La respuesta es simple: No. Por más que Maduro asegura que está por monetizar las riquezas mineras que siguen en el subsuelo de Venezuela, lo cierto es que no tiene dinero para cumplir con las obligaciones de deuda que contrajo, ni para asegurar el abastecimiento básico de alimentos y medicinas que demanda la población, ni para garantizar la operatividad mínima del país. Sin embargo, es la explotación minera la vía por la cual su régimen se ha hecho con el exiguo flujo de recursos que lo mantiene a flote y el sector desde donde teje varias de sus alianzas estratégicas.
Zenaida Amador (ALN)
“Con bloqueo o sin bloqueo lograremos la meta de la prosperidad económica”, aseguró la semana pasada Nicolás Maduro en un acto transmitido por radio y televisión donde desestimó las sanciones de la comunidad internacional en contra de su régimen. No es la primera vez que le anuncia al país que gracias al “motor” minero habrá una reactivación de la economía. En verdad, así lo ha hecho desde 2016, mucho antes de las sanciones internacionales, cuando no había perdido legitimidad ante más de 50 países, pero ya sentía la urgencia financiera que causaba el desplome de los precios del crudo en conjunción con el colapso de la industria petrolera venezolana.
En esta oportunidad Maduro se atrevió a ir más allá y a la promesa de “inversión en la felicidad social de nuestro pueblo y el desarrollo del país” la complementó diciendo que tiene 1,2 billones de euros gracias a la abundante “riqueza minera” de Venezuela.
El nulo éxito en el cumplimiento de la promesa recurrente parece ser la constante a lo largo de estos años. Ya se han firmado acuerdos con empresas internacionales y se han ofrecido proyectos del Arco Minero a otras naciones, pero el país desconoce cuáles son los resultados reales de tales operaciones que se manejan bajo un manto de opacidad y cuyos contratos se suscriben totalmente al margen del marco constitucional.
En esta oportunidad Maduro se atrevió a ir más allá y a la promesa de “inversión en la felicidad social de nuestro pueblo y el desarrollo del país” la complementó diciendo que tiene 1,2 billones de euros gracias a la abundante “riqueza minera” de Venezuela, con el siguiente inventario estratégico:
Oro. Según Maduro, Venezuela tiene la certificación legal internacional de 2.236 toneladas de oro, equivalentes a 94.000 millones de euros.
Bauxita. Venezuela tiene 321.350.000 toneladas en reserva certificada, lo cual arroja una cifra de 14.000 millones de euros.
Níquel. “Tenemos certificadas 28.927.980 toneladas, unos 284.000 millones de euros”.
Hierro. Asegura que hay 14.605 millones de toneladas de hierro certificadas, lo cual equivale a 7.000 millones de euros.
Fosfato. “Hemos certificado en fosfato 7.400.000 toneladas, lo cual equivale a 666 millones de euros”.
Feldespato. Hay 4.770.629 toneladas de feldespato, lo cual equivale a 281 millones de euros.
Diamantes. Hay certificados 1.020 millones de quilates, lo cual equivale a 136.000 millones de euros.
Con tales recursos minerales Maduro ordenó que en lo inmediato “deben ser monetizados en los mercados mundiales, mucho más allá del dólar y del imperio gringo y sus sanciones”. Personalmente le ordenó a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, “ir a monetizar la riqueza minera de Venezuela”.
¿Es fácil lograr este objetivo?
Nuevamente la respuesta es No. “Si usted realiza su inversión, seguramente va a ser recuperada porque tenemos minerales, oro, coltán, diamante y con reservas suficientes para recuperar cualquier inversión”, aseguró el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, al hacer un llamado a los empresarios a colocar sus recursos en los proyectos mineros que promueve el régimen de Maduro.
Según afirmó, ya hay más de 1.000 alianzas estratégicas y empresas mixtas trabajando en la extracción de oro en Venezuela con toda la seguridad y las garantías requeridas gracias a la Constitución y a las leyes emanadas de la Asamblea Nacional Constituyente.
Ya se han firmado acuerdos con empresas internacionales y se han ofrecido proyectos del Arco Minero a otras naciones, pero el país desconoce cuáles son los resultados reales de tales operaciones que se manejan bajo un manto de opacidad y cuyos contratos se suscriben totalmente al margen del marco constitucional.
