Ni el más hábil ladrón de guante blanco hubiera conseguido entrar en la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela.
El cerco era total. Centenares de agentes de distintos cuerpos de seguridad, alineados cual muralla humana tras sus escudos antidisturbios, bloqueaban los accesos a la sede del Legislativo en el centro de Caracas.
“Esta es nuestra nueva normalidad”, lamentaba la diputada Tamara Adrián, en un receso de la reunión en la que un edificio aledaño los diputados que habían logrado llegar hasta allí debatían qué hacer si finalmente era imposible celebrar la sesión prevista.
Atrapados también en el dique policial, los periodistas aguardaban noticias, mientras las calles cortadas y los muchos controles de seguridad engordaban un atasco en la zona capaz de sacar de quicio al conductor más paciente.
Nada de eso alteró la disciplina de la formación, casi de hoplita, de los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional, que tenían órdenes estrictas de cerrar la Asamblea a cal y canto.
Tal era la escena el martes en la sede del poder legislativo venezolano, el único organismo controlado por la oposición y el nuevo frente de la crisis política e institucional venezolana.
“Persecución”
Según informó la AN, los mandos del Sebin llegaron a primera hora alegando que tenían que hacer una inspección en busca de un supuesto artefacto explosivopara luego pasar a impedir el acceso al edificio a diputados, empleados y periodistas.
La sesión prevista hubo de aplazarse este miércoles, cuando sí pudieron entrar aunque en medio de fuertes controles.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESEl presidente de la AN, el líder opositor Juan Guaidó, que se considera el presidente interino legítimo del país y cuenta con el apoyo de Estados Unidos y la mayoría de países de la Unión Europea y América Latina, denunció lo ocurrido como un “intento de secuestrar el poder legislativo” por parte del “dictador” Nicolás Maduro.
La presencia de los servicios de inteligencia impidiendo el normal desarrollo de sus actividades es el último episodio de lo que la oposición califica como “persecución política” contra los integrantes de la AN.
Estas denuncias arrecian después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición no reconoce y acusa de actuar al dictado del gobierno, iniciara el trámite para anular la inmunidad parlamentaria de varios destacados diputados opositores sobre los que pesan cargos de traición a la patria, conspiración, rebelión y otros graves delitos por su supuesta implicación en la insurrección capitaneada por Guaidó y su compañero de partido Leopoldo López para derrocar a Maduro el pasado 30 de abril.
Maduro consideró a estos diputados parte de un plan de la “extrema derecha terrorista” para sacarle del Ejecutivo.
Entre ellos se encuentran los representantes Freddy Superlano, Sergio Vergara, Juan Andrés Mejía, Carlos Paparoni y Miguel Pizarro, algunas de las caras más reconocibles de la oposición en los últimos años.
Derechos de autor de la imagenJUAN BARRETOEn el marco de la respuesta oficial a lo que el gobierno califica como “intento de golpe de Estado” se produjo también la detención de Edgar Zambrano, vicepresidente de la AN.
Algunos de los opositores señalados por las autoridades oficialistas han buscado refugio en las representaciones diplomáticas de países extranjeros en Caracas para evitar su arresto.
El diputado Juan Andrés Mejía le dijo a BBC Mundo desde el lugar en el que se esconde de los servicios de seguridad que los legisladores opositores son víctimas de “una campaña de amedrentamiento”, pero aseguró que piensan “seguir resistiendo para que la Asamblea pueda seguir haciendo su trabajo”.
Aunque hayan arreciado tras el último levantamiento, las acciones legales contra los diputados de la oposición no son nuevas.
El miembro de Voluntad Popular Freddy Guevara lleva en la embajada chilena desde noviembre de 2017, cuando fue acusado formalmente de instigación para delinquir y otros ilícitos penales.
Otros como Julio Borges, Rosmit Mantilla o Gaby Arellano optaron por el exilio para evitar posibles represalias.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESDe acuerdo con el recuento de la diputada Delsa Solórzano, “hay un legislador desaparecido, dos presos y 12 en el exilio”.
Pese a todo, se muestra aliviada porque “todavía hay cuórum”, la asistencia mínima que se requiere para que sean válidos los acuerdos alcanzados.
Los opositores aseguran además estar siendo acosados en lugares públicos y ser objeto de lo que Solórzano describe como “hostigamiento permanente”.
“Ni siquiera puedo caminar alrededor del palacio. La última vez que lo hice me golpearon brutalmente. Estamos constantemente rodeados por colectivos armados. Sé que cada vez que entro a la Asamblea mi vida corre peligro”, cuenta Solórzano.
Otros legisladores han denunciado la aparición de pintadas amenazantes en las fachadas de sus casas.
A ello se suma que llevan sin recibir su sueldo ni financiación pública alguna desde 2016, lo que ocasiona graves perjuicios, sobre todo el de dificultar el viaje hasta Caracas de los diputados que representan a los territorios del interior, que dicen que han de costearse largos viajes en auto en un país en el que las carreteras son peligrosas y están muy mal conservadas.
