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Alianza por el Referéndum Consultivo se reunió con comisión de la ONU

 

Bachelet podría contribuir a una salida pacífica a la crisis

El pasado 13 de marzo  se reunieron con la Comisión enviada por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, una delegación de la Alianza por el Referendum Consultivo (ARC), integrada por Gustavo Márquez Marín, Enrrique Ochoa Antich, Edgardo Lander, Santiago Arconada y Estaban Emilio Mosonyi, con el fin de presentar su visión sobre la grave crisis sistémica por la que atraviesa el país y su enorme impacto en la precarización de la vida y en la violación de los derechos humanos de la gran mayoría de los venezolanos. Dicha Comisión realiza una visita de dos semanas, con el fin de evaluar si existen condiciones para que la Alta Comisonada epte la invitación que le hizo el gobierno nacional, para que nos viisite proximamente con el fin de evaluar la situación de los drechos humanos en Venezuela.

La ARC le hizo saber a la comisión de la ONU, la importancia que tiene la actuación urgente en Venezuela de la Alta Comisionada como garante de los derechos humanos, no solo para que haga una constatación en campo rigurosa de la emergencia social y la violación de derechos fundamentales consagrados en la Constitución, sino también, para que interponga sus buenos, oficios dentro del ámbito de sus competencia, para evitar que la crisis político institucional venezolana desemboque en una guerra civil con participación internacional. La estrategia para lograr ese propósito es promover el diálogo y la negociación con el  acompañamiento de la ONU, entre la Asamblea Nacional y el Gobierno de Nicolás Maduro, dejando en manos del pueblo soberano la decisión de relegitimar o no los poderes públicos nacionales, a través de un referéndum consultivo convocado por un Consejo Nacional Electoral de consenso nacional que garantice la confiabilidad del voto. En ese referéndum consultivo (artículo 5,70 y 71 de Constitución) el pueblo decidiría si quiere o no relegitimar los poderes públicos en una elecciones a realizarse en un plazo no menos a 6 meses. De esa manera, a partir de ese referéndum se inciaría el proceso de restablecimiento de la Constitución y  reinstitucionalización del país. En el contexto de un diálogo social amplio y como parte de los acuerdos que deben alcanzarse a corto plazo entre la Asamblea Nacional y el Gobierno, con el apoyo decisivo de la Oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet y del Secretario General de la ONU, se avanzaría en la construcción y ejecución de un plan para atender la emergencia social compleja de Venezuela, direccionado a la atención de las necesidades más apremiantes del pueblo venezolano en materia de salud, alimentación y servicios esenciales, operativizado a través de los organismo especializados del Sistema de Naciones Unidas  (UNICEF, ACNUR, FAO, PNUD, OMS, OPS, CICR etc.) y financiado a través de un fondo especial de cooperación y solidaridad con Venezuela. De esa manera, la ayuda humanitaria ofrecida por EEUU y la UE podría canalizarse a través de este fondo, evitando así que siga siendo utilizada como un instrumento intervencionista, violando las normas que regulan este tipo de ayudas en la comunidad internacional.

En relación a la crisis político institucional, la ARC considera que “En estas circunstancias, en que ambos factores se disputan el poder actuando al margen de la Constitución, provocando una grave crisis institucional que amenaza la gobernabilidad del país en el contexto de una aguda crisis económica y social que ha precarizado la vida de la gran mayoría de los venezolanos, cuando esa confrontación podría terminar en una guerra civil con participación internacional, la OHCHR podría jugar un papel fundamental dentro de su ámbito de acción para evitar ese desenlace, que de darse, agravaría la situación de los derechos humanos de los venezolanos e incluso, podría hacer nugatoria la ayuda que pudiera adelantar en lo inmediato dicha institución, para atender el drama social venezolano”

Finalmente la ARC, se puso a la orden para apoyar en  lo que esté a su alcance para el éxito de su misión, que en definitiva sería también un logro para pueblo venezolano.

Exposición de la ARC a la comisión de la ONU

Una salida a la crisis pacífica, constitucional y soberana la ONU debe gestionar la cooperación internacional con Venezuela para atender la emergencia humanitaria compleja existente