No obstante, la Asamblea Nacional es la única institución que ha debido aprobar los acuerdos de explotación en el Arco Minero, tal como lo establece la Constitución; pero el régimen de Maduro desde 2016 ha querido avanzar saltándose el marco legal e ignorando al Parlamento. La Asamblea Nacional Constituyente, por su parte, no es una institución legal reconocida por la comunidad internacional, por lo que sus leyes no son tomadas como garantía.
Todo esto, más la urgencia de Maduro por obtener los recursos, ha hecho que alrededor de la explotación minera en Venezuela crezca una perversa actividad económica. De hecho, de los acuerdos que se anuncian y que se firman en actos televisivos poco se sabe. En algunos casos se logra filtrar información sobre inversionistas que desisten de los proyectos y sólo queda un rastro difuso que habla de intereses rusos, chinos, saudíes y congoleses trabajando de la mano con el régimen de Maduro, pero no hay rendición de cuentas al respecto, ningún funcionario informa sobre la evolución de los proyectos, ni da las cifras de explotación y los montos recaudados.
La minería es una zona gris donde crecen economías alternativas, se hacen grandes negocios a costa de daños ambientales incuantificables, proliferan las bandas criminales y la fuga de recursos es una constante. Se estima que cerca del 80% de la extracción de oro y otros minerales valiosos se pierde sin dejar rastros.
Funcionarios de la Fuerza Armada venezolana se han visto involucrados en las redes de explotación minera informal y, de acuerdo con la firma Insight Crime, unidades del ELN han tenido participación directa en actos de violencia por el control de la actividad minera en varias regiones del territorio venezolano, incluso en áreas del Arco Minero.
No en vano en noviembre de 2018 el Gobierno de Estados Unidos prohibió a personas e instituciones estadounidenses involucrarse en ventas “corruptas o engañosas” de oro de Venezuela. La medida fue tomada “a la luz de las acciones por parte del régimen de Maduro y personas asociadas para expoliar la riqueza de Venezuela para sus propios propósitos corruptos, degradar la infraestructura de Venezuela y su medio ambiente natural a través de mala gestión económica y prácticas industriales y mineras confiscatorias”.
¿Cómo podrá Maduro monetizar esas reservas?
Como lo ha hecho hasta ahora. La poca transparencia de los procesos y las sanciones internacionales le resta margen de maniobra a Maduro para estas operaciones, pero aun así es el fruto de la actividad minera el que le ha reportado un hilo de sobrevivencia. “Vamos produciendo y vamos exportando”, dice Maduro al referirse al disfrute de la riqueza minera.
En el último año se han hecho públicos algunos episodios donde están involucrados lingotes de oro venezolano que circulan de forma irregular por rutas internacionales buscando alcanzar destinos aliados donde ser vendidos. Incluso los cargamentos incluyen maletas llenas de oro que salen en vuelos comerciales, sin mencionar otras cargas que salen del país en avionetas privadas hasta puntos en el exterior desde donde son redirigidas.
Tareck El Aissami, vicepresidente del Área Económica, prácticamente se la pasa fuera de Venezuela haciendo gestiones para la sobrevivencia financiera, especialmente con Turquía, principal destino del oro que es sacado del país. A él se le atribuye, junto al trabajo de Simón Zerpa, ministro de Finanzas, y de Calixto Ortega, presidente del Banco Central de Venezuela, la ingeniería financiera creada con euros en efectivo obtenidos de las ventas de oro para atender algunas necesidades del mercado local.
Desde febrero pasado, antes de la flexibilización del mercado cambiario, las autoridades comenzaron a imponerle a los bancos nacionales la obligación de ofrecer a sus clientes la opción de comprar euros en efectivo. Las operaciones, que alcanzaron un promedio de 6 millones de euros por semana, pretendían abrir vías para que los empresarios locales adquirieran las divisas necesarias para importar insumos y materias primas. También el Estado comenzó a efectuar pagos pendientes con euros en efectivo a contratistas y proveedores en el mercado local.
Al final, en Venezuela comenzaron a circular billetes de euros, incluyendo de 200 y de 500 (el más vinculado a las actividades ilícitas a nivel global). Por tratarse de efectivo y por las denominaciones involucradas el mecanismo no facilitó las gestiones de importación de los empresarios, muchos de los cuales han buscado desprenderse internamente de los de 200 y 500 euros para no comprometer ni sus operaciones ni sus cuentas internacionales con billetes tan particulares y con un origen tan poco transparente.