Entrevista de Enrique Meléndez al doctor Alexander Luzardo
Luzardo considera que Nicolás Maduro y el Ejecutivo han desarrollado una campaña de venganza contra los pueblos indígenas como consecuencia de no contar con su incondicionalidad.
“Yo hablo de genocidio porque hay una exclusión premeditada; que se traduce en la persecución de la cual son víctimas los pobladores de estas etnias, y que ha salido de relucir en estos momentos en el caso de los pemones; pero que se ha venido desarrollando paulatinamente”.
Luzardo es doctor en derecho político ambiental, ex senador y autor de las normas ambientales contenidas en la Constitución de 1999.
¿No ha logrado el gobierno pacificar el sur de Venezuela, en la tierra de los Pemones, a propósito de la resistencia con la que esta etnia le ha salido?
-Sin duda alguna en el caso del pueblo pemón, éste ha expresado su descontento; constituyendo incluso una lucha histórica que empezó a manifestarse desde antes del año 1999. Recordemos que la primera rebelión al inicio del gobierno de Chávez la encabezaron los pemones; a raíz del proyecto del tendido eléctrico; porque consideraban que afectaba su hábitat del Parque Nacional Canaima; la cadena de tepuyes orientales; una zona muy frágil.
-Desde ese momento se desatan los enfrentamientos y el entonces general Melvin López Acosta procede a militar la zona, como reacción del hecho de que los pemones tumban las torres del tendido eléctrico; un tendido que había comenzado a instalarse en el último año de gobierno de Rafael Caldera pero que con Chávez se afianzó como un proyecto, en un afán por llevar supuestamente electricidad a Boa Vista y otras localidades vecinas.
-Ese proyecto, al final, fracasó, sobre todo, porque también tuvo la resistencia de grupos ecológicos; de organizaciones que hacen vida en la investigación científica de los ecosistemas del medio ambiente de la zona; de modo que los pemones fueron reprimidos desde un principio, por esa defensa sostenida de su hábitat ancestral.
-Luego vinieron los proyectos mineros. Hay que recordar aquí el episodio de la masacre La Paragua; donde fueron asesinados varios pobladores de esta etnia; aun cuando ya venían registrándose víctimas que caían producto de la acción represiva de las fuerzas de seguridad en la zona desde el año 1999. La intención de los efectivos de estas fuerzas es la de tratar de someter a esta etnia; siendo un pueblo milenario; con su cultura, su lengua, y que tiene conciencia de sus derechos.
-Precisamente, estos derechos están consagrados en la Constitución de 1999 en un capítulo especial dentro del Título III, sobre los Derechos Humanos; capítulo dedicado a los pueblos indígenas, cuyos artículos van desde el 119 hasta el 126. Allí se habla de la preservación de su hábitat, su cultura, su territorio, su lengua.
-El gobierno pretendió inutilizar esta conquista, visto que se trata de una conquista del derecho constitucional; pues se ha consagrado en todas las Constituciones modernas, y forma parte de las Declaraciones de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007; de modo que no se trata sólo de una conquista nacional sino que también cuenta con toda una proyección internacional.
-Pues resulta toda una paradoja el hecho de que el que se consideró el redentor de los excluidos se ha convertido ahora en el gobierno más represivo que se ha tenido, contra estos pueblos. El Socialismo del Siglo XXI se convirtió en la negación de todos los derechos de los pueblos indígenas.
-Pero hay algo peor, y es que esta resistencia, que se expresa en la reafirmación de su identidad, de no dejarse absorber por un proyecto que se dice revolucionario, y quien a nombre de una supuesta revolución quiere desconocer los derechos constitucionales de estos pueblos, los derechos establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito y ratificado por el Estado venezolano; las Declaraciones de las Naciones Unidas, que te cité, que data de 2007; estos derechos y tratados fueron presentados por este gobierno, como un logro suyo, sólo que, cuando no le sirvieron a sus propósitos mineros y carboníeferos, estos pueblos comenzaron a ser reprimidos.
-Pudiéramos decir que hay un racismo revolucionario contra los pueblos indígenas; que yo diría que toca lo patológico; que se ha instalado en las élites políticas cívico-militares de este gobierno.
¿No cree usted, como pensaría el oficialismo, de que en esta oportunidad se están manipulando a los pemones desde el punto de vista político, y partiendo que la ayuda humanitaria pareciera un Caballo de Troya?
