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7 de 8 miembros del Alto Mando Militar han sido sancionados por socavar la democracia

 

El único integrante de la cúpula castrense que se mantiene a salvo de la ola de sanciones es el comandante general de la Aviación, mayor general Pedro Juliac Lartiguez. El resto tiene entre una y cinco sanciones. En la tercera entrega del seriado sobre sanciones determinamos que 36 % de los funcionarios venezolanos sancionados son militares, 58 % civiles y 3 % policías.
88 % de los integrantes del Alto Mando Militar venezolano ha sido sancionado por la comunidad internacional.

Por Maru Morales / CrónicaUno

Encabezados por su comandante en jefe, Nicolás Maduro, 7 de los 8 miembros de la cúpula verdeoliva no pueden movilizar sus cuentas, transar sus bienes, hacer negocios e incluso –en algunos casos– ni siquiera entrar al territorio de 32 países del globo: Estados Unidos, Panamá, Canadá, Suiza, Alemania, Grecia, Austria, Hungría, Bélgica, Irlanda, Bulgaria, Italia, República Checa, Letonia, Chipre, Lituania, Croacia, Luxemburgo, Dinamarca, Malta, Eslovaquia, Países Bajos, Eslovenia, Polonia, España, Portugal, Estonia, Reino Unido, Finlandia, Rumanía, Francia y Suecia.

Las sanciones afectan, además de Maduro, al ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino; al almirante Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional; al general Jesús Suárez Chourio, comandante del Ejército; al almirante Giuseppe Alessandrello Cimadevilla, comandante de la Armada; al mayor general Pedro Juliac Lartiguez, comandante de la Aviación; al mayor general Jesús López Vargas, comandante de la GNB y al mayor general Carlos Leal Tellería, comandante de la Milicia.

El único integrante del Alto Mando que se ha mantenido a salvo de las sanciones internacionales es el comandante de la Aviación, Juliac Lartiguez. Fue precisamente desde las afueras de la Comandancia General de la Aviación, ubicada en la Base Aérea Francisco de Miranda, en La Carlota, donde el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, anunció “el inicio de la fase final de la Operación Libertad”, el pasado 30 de abril.

En las primeras horas de ese día, Guaidó aseguró que el pronunciamiento de integrantes del Alto Mando en respaldo a la Constitución y desconocimiento a Maduro, era cuestión de horas. Pero más allá del deslinde de 25 soldados incluyendo a un mayor de la GNB, y del apoyo del general de división Manuel Cristopher Figuera, entonces director del Sebin, para liberar a Leopoldo López, esa ruptura no se produjo.
Pero cuatro días después de esos hechos, varios altos funcionarios de la Aviación murieron en diferentes circunstancias que según el ministerio de la Defensa y el Cicpc, están bajo investigación: el 4 de mayo pereció en una supuesta emboscada el general de brigada de la Aviación, Jackson Silva y resultó herido el mayor de la Aviación Jairo Buitriago. Ese mismo día, siete oficiales de la Aviación fallecieron cuando el helicóptero en el que se trasladaban a Cojedes como parte de la caravana presidencial se estrelló en El Hatillo, Miranda.

¿Por qué los sancionan?

36 % de los funcionarios venezolanos sancionados son efectivos de la FANB. Foto: cortesía VTV

Las razones para dictar sanciones al Alto Mando son variadas, pero una es común a todos los sancionados: por atentar contra la democracia.

En el caso de Maduro por ejemplo, se le señala de “ser un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano”, de tener un “comportamiento antidemocrático”, de “ser responsable o cómplice en graves violaciones de los DD. HH. y corrupción” y también “por riesgo de lavado de activos, cooperación con el terrorismo y proliferación de armas masivas”.