1-Que el pueblo decida la relegitimación de los Poderes Públicos

Solicitarle a la OHCHR su consideración de la propuesta que en nuestra opinión, garantiza una salida pacífica, constitucional, electoral y soberana a la crisis política venezolana, sin la cual tampoco será posible superar la emergencia social humanitaria compleja que padece la sociedad venezolana y evitaría que el desenlace de dicha crisis sea la guerra civil con participación internacional. Le hacemos esa solicitud en nombre del pueblo venezolano, en momentos en que se cierne sobre nuestra Nación una grave amenaza por la agudización de la crisis social y el escalamiento del conflicto político interno. La crisis política ha tomado un nuevo giro a partir del establecimiento de un “estado paralelo” encabezado por el autoproclamado presidente de la Asamblea Nacional como “presidente de la república interino”, Juan Guaidó, con el respaldado de EEUU, del llamado Grupo de Lima y algunos países de la Unión Europea, quienes han pasado a jugar un papel protagónico, bajo el liderazgo del gobierno del Presidente Donald Trump, para forzar la salida inmediata del Presidente Maduro mediante la aplicación de sanciones económicas y financieras extremas, que han agravado la ya precaria situación de nuestro pueblo, y con la amenaza de una intervención militar bajo la fachada de proveer una supuesta “ayuda humanitaria” que ellos mismos están ayudan do a profundizar con las ansiones y no califica como tal según la CICR, repitiendo el libreto aplicado en Libia y Siria.

Esta acción injerencista de EEUU y sus aliados, asumiendo arbitrariamente la representación de la “Comunidad Internacional”, sin tenerla, reafirma su empeño en dinamitar las bases del multilateralismo, para imponer la lógica unilateral del dominio geopolítico por la fuerza y la guerra, pasando por encima del derecho de los pueblos y los Estado a autodeterminarse, que es la regla de oro de la coexistencia pacífica de las Naciones. Con la conversión de Venezuela en un escenario de la disputa geopolítica entre las grandes potencias, América Latina dejará de ser zona de paz, afectando seriamente la seguridad global. En este contexto, estamos convencidos que la ONU puede jugar un papel de mediación eficaz para evitar que el conflicto venezolano desemboque en la guerra, mediante la promoción y el acompañamiento del diálogo y la negociación entre la Asamblea Nacional y el Gobierno de cara a la sociedad, para construir una salida pacífica, constitucional y soberana a la crisis.

Desde la Alianza por el Referéndum Consultivo (ARC), estamos impulsando un movimiento nacional para la convocatoria de un referéndum consultivo con base en los establecido en los artículos 5, 70 y 71 de la Constitución, para que el pueblo venezolano decida si quiere o no renovar los poderes públicos, previa reestructuración del Consejo Nacional Electoral con el fin de garantizar la transparencia y confiabilidad del sufragio, con la convocatoria a una elecciones nacionales en un plazo no mayor de seis meses después de efectuado dicho referéndum. Este referéndum puede ser convocado mediante acuerdo entre la Asamblea Nacional y el Gobierno. Por nuestra parte, adelantaremos un proceso de recolección del 10% de las firma de los electores para formalizar la solicitud. Simultáneamente, estamos promoviendo el diálogo social y político incluyente, la negociación entre la AN y el gobierno1, para avanzar en la construcción de la “ruta de la paz. Esta pasa por la convocatoria al referido referéndum y por el abordaje, sin más dilaciones, de un plan de emergencia y recuperación nacional, que atienda la emergencia social humanitaria compleja y la estabilización de la economía.

2-El papel de la ONU para promover la paz y una salida política a la crisis

A la luz de los pronunciamiento del Secretario General de la ONU, de la mayoría del Consejo de Seguridad, del llamado Grupo de Lima y recientemente de la vocera de la Unión Europea, se afianza más la tesis, de que son los venezolanos los que deben decidir su situación sin injerencias foráneas ni intervención militar extranjera, utilizando como herramienta el diálogo y la negociación. Sin embargo, el plan del sector opositor que controla la Asamblea Nacional, encabezado por el autoproclamado “Presidente interino” Juan Guaidó, que hemos llamado la “ruta de la guerra”, de entrada desecha el diálogo y la negociación al proclamar la cesantía del gobierno de Maduro y pretender instalar un gobierno de transición regido por un “estatuto ad hoc” al margen de la Constitución, para luego convocar en un año a elecciones preparadas por dicho gobierno, presumiendo del respaldo económico y militar de EEUU y un grupo de países que lo han reconocido a los cuales le asignan arbitrariamente, sin tenerla, la representación de “comunidad internacional”. Del otro lado, el gobierno autoritario de Nicolás Maduro sigue ejerciendo a través de un inconstitucional estado de excepción permanente violatorio de los derechos humanos y una írrita “asamblea nacional constituyente plenipotenciaria y supraconstitucional”, mostrando permanentemente su incapacidad incapacidad para manejar la crisis y atender la emergencia social humanitaria compleja que padece el pueblo de Venezuela, la cual se agrava día a día y la cual se está haciendo más aguda e insoportable , con la aplicación indiscriminada por nuevas y mayores sanciones económicas por el gobierno de EEUU y sus aliados.

