Desde que el gobierno recibió una amplia y contundente derrota electoral en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2.015, su deliberado propósito ha sido desconocer, anular y en definitiva impedir por todos los medios que ese poder del Estado encargado de legislar, debatir y sobre todo de controlar a un régimen ladrón y depredador, pueda cumplir a cabalidad sus trascendentes funciones.
Imposible desconocer la legitimidad de una Asamblea Nacional, a cuya conformación concurrieron más de 14 millones de venezolanos y en cuya composición, el PSUV tiene una importante fracción de más de 50 diputados, por lo que la estrategia del oficialismo ha estado destinada a anular sus facultades, valiéndose para ello en primer lugar de la fuerza bruta que le confiere la complicidad de la cúpula militar para cometer cualquier trapacería, y por supuesto la utilización del tinglado institucional encabezado por un tribunal Supremo de Justicia de espuria elección, subordinado a las ordenes del Ejecutivo, y cuyas sentencias violatorias abiertamente del texto constitucional han pretendido dejar sin efecto todas las leyes, medidas, nombramientos, acuerdos y resoluciones sancionadas por el poder legislativo, para lo cual han recurrido a la inexistente figura del desacato, que por supuesto solo pueden ser aplicadas mediante la fuerza y la violencia de institucional o de hecho.
En la misma dirección de la arbitrariedad y el abuso, se inscriben las atribuciones atribuidas a una inconstitucional y atrabiliaria Asamblea Constituyente, convocada al margen de toda previsión de derecho, y a la que se han pretendido otorgar atribuciones por encima de los poderes constituidos, de la legalidad y de la propia carta fundamental, conformándose un sistema totalitario, con el cual pretende avalarse todas las trasgresiones contra las instituciones legitimas y contra los propios ciudadanos.
Sin embargo en un mundo globalizado, interdependiente y cada vez más identificado con la defensa y preservación de los derechos humanos, las libertades y las instituciones democráticas, no ha sido fácil para el gobierno terminar de cerrar o desconocer a la Asamblea Nacional, la reacción que desde países, organismos internacionales y sectores representativos de la comunidad regional y mundial, se ha producido en reconocimiento del órgano legislativo como único depositario de la soberanía popular, con legitimidad de origen y desempeño, ha determinado que el gobierno tenga que combinar maniobras abiertas con medidas sofisticadas en su permanente deseo de liquidar a la AN, colocada de cara a la comunidad internacional como único representante de la legitimidad democrática.
De allí que a la declaratoria en “desacato”, al cerco económico, al desconocimiento de sus atribuciones y potestades, al hostigamiento de los colectivos, e haya sumado la persecusion contra un número significativo de sus miembros, a los cuales ha sometido a prisión, o ha obligado a refugiarse en sedes diplomáticas, o sencillamente a buscar amparo en otros países, todo ello violando la inmunidad y el fuero parlamentario, que no es una protección individual de sus miembros, sino una prerrogativa de la institución en protección y resguardo del cumplimiento sin cortapisas de sus funciones constitucionales, por lo que siendo esta la naturaleza de una institución de vigencia universal solo el cuerpo legislativo puede suspenderla cuando se demuestre que alguno de sus miembros ha incurrido en hechos delictivos.
La brutal persecusion desatada contra un grupo numerosos de parlamentarios, luego de los confusos acontecimientos del pasado 30 de Mayo, conforman de hecho una agresión personal, y un golpe de estado institucional, al recurrir el gobierno a un mecanismo inconstitucional, para desconocer la inmunidad, el privilegio procesal del antejuicio, y calificar manu militari como flagrancia y como delitos comunes, los imputados a los legisladores, iniciando contra estos una cacería sin precedentes, que se ha traducido en detenciones arbitrarias, resguardo en embajadas, y salidas del país para evitar que la mano larga de la represión pueda someterlos a privaciones ilegitimas de la libertad.
El procedimiento utilizado, que ha merecido la censura y el repudio dentro y fuera de Venezuela, es olímpicamente ilegal, pues la calificación de “flagrancia “ corresponde según la doctrina y jurisprudencia universal a que el presunto delincuente sea “…. Apresado en el momento en que esté cometiendo el delito “o “…lo acabe de cometer “circunstancia absolutamente ajena a los hechos que se les imputa. En segundo lugar la inmunidad es una protección procesal que solo puede ser suspendida por el cuerpo parlamentario, pues es parte de una atribución intransferible e indelegable de “calificar a sus miembros “, por lo que cualquier otra instancia que se atribuya esta facultad es sencillamente usurpadora, y por tanto inexistente.
Nada justifica este violento atropello contra el único poder de la republica que goza de reconocimiento, legitimidad, depositario inobjetable de la soberanía popular, frente a Venezuela y el mundo. Solo la prolongación de los abusos, de la violencia, y la represión, prevalidos en el uso indiscriminado de la fuerza lo explica. El régimen Venezolano en sus estertores mortuorios, lanza sus últimos zarpazos, señal inequívoca de su colapso.