En las últimas dos semanas, el debate internacional sobre cómo resolver la crisis política en Venezuela se centró en dos propuestas muy claras. Desde los países que integran al Grupo de Lima se insistió en mantener la hoja de ruta planteada por el presidente encargado Juan Guaidó. Para este grupo de países, la opción a la salida de la crisis política en Venezuela se circunscribe a lograr el cese de la usurpación, para dar cabida a un Gobierno de unidad nacional que termine convocando un pro- ceso electoral.
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La otra opción para solucionar la crisis era la propuesta de algunos de los países integrantes del Grupo de Contacto de la Unión Europea: realizar un evento electoral en el corto plazo, para que esas elecciones sirvan como paso previo a la conformación de un gobierno de unidad nacional.
El Grupo de Contacto de la Unión Europea ha sido enfático en que el proceso electoral que se realice debe cumplir con las siguientes condiciones:
- La reinstitucionalización de las instituciones clave del Estado, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Superior de Justicia y las instituciones del poder ciudadano.
- La constitución de garantías para que todos los posibles candidatos y partidos políticos puedan participar.
- Una actualización completa del registro electoral, incluyendo a los votantes jóvenes y a los venezolanos en el exterior.
- Enmienda del marco legal electoral para permitir el despliegue de misiones internacionales de observación electoral.
No obstante, los eventos del 30 de abril incluyeron una tercera opción planteada por un sector del chavismo como solución a la crisis: la designación de una junta cívico-militar que se encargara de guiar el proceso de transición hasta llegar a unas elecciones libres y reconocidas, no solo por los distintos factores políticos en Venezuela, sino por la comunidad internacional.
Los detalles
Las fuentes consultadas sostienen que la negociación para apartar a Maduro del poder incluía la designación de una junta de gobierno cívico-militar conformada, al menos, por cuatro personas: dos integrantes del Alto Mando Militar y dos magistrados integrantes del Tribunal Supremo de Justicia.
De la conformación de esta junta solo se conoce (de forma extraoficial) que dos de los cuatro integran- tes hubiesen sido el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el presidente del Tribunal Supremo de justicia Mickel Moreno.
Mas que una amnistía
Diversos analistas militares han señalado que los integrantes de las Fuerzas Armadas venezolanas aspiran a recibir de parte de la oposición venezolana mucho más que una oferta de amnistía. En este sentido, diversas fuentes vinculadas al mundo militar sostienen que los principales soportes de Maduro en el país necesitan recibir (de la oposición y de la comunidad internacional) incentivos creíbles de que serán parte del Gobierno de Unidad Nacional, que deberá conformarse después de que Maduro abandone el poder.
Las elecciones
Aunque las distintas pro- puestas para resolver la crisis política en Venezuela siguen sin concretarse, se mantiene los esfuerzos de adelantar la preparación de elecciones competitivas. La comisión especial de la Asamblea Nacional que analiza este tema ha preparada un cronograma referencial de lo que toma- ría organizar un proceso electoral con garantías.
En este cronograma se indica que las elecciones (una vez que cese la usurpación) pudiesen celebrarse entre siete y nueve meses. En este lapso se incluye 30 días para que el Parla- mento designe a los nuevos integrantes del Poder Ciudadano (Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la República y Contraloría General) y 50 días para la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según la propuesta de la Asamblea Nacional, antes de iniciar este proceso se debe comenzar el registro de los venezolanos en el exterior y precisar el tipo de logística necesaria para garantizar que los ciudadanos fuera del país puedan recibir sus documentos de identidad, tramitar su inscripción en el Registro Electoral (o tramitar su cambio de residencia) y poder votar en unas futuras elecciones.
Según la propuesta de la Asamblea Nacional (debe ser ratificada por un nuevo Poder Electoral) la organización de las elecciones debería durar, como promedio, 120 días, mientras el registro oficial de los venezolanos en el extranjero pudiese necesitar de al menos 90 días para su ejecución.
La mayoría de estos procesos se deben ejecutar en paralelo, incluyendo la auditoría al sistema auto- matizado de votación y la modificación de artículos específicos de la Ley Orgánica de Procesos Electora- les y de la Ley Orgánica del Poder Electoral.
Si se toma este cronograma como referencia de los próximos eventos, bien sea que cristalice la pro- puesta del Grupo de Lima, la del Grupo de Contacto de la Unión Europea o la designación de una junta de Gobierno, la materialización de unas elecciones competitivas ocurrirá siete o nueves meses después de la salida de Maduro del poder.