Los alimentos primero. Es la respuesta a las consultas nacionales en el marco de la pandemia por el COVID-19. Los gobiernos de Nicolás Maduro y Juan Guaidó lanzan encuestas masivas sobre las necesidades básicas de los venezolanos, durante la emergencia sanitaria. Expertos consideran que los datos recabados son el reflejo de la crisis de producción y distribución nacional de lo más elemental: la comida.
por Cristina González | Efecto Cocuyo
Los resultados muestran altos índices de preocupación y fallas sobre temas de alimentación. El monitoreo preliminar de la Plataforma Patria, del gobierno de Maduro, ha reportado que 88% de los encuestados destaca (entre una lista de varios servicios esenciales) el abastecimiento de alimentos como el área que requiere mayor atención. “Estoy de acuerdo, estoy concentrado en eso”, declaró Maduro el 24 de abril, y aludió a nuevas políticas de control de precios.
La Comisión de Expertos de la Salud para hacer frente a pandemia, designada por el gobierno interino de Guaidó, igualmente publicó, dos días antes, gráficos derivados de otra encuesta nacional. En este caso, 80% de los consultados reportaron fallas en el suministro de alimentos.
La escasez de los primeros años de Emergencia Económica en Venezuela —decretada por el gobierno desde 2016— había mutado en los meses recientes a un escenario de anaqueles con muchos y variados productos, aunque inalcanzables por el deterioro del poder adquisitivo de los venezolanos. El aumento de la oferta surgió de la flexibilización de los controles de precios y de cambio, los cuales dieron un respiro a una parte de sector privado, pero ahora se revierten en el contexto de la emergencia sobrevenida por el nuevo coronavirus.
La fiscalización comercial es presentada por el gobierno de Maduro como una respuesta a la demanda de los encuestados, a pesar de que el campo de “precios” está marcado en un ítem aparte en el formulario usado para la consulta . El sector industrial califica el retorno a las regulaciones como un mecanismo de ahogo a la producción privada y un preludio de escasez. ¿Por qué la disponibilidad de alimentos no había dejado de figurar entre las principales inquietudes del venezolano?
“Somos un país con un fenómeno crónico de desabastecimiento, donde tenemos al menos tres años y medio con una disposición de alimentos que no supera el 40% del requerimiento regular de nuestra población”, indica Edison Arciniega, director de la organización Ciudadanía en Acción.
“Esto hace que, en forma continua, siempre esté el tema del abastecimiento dentro de las dos primeras preocupaciones. Es una continuidad de la tendencia histórica de los últimos años”, agrega. Esta ONG se ha dedicado a monitorear el estado de la seguridad alimentaria en Venezuela, a partir de la Emergencia Humanitaria Compleja.
Arciniega explica que, debido a carencias de combustible, los problemas de movilización de alimentos han generado que unas regiones tengan coeficientes de abastecimiento más altos que otras. “Por ejemplo, nosotros hemos detectado que la Región Oriental tiene un tercio menos de alimentos que la Región Capital, y que la Región Andina tiene 25% más alimentos que la Región Capital”, reporta al explicar la relación entre los problemas de transporte y la intensidad de los reclamos por abastecimiento en determinados territorios.
“Si esa muestra la abrieran —dice sobre la encuesta de la Plataforma Patria— pudiésemos ver que en la Región Oriental el reclamo de más abastecimiento es superior al reclamo de la Región Central. Porque en la Región Central y en la Región Capital tú vas a los mercados y puede ser que tengan un incremento importante en los precios, pero hay productos. Pero si nos movemos a la Región Oriental, la Región Los Llanos o la Región Guayana, encontramos que hay productos que simplemente no existen o que tienen largo tiempo sin estar en los anaqueles”.
El diputado Alexis Paparoni, quien preside la subcomisión de Desarrollo Agroalimentario de la Asamblea Nacional, también destaca el impacto de la escasez de combustible en el abastecimiento nacional. “Nosotros le hemos pedido a las mafias que controlan las estaciones de servicios que nos den los combustibles para que nuestros tractores y camiones se puedan trasladar desde los centros de producción hasta los centros de distribución”, expresa.
