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Alberto Benegas Lynch: Emilio J. Hardoy, un gran periodista

 

Para tener presente puntos de referencia ejemplares, conviene tener presente a hombres cuyas conductas han sido muestras de integridad y coraje moral. Este es el caso del magistral periodista argentino Emilio Hardoy (1911-1996) de la antigua La Prensa de Alberto Gainza Paz en Buenos Aires. Hardoy, una personalidad jovial provista de un gran sentido del humor y de una coherencia inclaudicable con sus ideas que siempre sostuvieron las bases de una sociedad abierta.

De entrada es pertinente citarlo en sus memorias No he vivido en vano las cuales ilustran el fondo de su filosofía: “Ante todo declaro que el poder es, en si mismo, maldito. ¿Por qué un hombre revestido de un inmenso poder puede imponer a otro su voluntad? […] ¿Por qué un hombre puede mandarme a mí que soy también un hombre libre por la voluntad de Dios? ¿Por qué un hombre provisto de autoridad, boato, riqueza, privilegios y honores puede obligarnos? Únicamente los vicios y debilidades de la naturaleza humana permiten esbozar una justificación moralmente insuficiente, pues su fundamento sería en todo caso la conveniencia y no la virtud”.

Hardoy se desempeñó como editorialista en aquél gran diario de entonces y que sucedió a otro extraordinario periodista: Alfonso Laferrere. En 2008 Gastón Pérez Izquierdo y Alberto Allende Iriarte me convocaron para escribir en homenaje a Hardoy en un libro en el que también escribieron Gregorio Badeni, Carlos Ortiz de Rozas, Natalio Botana y Rosendo Fraga, obra titulada Hardoy: la lucha por la libertad patrocinada por la Fundación Hardoy, aparecida gracias a la generosidad de Carlos Pedro Blaquier.

En esta ocasión reitero lo que escribí en esa oportuidad al comentar algunos de los editoriales de Hardoy que aludían a la economía. Por razones de espacio, no puedo reproducir todo ese texto pero incorporo apenas una parte reducida al efecto de rendir nuevo homenaje al insigne periodista y hombre público que difundió sus valores y principios en su incursión en la política y como ensayista.

Procedo entonces en consecuencia, a continuación transcribo lo dicho al comentar editoriales de La Prensa de antaño, a los que encabezo con el título del mismo. En el libro de referencia comenté extensamente diez editoriales, en este caso, dado que ahora se trata de una nota periodística, reproduzco solo uno y una parte reducida del segundo, ambos con una vigencia preocupante.

“El presupuesto para 1978”. En este editorial se destaca la relevancia de la ley de presupuesto como “ley de las leyes” en el sistema republicano de gobierno y formula certeras críticas a declaraciones de funcionarios del momento. La asignación de partidas y el modo de obtener los recursos correspondientes definen la política. A través del presupuesto se constata la participación del Estado en la renta nacional, la presión tributaria, la evolución monetaria, el endeudamiento, el equilibrio (o desequilibrio) de las cuentas fiscales y las prioridades de la gestión gubernamental. En el contexto de la división horizontal de poderes, estas delicadas e importantes funciones están asignadas al Poder Legislativo. En modo alguno resulta aceptable que el Ejecutivo se arrogue aquellas facultades o que el Congreso abdique de tales responsabilidades y las delegue al Presidente y sus colaboradores, puesto que éste comportamiento significaría la suma del poder público que se da de bruces con los principios mas elementales del sistema republicano. Lamentablemente esto es lo que en mayor o menor medida viene sucediendo en nuestro país en regímenes militares y bajo la fachada de la democracia que, procediendo de esta manera, se convierte en la antítesis de esta forma de gobierno ya que presupone también la división de poderes al efecto de contribuir a que se asegure y garantice el derecho de los gobernados.

En este mismo editorial se alude a la necesidad “de privatizar las empresas estatales, factor fundamental del desequilibrio que soportamos”. Resulta de interés detenernos en este punto. La razón central de la imperiosa necesidad de deshacerse de los activos en manos estatales para propósitos comerciales, estriba en el despilfarro de capital que significan las llamadas empresas estatales. Dado que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, resulta de gran trascendencia aprovechar los factores productivos disponibles. Si la gente con sus compras y abstenciones de comprar asigna recursos en ciertas proporciones es porque eso es lo que estima es acorde con sus preferencias. Cuando el aparato estatal constituye una empresa, lo hace necesariamente con recursos provenientes del contribuyente con lo que inexorablemente disminuye en forma coactiva la previamente mencionada asignación de factores productivos. En otros términos, si la gente decidió establecer los sectores a,b,c,d y e, ahora que se establece la empresa estatal f, habrá que detraer recursos de los antedichas áreas para reasignarlos a este último sector. A los efectos didácticos, supongamos que se eliminó e para contar con f. Por tanto, en nuestro ejemplo, el cambio de e por f significa una reducción en el nivel de vida de la población que prefería e en lugar de f. En resumen, el problema de la empresa estatal comienza en el momento mismo de su parición, independientemente de que ocurra después. Si la empresa en cuestión es además deficitaria, monopólica y presta malos servicios, estos fenómenos serán agravantes pero el problema central radica en el desvío de recursos.

