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El País / Editorial: Ayuda para morir

 

María José Carrasco con su marido, Ángel Hernández

Después de 14 intentos fallidos de regular la eutanasia en España, la proposición de ley presentada por el PSOE el pasado mes de junio contaba por fin con una mayoría suficiente para reformar el artículo del Código Penal que castiga la ayuda al suicidio y despenalizar el derecho, en determinadas circunstancias, a elegir el momento de la muerte y recibir asistencia médica para ello. Pero la legislatura se ha interrumpido sin que la ley pudiera llegar a ser discutida en ponencia por la obstrucción del PP y de Ciudadanos, gracias a su mayoría en la Mesa del Congreso. El 12 de enero se cumplieron 20 años desde que la muerte de Ramón Sampedro abrió en España el debate de la eutanasia. El tetrapléjico gallego fue la primera persona en acudir a un juzgado para pedir que le ayudaran a morir. No lo consiguió y tuvo que morir de forma clandestina con la ayuda de amigos que se arriesgaron a acabar en la cárcel.

Ramón Sampedro quiso que se grabara su muerte como testimonio de una necesidad social que los mejores cuidados paliativos no pueden resolver. Otra persona gravemente enferma ha tenido que valerse de este procedimiento para insistir en la misma demanda. María José Carrasco, de 62 años, enferma de esclerosis múltiple desde que tenía 32, murió la semana pasada tras recibir un cóctel letal de manos de su marido, Ángel Hernández, que la ayudó a tomarlo después de haberla cuidado durante años. Fue su último acto de amor. Es de una crueldad extrema que dos personas en esa situación tengan que recurrir a la exposición pública de un acto tan íntimo como es la muerte para apoyar una causa que consideran justa. Y todavía resultaría más penoso que Ángel Hernández tuviera que ir a la cárcel por ello.

En la misma tesitura se han encontrado durante todos estos años otros enfermos que, ante la perspectiva de tener que soportar una agonía insufrible, han decidido poner fin a sus vidas. Muchos de ellos, aquejados de enfermedades neurodegenerativas como la de María José Carrasco, se han suicidado antes de lo que hubieran deseado por temor a no poder hacerlo más adelante por sí mismos y encontrarse así atrapados en una vida que no desean o verse obligados a repercutir sobre otros las consecuencias de su decisión. La medicina dispone de recursos paliativos, pero siempre habrá una minoría de enfermos en la que los remedios disponibles no sean efectivos. Conforme se alarga la esperanza de vida y la medicina permite prolongar la vida, es presumible que esa situación sea cada vez más frecuente.

La sociedad española está madura para adecuar su legislación a esta nueva realidad social. Resulta sorprendente la resistencia política que encuentra una reforma legislativa que desde hace tiempo cuenta con un amplio apoyo ciudadano y que figura en los programas electorales de una mayoría parlamentaria. Más del 70% de los españoles han manifestado en sucesivas y diferentes encuestas que están a favor de regular la eutanasia en caso de enfermedad incurable que provoque grandes sufrimientos. Tal reforma no supone además ningún salto en el vacío. La eutanasia y el suicidio asistido se aplican sin problemas desde hace años en países como Bélgica, Holanda o Suiza. El temor a que su despenalización pudiera conducir a una situación de abuso es legítimo, pero la experiencia de otros países demuestra que existen mecanismos de control capaces de evitarlo.

 

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