Romel Guzamana, diputado indígena, le contó a BBC Mundo que cada vez que acude a una sesión en la capital desde su lugar de residencia en la frontera con Colombia y Brasil ha de pasar tres días de viaje, dos de ellos en canoa por el río Caroní.
Solórzano narra otros ejemplos de la precariedad a la que los aboca la falta de dinero: “Acabo de elaborar un informe de más de 100 páginas y no cuento con ningún asistente que me ayude; lo he tenido que hacer todo yo misma”.
¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
En las elecciones legislativas de 2015 la oposición, agrupada en la candidatura unitaria de la Mesa de la Unidad Democrática, logró una victoria histórica por cuanto suponía romper con años de hegemonía del chavismo.
Muchos soñaban con que fuera el principio del fin de la presidencia de Maduro.
Con el poder legislativo bajo su control, las fuerzas opositoras podrían contrarrestar como nunca antes al socialismo gobernante.
Al principio, en la oposición tenían la esperanza de que la AN podría llegar a operar como una cámara legislativa al uso.
En enero de 2016, Maduro llegó incluso a defender ante un hemiciclo dominado por la oposición su memoria y cuenta, una tradición política venezolana por la que el presidente rinde cuentas ante el Parlamento de la acción de su gobierno en el año anterior.
Los diputados chavistas llegaron a participar en debates con sus adversarios.
Pero pronto quedó claro que no iba a haber normalidad en la institución.
Derechos de autor de la imagenAFPEl Tribunal Supremo, con 13 magistrados nuevos nombrados apresuradamente por la AN saliente, había ordenado en diciembre de 2015 la suspensión de la proclamación de los cuatro diputados electos en el estado Amazonas, tres opositores y uno oficialista, por supuestas irregularidades en la votación.
Al perder esos tres representantes, se redujo de 112 a 109 el número de parlamentarios de la oposición, lo que puso en entredicho su mayoría calificada de dos tercios, que le permitiría elaborar leyes orgánicas, designar a los poderes Judicial y Electoral, reformar la Constitución o convocar a una Asamblea Constituyente.
Indignados, los opositores se negaron a acatar un fallo que entendían injusto y los diputados suspendidos siguieron participando en las sesiones de la Asamblea, lo que llevó a una segunda resolución judicial en la que se declaró al Legislativo “en desacato”.
A esa se sumó una resolución posterior en la que se despojó a la Asamblea de sus funciones legislativas, lo que derivó en el estallido de una ola de protestas masivas que se saldaron con decenas de muertos en todo el país.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESMaduro entonces impulsó la creación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), una cámara plenipotenciaria, que tras el boicot opositor acabó formada exclusivamente por chavistas, que asumió las competencias que la Constitución venezolana reserva a la Asamblea Nacional.
“Desde entonces la Asamblea Nacional no existe para el régimen“, resume la diputada opositora Tamara Adrián.
Para muchos observadores dentro y fuera del país, con la creación de la ANC, Maduro culminó “la ruptura del hilo constitucional”.
El TSJ, sin embargo, recalcó en uno de sus fallos que la ANC nació “para velar por el estado de derecho” mientras “persista la situación de desacato”.
Pese a su nombre, la Constituyente no ha elaborado una nueva Carta Magna ni se espera que lo haga a corto plazo.
¿Por qué la Asamblea Nacional sigue siendo importante?
Cuando el pasado 23 de enero Juan Guaidó se declaró presidente interino para poner fin a la “usurpación” de Nicolás Maduro lo hizo invocando la Constitución venezolana.
Esta establece que corresponde al presidente de la Asamblea Nacional, actualmente Guaidó, asumir la presidencia interina de la República cuando falta el jefe del Estado.
Según la interpretación de la oposición, Maduro es un gobernante ilegítimo y la Constitución da derecho a Guaidó a asumir temporalmente el Ejecutivo.
Esa argumentación es duramente rechazada por el gobierno de Nicolás Maduro, que acusa a Washington de estar promoviendo un golpe de Estado.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESLa oposición y sus aliados internacionales, con Estados Unidos a la cabeza, insisten en que “la Asamblea es la única institución democrática que queda en Venezuela”, por lo que mantenerla viva y activa se ha convertido en objetivo prioritario para ellos.
La Asamblea, por su relevancia, su potencial como altavoz de las protestas de la oposición y su fuente de legitimidad para sus demandas, se ha convertido, pese a su incapacidad para hacer valer las leyes que aprueba, en una última reserva estratégica de poder institucional cuya neutralización definitiva supondría un revés crítico para los rivales de Maduro.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESDirigentes chavistas como Diosdado Cabello se han referido a la posibilidad de su cierre definitivo y en 2020 expirará el periodo legislativo iniciado en 2015, por lo que deberían celebrarse unas nuevas elecciones legislativas.
Pero en el contexto actual, con el conflicto político enconado hasta el extremo, cuesta imaginarlo.
Para Solórzano, la oposición debe lograr sacar a Maduro del poder antes de esa fecha: “No me puedo dar el lujo de suponer que no sea así”.