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El País / Editorial: Guerra en el este

 

Una mujer muestra un pasaporte ucraniano y uno ruso.

Hoy se cumplen cinco años del plebiscito ilegal que sirvió a Rusia para anexionarse la península de Crimea, un territorio perteneciente a Ucrania y reconocido como tal por Rusia en múltiples documentos internacionales y bilaterales; entre ellos, el tratado de amistad de 1997, el “gran tratado”, que expirará formalmente el próximo 1 de abril. El continente europeo vive un periodo de turbulencias y es el escenario de una guerra híbrida entre Ucrania y los separatistas prorrusos de la región de Donbás, apoyados por Moscú. El año 2014 marcó una fisura en Europa y socavó el orden internacional vigente desde la desintegración de la URSS en 1991. La anexión de Crimea fue el punto de partida de una cadena de sanciones occidentales contra Rusia que continuó tras el levantamiento de los separatistas del este de Ucrania en abril y mayo de 2014 y el derribo del avión malasio con tres centenares de personas a bordo sobre el territorio de la refriega en julio de aquel año.

Según el último balance del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, del 14 de abril de 2014 al 15 de febrero de 2019, en el conflicto de Donbás han perecido entre 12.800 y 13.000 personas (de ellas, un mínimo de 3.321 civiles y 9.500 combatientes). A esta cifra, hay que añadir hasta 30.000 heridos. La guerra en el este de Ucrania continúa, en fase de baja intensidad, sin perspectivas de acabar, dado que ni Rusia quiere anexionarse la arruinada región minera industrial de Donbás ni los dirigentes de Kiev están interesados en una población hostil al proyecto de Ucrania integrada en la Unión Europea y la OTAN. A las sanciones occidentales, Rusia replicó con sus propias restricciones. Hoy, sanciones y contrasanciones forman una intrincada maraña en la que resulta difícil deslindar causas y efectos. Cinco años después de la anexión, Crimea está de hecho integrada en Rusia, con sus viejos y nuevos problemas, y la culminación de ese proceso es el puente sobre el estrecho de Kerch, una exhibición de ingeniería que fue inaugurado en 2018 y que asegura la conexión directa entre la península y Rusia.

Moscú ha intervenido en Crimea a su manera, con desconfianza hacia la población autóctona, recortando las libertades, reprimiendo las instituciones tártaras y persiguiendo a sus líderes, que se han visto obligados a abandonar la península. Lo ha hecho también con escándalos de corrupción, apropiaciones truculentas de empresas y tierras, y, de momento, no está dispuesta a dar explicaciones a nadie.

Vladímir Putin obtuvo grandes réditos personales de la campaña de Crimea, pero la popularidad del líder que creció gracias al fervor nacionalista de 2014 va remitiendo a medida que Rusia se embarranca en la crisis económica y recorta prestaciones sociales para afrontar una nueva carrera armamentística. Durante estos cinco años, Ucrania se ha sumergido en la crisis económica, y sus problemas son magnificados y manipulados por los medios de comunicación rusos. Las tergiversaciones de Moscú han llegado al punto de presentar el fin del tratado de amistad entre los dos países, que estipulaba la inviolabilidad de las fronteras, como una consecuencia de las transgresiones de Ucrania.

 

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