No es casualidad que en los últimos meses los sectores neoliberales hayan intensificado las propuestas de reformas en la legislación laboral, en leyes y reglamentos de la seguridad social, en cuanto a la prestación de salud, pensiones y jubilaciones.
La causalidad, el origen de estas propuestas provienen de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, cuyas “recetas” determinan que el gasto social no es una inversión, sino un costo que agrava el déficit fiscal, reduce el Producto Interno Bruto, y por tanto, recomienda acciones para frenar los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras.
Es relativamente fácil detectar esos intentos de aplicar normas contrarias a las orientaciones establecidas en Recomendaciones, Resoluciones y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En Ecuador están proponiendo en los Contratos de Trabajo la novísima interpretación de la jornada de 40 horas, trabajando 12 horas diarias en tres días y 4 horas el día sábado, también intentan reformas de la seguridad social universal y solidaria para introducir con fuerza el sistema de capitalización individual.
En Brasil, Bolsonaro eliminó los subsidios para los funcionarios públicos y está impulsando un proyecto de ley para aumentar los años de cotizaciones, elevar la edad a 65 años para jubilaciones y pensiones, aumentar los aportes de los trabajadores y trabajadoras al régimen de seguro social.
En Argentina el gobierno ha reducido los aumentos a los jubilados y pensionados, aunque estén previstas en las “paritarias”. En Chile, el movimiento NO+AFP logró la derrota del proyecto de reforma de las Administradoras de Fondos de Pensiones.
Las fuerzas progresistas resisten ese embate neoliberal.