-Si algún sector viene sufriendo desde hace muchos años por la escasez, por falta de atención sanitaria, por la falta de comida como consecuencia de la depredación del medio ambiente; que marcha parejo con la alteración de los cambios climáticos, son los pemones. Si nosotros, los que vivimos en las ciudades, no tenemos ni bienestar social ni seguridad ciudadana por la falta de comida, de medicinas; por la inseguridad, ¿cómo será la vida en estos pueblos?
-Hay serios problemas de salud entre los waraos en el Delta; lo mismo que en la Guajira. El estado ha creado unas condiciones para que esos pueblos sean conducidos al exterminio; consecuencia de una política, sobre todo, minera que los aborta de sus territorios milenarios. Los reconoce jurídicamente; más en la práctica les niega todas las condiciones para que se puedan desarrollar dentro de su existencia.
-Aparte de eso, instrumentan proyectos rentistas como el caso del Arco Minero en Guayana o de carbón en la Sierra de Perijá; proyectos que atentan contra las reservas de agua de sus respectivas zonas; contra la biodiversidad, y que constituye el hábitat de esta gente; de modo que aquí se les está negando el derecho a depender de los recursos insustituibles; que existen en ese medio ambiente, y que han formado parte de su modo de vida, y que están protegidos en la Constitución, en el artículo 127.
-De modo que ha sido el propio Estado, el que se ha llamado redentor de los pueblos indígenas, de los excluidos de la historia oficial, el que se ha convertido en el principal represor de los mismos. Ahora, ellos tienen derecho a la defensa; sobre todo, porque proyectos, como el del Arco Minero, a la larga a lo que conducen es al desplazamiento de esta poblaciones cuando no al exterminio, y de allí la reacción que hemos visto en esta oportunidad en el caso de los pemones.
-Se trata de una política genocida; porque al conducirlos al desplazamiento, pierden los espacios donde se ha desarrollado su modo de vida, el paisaje local y la biodiversidad, de la cual han dependido.
-Pero es que, además, se está atentando contra derechos colectivos de la nación también que tiene que ver con la preservación de la cuenca del Caroní, en especial, porque de ella depende más del 65% de la electricidad de toda Venezuela, y si tú estás atentando contra las reservas de agua dulce más importantes del país, para las próximas generaciones, ¿cómo calificarlo a eso?
-Si eso lo hace en forma sistemática, consciente, un gobierno, ¿cómo se puede llamar eso? En el caso de esos pueblos que viven en la zona, hay una triple exclusión: económica, social y étnica. Se trata de un triple crimen; pues tú te encuentras con que hay un genocidio, un ecocidio y un etnocidio. Yo hablo de genocidio porque hay una exclusión premeditada; que se traduce en la persecución de la cual son víctimas los pobladores de estas etnias, y que ha salido de relucir en estos momentos en el caso de los pemones; pero que se ha venido desarrollando paulatinamente.
-La premeditación se produce por el hecho de no contar el Estado con la incondicionalidad de estos pueblos, a propósito de su intención de utilizarlos dentro de sus planes rentistas. Estamos ante una venganza, producto de un rencor político contra los pueblos indígenas; porque el gobierno pretendía convertirlos en mampara de una falsa revolución.
-Hay que tener presente, además, que los pueblos indígenas en nuestra propia Constitución son considerados como pueblos vulnerables, y es por eso que están reconocidos allí de manera especial. Han sido excluidos por la historia desde la Constitución de 1811; cuando se formó la República, y apenas comienzan a reivindicarse con la Constitución de 1947, cuando se incluye un artículo, donde se habla de las comunidades indígenas; mientras la Constitución de 1961 abre una compuerta; pues de ahí se comenzó a trabajar sobre una legislación de los pueblos indígenas, y coincidió con una discusión en el ámbito mundial, hasta la inclusión ya en un capítulo en la Constitución de 1999.
-Pero ya otras Constituciones habían reconocido la existencia y los derechos de estos pueblos; habiendo sido, no obstante, Venezuela propulsora en la discusión de estas ideas; desde el ámbito de las ciencias sociales; desde el ámbito del derecho y desde el ámbito parlamentario. Por esa razón esos derechos están en la Constitución.
-Se crea un ministerio de los Pueblos Indígenas; se crea toda una legislación que protege estas etnias; no obstante, ningún gobierno hasta ahora había desatado una persecución tan sistemática contra estas comunidades, como el actual. Te repito, sólo por el hecho de no haber sido afectos a sus prédicas propagandísticas.
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