De vuelta al control de precios
El glosario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) no presenta la palabra “abastecimiento”. En su lugar, el organismo ofrece el concepto de seguridad alimentaria, como “situación en que todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a suficientes alimentos”. El término precisa cuatro condiciones: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad.
“En este momento, y desde hace mucho en Venezuela, siempre ha faltado alguno de los elementos”, asegura Roberto León Parilli, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco). “Vivimos oportunidades donde el problema era más que todo el abastecimiento, es decir, no había bienes y servicios en calidad y cantidad suficiente para el consumidor poder elegir el que más le conviene”, añade.
El abogado León Parilli explica que la caída de la oferta ha estado vinculada a prácticas de control de precios, a través de montos establecidos por el gobierno. “En la cadena de comercialización, si el vendedor tiene un precio fijo y la inflación es más rápida que la estabilidad de ese precio, va a llegar un momento en que el comerciante, el distribuidor, todos los de la cadena, van a tener que vender a pérdida. Cuando llega ese momento, sencillamente no se sigue vendiendo el producto y desaparece del mercado”, manifiesta.
La respuesta de Maduro, sin embargo, ante las demandas de la ciudadanía sobre abastecimiento de alimentos, en tiempos de COVID-19, ha consistido en un nuevo episodio de control de precios y fiscalización de ventas de la agroindustria privada.
El 24 de abril la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció la ocupación temporal del Consorcio Oleaginoso Coposa, en Portuguesa, y medidas de ventas supervisadas sobre las empresas Alimentos Polar, Plumrose y Matadero de Turmero. “Estas empresas que se estaban convirtiendo en marcadores referenciales especulativos, que están afectando al pueblo en general”, denunció.
Rodríguez además planteó que las decisiones oficiales están respaldadas por la Ley Orgánica de Precios Justos, y que buscan garantizar el respeto de los precios acordados. “Alimentos Polar no ha acordado precios de sus productos”, reaccionó esta compañía en un comunicado.
El documento niega la viabilidad de un control de precios debido a las variaciones constantes de los costos de producción, sujetos a la hiperinflación y la cotización del dólar en Venezuela. “Solo entre marzo y abril la variación del tipo de cambio ha sido 210%”, indica la carta de Alimentos Polar.
Distintas asociaciones empresariales también emitieron comunicados en rechazo a la intervención estatal, entre ellos la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) y el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio). La presión mediática, sin embargo, no detuvo al gobierno de publicar una lista de precios regulados para 27 productos, el pasado 30 de abril.
“En el último año, la acertada decisión de las autoridades de eliminar los controles de precios y de cambio permitió el restablecimiento de la producción, en beneficio del abastecimiento pleno del mercado venezolano”, dice el comunicado de Alimentos Polar. El sociólogo Arciniega explica que la Ley Orgánica de Precios Justos, aunque siguió vigente, fue abandonada desde abril de 2019.
“No hubo una decisión jurídica, pero hubo la voluntad política. Porque cuando el Estado deja la puerta abierta para que se pueda importar libremente desde el sector privado; cuando el Estado deja inactiva de facto la Ley de Precios Justos y permite que los sectores productivos transfieran al consumidor sus estructuras de costos, evidentemente hay una decisión política de hacer eso”, plantea.
El economista Ingerzon Freites, director del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica (OVRE), coincide en descartar las nuevas regulaciones como una estrategia efectiva de cara a procurar el abastecimiento de alimentos. “En un país donde se ha perdido por lo menos dos tercios de la producción venezolana en los últimos siete años, cualquier control de precios no va a funcionar”, asegura.
“La disminución de la producción influye en la variación de precios, y algo que es muy importante y parece que no se ha entendido, es que es imposible mantener los precios en hiperinflación”, explica. Freites agrega que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, mejor conocida como Sundee, carece de infraestructura y personal suficientes para controlar los precios. “Es una medida más mediática que real”, plantea.
Desde la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, León Parilli sugiere revisar la legislación de protección al consumidor, como próxima tarea para las instituciones del Estado. “Nosotros tuvimos unas leyes que se adaptaban a la tendencia mundial y funcionaban medianamente bien, y todo eso quedó derogado por la Ley de Precios Justos, que se centra más bien en una supervisión al empresario, en una regulación de precios, en unas facultades del Estado de expropiar o de intervenir, pero olvida o deja de lado los derechos del consumidor”, afirma.
