin justificación legis, la medida cautelar se extingue de pleno derecho e incurriendo la Sala Electoral en denegación de justicia e indefensión por no sentenciar en el término legal y sancionó por desacato a la Asamblea Nacional, cercenando sus atribuciones y funciones constitucionales; en consecuencia eliminó al Poder Legislativo. La sanción por desacato en cuestión es una decisión contra-legis  aberrante y grotesca por cuanto el desacato no podrá ser nunca contra un Poder Público como es la Asamblea Nacional y si la causa de la causa es haber juramentado a los tres diputados del Estado Amazonas, sus funciones y atribuciones de diputados quedan suspendidas por la medida cautelar, pro no sus investiduras de Diputados hasta que decida en definitiva la Sala Electoral y si se comprobase la ilegalidad de su elección, deberá llamarse a nueva elección, pero  al no haber  decidido y transcurrido el lapso legal en un juicio brevísimo, queda ipso facto, eliminada la medida cautelar y el desacato por ser inconstitucional, asimismo, en esa disyuntiva, la Ley Orgánica  de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en su artículo 31, sanciona el desacato con privación de libertad,   inaplicable por cuanto el desacato no es delito y es la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia  en su artículo 122 quien lo sanciona hasta 200  unidades tributarias, violado el Estado de Derecho con la eliminación  del Poder Legislativo. De tal manera,  la Asamblea Nacional, como órgano político de elección directa y originaria, se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones y ajustada a Derecho  designó  Presidente de la Asamblea Nacional, al diputado Juan Guaidó para el lapso del año 2019 con todas sus facultades  y atribuciones, incluyendo de Presidente de la República, encargado. El artículo 71 de la Carta Magna, otorga al Presidente la República en Consejo de Ministros  la iniciativa “en materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo”, subsumida en el artículo 70 de la Constitución, por ser el referendo consultivo “medio de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía”; el Presidente de la República no puede cobijarse en la palabra “podrá” por cuanto ella se contrae exclusivamente a su iniciativa en Consejo de Ministros pero sin tener la absoluta discrecionalidad como lo hizo, sin el referendo consultivo que es obligante realizarlo como requisito “sine quanon” para la validez de la Asamblea Nacional Constituyente.. En este sentido de Derecho Justo  al no haberse cumplido con el referendo consultivo para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, no es nula su elección, sino inexistente de pleno derecho, porque no se anula lo que no existe y en consecuencia, al no haberse  cumplido con el referendo consultivo, no hubo el consentimiento del pueblo para su existencia y todos sus actos y actuaciones, carecen de efectos constitucionales y legales.  El poder público nacional vigente es el Poder Legislativo.

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