En estas circunstancias, en que ambos factores se disputan el poder actuando al margen de la Constitución, provocando una grave crisis institucional que amenaza la gobernabilidad del país en el contexto de una aguda crisis económica y social que ha precarizado la vida de la gran mayoría de los venezolanos, cuando esa confrontación podría terminar en una guerra civil con participación internacional, la OHCHR podría jugar un papel fundamental dentro de su ámbito de acción para evitar ese desenlace, que de darse, agravaría la situación de los derechos humanos de los venezolanos e incluso, podría hacer nugatoria la ayuda que pudiera adelantar en lo inmediato dicha institución, para atender el drama social venezolano. Entendemos que el alcance de la acción de la OHCHR en su rol de garante de los derechos humanos incluye la prevención de los conflictos armados, la atención de las secuelas durante y después de los mismos, apoyándose en los organismo especializados del Sistema de Naciones Unidas como ACNUR, UNICEF Y el CICR a través de los organismos especializados y sus respectivos programas específicos. En ese sentido y con base en esa amplia experiencia acumulada en su participación en situaciones conflictivas a nivel global, consideramos que la OHCHR y la ONU en general, podría asumir el rol de promotor de la “ruta de la paz” para evitar la guerra, a través de la promoción, acompañamiento y facilitación del diálogo y la negociación transparente entre la Asamblea Nacional y el Gobierno, para transitar una salida política a la crisis que permita restablecer la Constitución, derogada de facto por ambos e iniciar el proceso de reinstitucionalización del país y, simultáneamente, gestionar un programa integral de atención de la emergencia social humanitaria compleja que padece nuestro país. Ese proceso de restablecimiento de la Constitución y reinstitucionalización, comenzaría por la consulta al pueblo, en referéndum consultivo, para que decida si quiere o no relegitimar los poderes públicos nacionales a través de la convocatoria en un plazo no mayor de seis meses de una elecciones nacionales.

3-Un programa de emergencia humanitaria de solidaridad con Venezuela

Por tratarse de una crisis sistémica, el programa de atención de la emergencia social humanitaria debe considerar este carácter para que realmente sea eficiente y genere el impacto sustantivo esperado. Eso además tiene sentido y se reafirma en la la visión que maneja la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet en su discurso ante la 40va sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra el 6 de marzo de 2019, el cual citamos a continuación:

Ayudar a los Estados a crear y mantener una dinámica positiva, de modo que los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales trabajen en sinergia para lograr el máximo efecto positivo, es un papel esencial para las Naciones Unidas en su conjunto. La Oficina participa de manera muy sólida en esa tarea y aprecia la colaboración genuina de muchos Estados Miembros”.

Específicamente en el caso Venezuela apunta:

La situación en Venezuela ilustra claramente la forma en que las violaciones de los derechos civiles y políticos, incluida la falta de defensa de las libertades fundamentales y la independencia de las instituciones clave, pueden acentuar una disminución de los derechos económicos y sociales. También muestra cómo esas condiciones económicas y sociales que se deterioran rápidamente dan lugar a más protestas; incluso mayor represión; y nuevas violaciones de los derechos civiles y políticos, una espiral de tendencias aceleradas y fuertemente negativas. Esta situación se ha visto exacerbada por las sanciones, y la actual crisis política, económica, social institucional resultante s alarmante. La cantidad sin precedentes de venezolanos obligados a abandonar sus hogares y su país también tiene serias consecuencias en toda la región”

El carácter sistémico y la magnitud de la crisis venezolana, y el enfoque integral e interdependiente de los Derechos Humanos, exigen que el programa para atender la emergencia social humanitaria sea concebido y ejecutado con base en esa consideración. En este caso, en el que además el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, con el apoyo del gobierno de EEUU y el Grupo de Lima, pretendió utilizar el ingreso forzado al país de una supuesta “ayuda humanitaria” como una excusa para provocar el levantamiento de las FANB, se impone la mayor transparencia y coherencia con los principios que rigen la cooperación internacional en materia de derechos humanos y la atención de la emergencia humanitaria. Otro criterio importante a tener en cuenta en el diseño y operativización del programa de atención a la emergencia social humanitaria. Deriva del enfoque basado en los derechos humanos que aplica la OHCHR precisamente a la acción humanitaria6, el cual “asegura la participación de la población afectada en los esfuerzos de preparación, respuesta y recuperación. Nuestro objetivo es empoderar a las personas que reclamen sus derechos y fortalecer las capacidades y responsabilidades de los responsables de cumplir con sus obligaciones legales en virtud de las leyes internacionales de derechos humanos y humanitarios. Intentamos incluir a los más vulnerables y excluidos de la protección y asistencia humanitaria, reducir la discriminación y la politización de la distribución de la ayuda, y sugerir medidas para prevenir las violaciones y su repetición”. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la existencia de un escenario político altamente polarizado, lo cual exige máxima transparencia y sustentación sinérgica entre la ONU, el Estado y las organizaciones sociales, en el diseño y ejecución del programa de cooperación internacional, para atender las necesidades en materia de salud, alimentación y servicios esenciales. El financiamiento de ese programa debe dar lugar a la formación de un fondo constituido a partir de los aportes de países donantes y según los procesos establecidos por la ONU.

 

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