Delegados del partido de gobierno proponen degradar, enjuiciar y confiscar bienes a quienes cometan actos de corrupción y contrabando, sean civiles o militares. Piden que se transfieran recursos, servicios públicos, competencias, seguimiento y control de la gestión a las comunas
José Luis Carrillo TalCual
Dentro del conjunto de 800 propuestas que los delegados al IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) entregaron al gobierno de Nicolás Maduro, figuran como eje central las relacionadas a la lucha contra la corrupción y el burocratismo, que admiten atenta contra el proceso chavista y relacionan con la estructura del Estado que se heredó de la llamada IV República, el cual proponen desmontar para instaurar el estado comunal.
“Optimizar nuestros métodos revolucionarios para combatir el cáncer que representa la corrupción de nuestro proceso bolivariano” es uno de los planteamientos recopilados en las jornadas realizadas entre el 4 y 5 de mayo pasados en el hotel Alba Caracas y que fueron divulgados por el partido a través de un documento de resumen.
La propuesta se hace cuando el proceso chavista lleva 20 años de gestión, lapso en el que se produjeron los mayores ingresos petroleros en la historia de la República y el grupo político liderado primero por Hugo Chávez y luego por Nicolás Maduro contó con prácticamente la totalidad de los curules en el Parlamento durante un período (2005-2010) y mayoría calificada en el siguiente (2010-2015) pero el país sufre actualmente una severa crisis económica.
En el documento se asegura que la corrupción, el burocratismo y la indolencia están íntimamente ligados al viejo Estado, y que por lo tanto, tales vicios se anulan en la medida que se desmonte ese estado y se constituya el nuevo estado comunal.
Para ello, los delegados del PSUV proponen la transferencia de recursos, servicios públicos, competencias, seguimiento y control de la gestión a las comunas, así como la producción militante en todos los ámbitos (alimentos, cultura, medicinas, manufactura, calzado) de todo el sistema económico comunal.
Democracia comunal
A tales acciones se espera acompañar con la renovación de la vocería de los 30 mil consejos comunales que están vencidas y se especifica sin rodeos que esto permitirá asegurar “el control político por parte de la revolución”. También se prevé el relanzamiento o reformulación de los parlamentos comunales en función de fortalecer “la democracia comunal”.
Tales parlamentos comunales sustituirán a los concejos municipales, según otros planteamientos compilados en el documento.
En cuanto a la acción específica del gobierno, los delegados del PSUV aspiran que se reactiven los Consejos Presidenciales del Poder Popular; se retomen las 3R al cuadrado (rectificación, revisión y reimpulso, duplicados con las acciones de recuperar, repolarizar y repolitizar, como lo propuso Hugo Chávez ¡en 2010! y que Diosdado Cabello aseguró en 2015 que se estaban aplicando para reactivar la producción nacional en las industrias básicas, la Corporación Socialista del Cemento y la Siderúrgica de Venezuela). También quieren que se profundice la participación popular en la gestión de gobierno.
Resalta en el documento, sin embargo, que se plantea el cambio total del gabinete ejecutivo y que se espera que no se hagan simples rotaciones en los cargos, así como se le dé cabida a nuevos hombres y mujeres con principios y ética revolucionaria, es decir, que se admite que ha habido integrantes del tren ministerial que han incurrido en actos de corrupción.
Control y seguimiento
Desean los pesuvistas que se “ajusten” (integren) los ministerios que atienden la misma área con el objetivo de que pueda haber un mejor control y seguimiento y evitar más corrupción, y también que se disminuyan las contrataciones con los privados.
Se pide establecer estrategias y un mayor apoyo a las Redes de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS) unidad de organización del PSUV que se encarga de caracterizar a los electores que habitan en cada calle, indicando si es un voto duro del chavismo, blando, u opositor, para otorgarles la función de la supervisión de los precios de los productos en los establecimientos comerciales.
Contrario a la tendencia de la gestión de los gobiernos del chavismo, los delegados del PSUV aspiran que se produzca una municipalización de los servicios públicos (durante la gestión de Hugo Chávez se acabó con las empresas regionales de los servicios de electricidad y agua); por ello también resalta que se propone acabar con el centralismo de las decisiones gubernamentales en áreas no estratégicas.
Tampoco concuerda con lo que se ha dado en los últimos 20 años, donde el Estado ha crecido enormemente al asumir empresas, tierras, servicios, cadenas de hoteles, el planteamiento de reducir significativamente el aparato del Estado a lo mínimo necesario para la operatividad eficaz y eficiente de los territorios, paradójicamente un argumento de los partidarios del liberalismo económico.
En definitiva, el partido considera que debe jugar un papel fundamental como brazo de acción para el seguimiento de los programas que ejecute la revolución bolivariana