La reciente declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, significa un nuevo golpe al régimen que encabeza Nicolás Maduro. Se trata de una denuncia que descalifica ética y políticamente a una dictadura aferrada al poder al margen de la legitimidad, y apuntalada en el ejercicio de una salvaje represión sin precedentes en la historia americana.
Con vergonzosas excepciones las izquierdas que en distintas latitudes del planeta apuntalaron a Chávez, y que en un comienzo se hicieron los desentendidos frente a los atropellos de su nefasto sucesor, hoy condenan a la dictadura venezolana y denuncian sus brutales procedimientos, así como su corrupción, sus nexos con el narcotráfico y con el terrorismo internacional.
Venezuela ha pagado durante los últimos veinte años, un terrible costo en muertes, persecución, cárcel, exilio político y emigración forzada, ruina económica, desintegración de las instituciones de la república y destrucción progresiva de los valores fundamentales de la nación. Por ello el tamaño del desastre que sufrimos hace universal el rechazo a la tiranía y obliga a colocar a un lado las discrepancias ideológicas a la hora de mancomunar esfuerzos en el rescate de un país secuestrado por bandas criminales. Y es así como la dos veces Presidenta de Chile Michelle Bachelet, hoy al frente de la importante comisión de la ONU, ha dado continuidad a la gestión realizada por su antecesor Zeid Ra ad Al Husein, quien durante su desempeño como Alto Comisionado denunció las atrocidades de las dictaduras de Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Sólo que para Maduro y Ortega resulta imposible convencer a nadie de la absurda versión según la cual Bachelet es un agente del imperialismo o una figura integrante de la supuesta conspiración tenebrosa que pretende acabar con la igualmente supuesta “revolución del siglo veintiuno”.
La señora Bachelet, al margen de la visión que se tenga de su desempeño como lideresa de la izquierda chilena, tanto en el ejercicio de los gobiernos de la Concertación Democrática como en los tiempos de su militancia política contra la dictadura de Pinochet, lo cierto es que ella fue víctima directa de la persecución de ese régimen. En 1975 es detenida, junto a su madre la arqueóloga Angela Jeria por la criminal Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y trasladadas al centro de torturas conocido como Villa Grimaldi en donde fueron sometidas a bestiales suplicios, muy similares a los que hoy en nombre la revolución se aplican en Venezuela. Su padre el general de brigada de la fuerza aérea Alberto Bachelet murió el 12 de marzo de 1974 en la cárcel pública de Santiago al sufrir un infarto, como consecuencia de intensas jornadas de castigos corporales. Había sido declarado “traidor a la patria”, por negarse a respaldar el golpe contra Salvador Allende, y por su participación en ese gobierno como Jefe de la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP), organismo encargado de combatir la especulación y la escasez de los productos de primera necesidad. Por cierto, traidor a la patria ha sido el mismo calificativo utilizado por Fidel, Chávez, y Maduro para liquidar la disidencia.
En su primer gobierno (2006-2010) la presidenta chilena mantuvo normales relaciones con el entonces todo-poderoso Hugo Chàvez, aunque supo marcarle prudente distancia al proyecto hegemónico del teniente coronel, quien parecía disparado a liderizar la política continental contando para ello con los silencios cómplices o con las solidaridades activas de los países integrantes de la OEA, manejada en aquel tiempo por el amorfo Secretario General José Miguel Insulza.
Y en su segundo mandato (2014-2018) pese a integrar en su gobierno al Partido Comunista de Chile, movimiento político identificado fervorosamente con Chàvez y Maduro, fue la chilena la única embajada en otorgar protección a venezolanos perseguidos por razones políticas. En esa embajada hoy se encuentran asilados el presidente de Copei Roberto Henríquez y el ex vicepresidente de la Asamblea Nacional Freddy Guevara. Y en esa misma sede diplomática se refugiaron los magistrados del legítimo Tribunal Supremo de Justicia hasta que lograron escapar rumbo al exilio. Recordemos cómo, aquellos compatriotas recibieron en todo momento el apoyo solidario, directo y franco del entonces canciller chileno Heraldo Muñoz y del embajador Pedro Felipe Ramírez, quienes reivindicaron el derecho de asilo, y la decisión de otorgarlo a favor de quienes sufren los rigores del acoso represivo imperante en el país.
En su última declaración Bachelet ha ratificado lo que expresó en el discurso inaugural de su gestión el 10 de septiembre de 2018 cuando denunció la emigración forzada de 2, 3 millones de personas (el 7 por ciento de la población total de Venezuela), la escasez de alimentos y medicinas, la violación de los derechos humanos, los asesinatos practicados por los cuerpos policiales, por los efectivos militares y los paramilitares al servicio del oficialismo; así como la negativa a rendirle cuentas a la Alta Comisión sobre violaciones documentadas por esa Oficina relacionadas con las manifestaciones de protesta del año 2017. Y a pesar de ciertas dudas y suspicacias iniciales en relación con el resultado final de las investigaciones que ha venido a realizar en nuestro país el equipo técnico enviado por ella, este segundo pronunciamiento de la ex presidenta el 21 de marzo de año en curso, ha sido aún más contundente, y los términos de su discurso están alejados de subterfugios y evasivas. De esa manera queda retratado el régimen venezolano como una tiranía que niega el Estado de Derecho en la vida interna del país, y que vulnera descaradamente los derechos humanos consagrados en la legislación universal.
En respuesta a estos graves señalamientos que desnudaron ante las Naciones Unidas la realidad venezolana, el oficialismo responde con la detención de Roberto Marrero jefe del Despacho presidencial de Juan Guaidó, a quien se le involucra con fantasmales grupos colombianos y centroamericanos contratados para realizar una cadena de atentados en distintas regiones del país.
Por cierto, en la medida en que sigue avanzando la represión lo que si se evidencia claramente es la presencia en Venezuela de los terroristas del ELN que asesinan impunemente en Guayana a guardias nacionales y a los indios pemones que oponen resistencia a esa guerrilla colombiana, cuyas criminales acciones vandalizan a nuestra frontera.