En otro orden de cosas, no cabe argüir que se salvan los antes aludidos agravantes si la empresa estatal arrojara superávit, si se desenvuelve en “competencia” o si ofrece “buenos” servicios. En primer lugar, el superávit se politiza ya que al no operar en el mercado no se sabe si las tarifas están demasiado altas o demasiado bajas. En segundo término, no resulta posible jugar a la competencia. No se trata de un simulacro. O se opera con todos los rigores que implica la competencia o se opera en el sector político recurriendo a los resortes que brinda esa estructura. Para competir, hay que hacer eso, léase: competir. Por último, carece de sentido hacer referencia a los “buenos” servicios de una empresa estatal puesto que deben compararse con lo que se hubiera realizado con los recursos de no haber mediado la imposición fiscal que no permitió que se asignen del modo que la gente hubiera preferido de no haber mediado la intromisión estatal.

Tampoco tiene sentido reiterar el lugar común de que, a diferencia de las empresas privadas, la empresa estatal puede instalarse allí donde las operaciones no resultan rentables. Las consecuentes pérdidas son absorbidas por la comunidad, muy especialmente por los que menos tienen ya que verán disminuidos sus salarios en términos reales debido a que las inversiones productivas no se realizan, precisamente como consecuencia de los gravámenes adicionales para financiar un proyecto antieconómico, con lo cual se expanden las zonas de pobreza.

En verdad, hoy día no es pertinente poner especial énfasis en las empresas estatales propiamente dichas, puesto que la técnica moderna de manipulación hace que los gobiernos simplemente expropien el flujo de fondos directamente o indirectamente a través de un enjambre de regulaciones, convirtiendo de facto a la empresa privada en estatal con los mismos resultados y las mismas consecuencias señaladas. Tristes han sido en verdad los casos en que se han “privatizado” empresas estatales transfiriendo monopolios del sector público al sector privado rodeados de todo tipo de corrupciones y corruptelas de naturaleza diversa, con lo que los servicios han resultado naturalmente deficientes al no estar expuestos a la competencia.

“La situación económica mundial”. En esta columna Hardoy afirma que “El rápido crecimiento de las deudas internacionales, que afecta a algunas de las naciones mas ricas y también de las mas pobres de la Tierra, se está convirtiendo en un insoslayable problema político además de financiero”. Sabia advertencia. En los días que corren, las deudas estatales se han convertido en una dolorosa espina que tiene en jaque a mas de un gobierno, lo cual siempre significa que tiene en jaque a los integrantes de la comunidad que indefectiblemente deben hacerse cargo del endeudamiento con el fruto del trabajo de cada uno de sus integrantes. Y no solo eso, sino que se compromete el patrimonio de futuras generaciones que ni siquiera han participado en el proceso electoral para elegir al gobernante que contrajo la deuda. Por esto es que ese ha dicho acertadamente que la deuda pública no resulta compatible con la democracia. En esta misma línea argumental, se ha propuesto que constitucionalmente se excluya el endeudamiento estatal como método de obtener fondos, limitando los canales a la tributación, es decir, a los bienes presentes sin contar con la posibilidad de endosar coactivamente el problema sobre las espaldas de futuras generaciones.

Pero el asunto no se limita a este aspecto sino que se extiende a organismos internacionales que se financian con recursos coactivamente detraídos a través de impuestos. Muchos de estos organismos prestan a gobiernos a todas luces insolventes o hacen de paraguas protector para que la banca privada efectúe préstamos a países a los que nunca hubieran otorgado préstamos si no fuera por la mencionada garantía. Este es el caso de los llamados “países del tercer mundo” o “subdesarrollados”. Esta categoría de países aparece debido a las políticas desacertadas de sus gobernantes. Controles de cambios, manipulaciones del sector externo, precios máximos y mínimos, empresas estatales, reformas agrarias, constituciones que mas se parecen a una lista de aspiración de deseos que a las debidas limitaciones del poder, re-distribución de ingresos por métodos políticos que contradicen lo expresado por la gente en los mercados, corrupciones galopantes, inexistencia de organismos de contralor y división de poderes, aumentos astronómicos del gasto público, déficit fiscal y, por supuesto, elevados índices de endeudamiento. Todo esto hace que se fuguen los mejores cerebros y cantidades colosales de recursos que buscan horizontes mas seguros. En medio de este desorden y estas estampidas aparecen burócratas ofreciendo carradas de dólares con lo que se estimula a continuar con las políticas desatinadas, que a su vez prolongan e intensifican el problema. Como han señalado, entre otros, Anna Schwartz – coautora de una de las más completas historias monetarias de los Estados Unidos – y Peter Bauer – profesor en la London School of Economics hasta que murió- la receta para estos casos debería consistir en cortarles completamente el crédito de gobierno a gobierno. Supongamos que ello ocurra, los gobiernos receptores y responsables de tanta catástrofe estarían frente a dos posibilidades. O bien reforman sus marcos institucionales, convirtiéndose en un país civilizado con lo que repatriarán su gente y los capitales y recibirían préstamos privados sobre bases serias, o de lo contrario, si deciden continuar con las medidas desatinadas, deberán buscar préstamos en lugares como La Habana (si es que allí encuentran fondos), pero no en Washington.

@ABENEGASLYNCH_h

 

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