Las mismas acusaciones pesan sobre la cabeza del comandante del Ejército, Suárez Chourio, pero a él le agregan el ser “responsable de violaciones de los derechos humanos por parte de fuerzas bajo su comando”, haber “perseguido a la oposición y apoyado el uso de cortes militares para procesar a civiles” y “uso excesivo de la fuerza, maltrato a detenidos y persecución a la oposición”.

Al ministro de la Defensa y al comandante estratégico operacional, la comunidad internacional les reclama “su comportamiento antidemocrático”, pero al primero le acusa además de “ser responsable del trágico declive de Venezuela”.

Cimadevilla, López Vargas y Tellería fueron sancionados por “estar directamente implicados en actividades que socavan las instituciones democráticas y por la persecución contra los miembros del gobierno interino de Juan Guaidó”, y al segundo le condenan por “el rol que jugó para evitar la entrada de ayuda humanitaria al país” el pasado 23 de febrero.

Otros mandos sancionados

Además de Maduro y de los comandantes de los componentes, otros 40 uniformados están sancionados. Foto cortesía @PrensaFANB

En total, 36 % de los funcionarios venezolanos sancionados son militares. Además de los integrantes del Alto Mando, otros altos funcionarios castrenses han sido objeto de penalizaciones por la comunidad internacional. 3 % son policías y 58 % son civiles.

Entre ellos destacan el general Iván Hernández Dala, comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director general de Contrainteligencia de la Dgcim. Este efectivo fue mencionado por el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, como uno de los enlaces con la cúpula madurista que trabajaban para lograr la salida de Maduro del poder. Se le acusa de “ayudar a que el régimen de Maduro reprima al pueblo, viole sistemáticamente los DD. HH. y reprima la democracia”  .

Otro militar de alta gradación sancionado, que ocupa un puesto estratégico en la administración Maduro es Gustavo González López, quien fue director del Sebin hasta octubre del año pasado y volvió al cargo luego de los hechos del 30A. González López es el funcionario venezolano con más sanciones desde 2015 con un total de siete.

Pero entre los 48 militares sancionados destacan Jesús María Mantilla Oliveros, comandante de la REDI Guayana; Alberto Mirtiliano Bermúdez Valderrey, integrante del alto mando de la ZODI Bolívar; José Leonardo Norono Torre, comandante de la ZODI Táchira; José Domínguez Ramírez, comisario jefe de las FAES vinculado a Freddy Bernal y que llegó a ser investigado por el asesinato del joven Bassil Da Costa el 12 de febrero de 2014; y Rafael Bastardo Mendoza, director de las FAES. A la mayoría se les acusa de violar derechos humanos y a parte de ellos se les señala de impedir el ingreso de la ayuda humanitaria.

Un caso aparte es el del capitán del Ejército, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV y que ha sido sancionado en su condición de integrante de la asamblea constituyente ilegítima, así calificada por la Unión Europea. Cabello acumula seis sanciones.

Del total de sancionados hasta la fecha, 78 (58 %) son civiles. En este grupo destacan Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, sancionada por “su comportamiento antidemocrático”, “respaldar acciones contra la oposición”, “deterioro del Estado de Derecho, de las instituciones democráticas y falta de legitimidad de las elecciones del 20M”, e incluso por “riesgo de lavado de activos”. Lucena tiene hasta el presente, 6 sanciones.

En ese mismo grupo de seis veces sancionados está el fiscal general designado a dedo por la ANC, Tarek Saab; y el presidente del TSJ Maikel Moreno.

Mientras que los altos funcionarios, civiles con cinco sanciones son Tareck El Aissami, actual ministro de Industrias; las rectoras del CNE Socorro Hernández y Sandra Oblitas; la fiscal Katherine Harrington y el ex ministro Elías Jaua.

Y la lista de civiles cuatro veces sancionados la encabeza Nicolás Maduro, en compañía de la actual vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y los magistrados del TSJ Carmen Zuleta y Arcadio Delgado.

Gráfico: Lesslie Cavadias

Infografía: Milfri Pérez

 

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