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Transparencia Venezuela retrató el impacto de la corrupción en el sistema sanitario venezolano

Un hombre con equipo de protección personal (EPP) descansa en la entrada de la sala de emergencias del Hospital Universitario de Maracaibo, estado de Zulia, Venezuela, el 2 de julio de 2020, en medio de la pandemia de coronavirus COVID-19. (Foto por Luis BRAVO / AFP)

El patrón de gran corrupción instaurado en Venezuela, durante las dos últimas décadas, es el causante de la Emergencia Humanitaria Compleja que padecen los ciudadanos, en especial los sectores más vulnerables de la población. Este fenómeno, que supera en magnitud al registrado en cualquier país de América Latina, tiene un grave impacto sobre los derechos humanos de los venezolanos. El sistema sanitario ha sido uno de los más perjudicados por la desviación de recursos y fondos públicos. La pandemia por COVID-19 ha profundizado la crisis y ha puesto en relieve la escasez de medicamentos e insumos médicos, la falta e inoperatividad de equipos esenciales, y el deterioro general de la infraestructura hospitalaria. Estas fallas y carencias constituyen una seria amenaza a la salud y la vida de los venezolanos. Todo ello ocurre pese a los reiterados anuncios de planes, proyectos e inversiones milmillonarias en rehabilitación y construcción de obras, adquisición de fármacos e insumos y equipamiento de los centros de atención.

Por transparencia.org.ve

Esta realidad es analizada por Transparencia Venezuela en el informe Salud en Venezuela. Cuando la corrupción es el virus, estudio que identifica una tipología del fenómeno en el sector y expone una selección de casos, como resultado del seguimiento al sistema sanitario, investigaciones abiertas por autoridades nacionales y extranjeras; así como a los hallazgos de indagaciones realizadas por reconocidos medios de comunicación, tras superar  la opacidad y las restricciones impuestas por las autoridades en el acceso a información pública.

En los casos inventariados en el informe destaca la participación de militares y altos funcionarios del ministerio de Salud, institutos autónomos y empresas estatales. Los funcionarios -muchos de ellos provenientes del sector castrense- se presume que habrían actuado en complicidad con dueños de empresas, y usado cuentas en diferentes países para lograr contratos millonarios de importación, fabricación y transporte de medicinas, materiales o equipos médicos, así como contratos de obras. El estudio, aunque no da cuenta de todos los casos de corrupción ocurridos, permitió hacer estimaciones sobre la pérdida de recursos sufrida por el país en estas operaciones. El daño ocasionado se incrementa cuando se considera que contratos de gran envergadura, como la construcción y remodelación de infraestructuras hospitalarias o complejos farmacéuticos, al igual que el mantenimiento de equipos médicos de alto costo, quedaron inconclusos o presentan fallas.

En el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Venezuela, de julio de 2019, se denuncia el crítico escenario del derecho a la salud, vinculado a “una falta generalizada de disponibilidad y acceso a fármacos y tratamientos esenciales; al deterioro de las condiciones en hospitales, clínicas y maternidades, a la falta de factores subyacentes determinantes de la salud”. Igualmente, un grupo de expertos y 10 organizaciones civiles presentaron ante una audiencia concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un dramático informe sobre el impacto de la corrupción en la vulneración del derecho a la salud y la vida de los venezolanos, en el contexto de la pandemia por COVID-19. En esa oportunidad, solicitaron a la instancia internacional priorizar las denuncias de violación de derechos humanos como consecuencia de la corrupción en Venezuela.

Un drama humano

“La corrupción mata”, una de las expresiones utilizadas durante la audiencia en la CIDH, se evidencia en las cifras que recoge el informe Salud en Venezuela. Cuando la corrupción es el virus. Los hospitales presentan deficiencias graves como consecuencia de proyectos de construcción, rehabilitación o equipamiento que no cumplen con los estándares necesarios. La llegada de la pandemia aumentó las alarmas, pues no ha habido un mantenimiento preventivo y correctivo en las edificaciones y equipos. Esta realidad hizo que, entre mediados de 2018 y finales de 2019, fallecieran 4.858 personas en los recintos de salud por causas evitables. Solo en el hospital J.M. de los Ríos, durante el primer semestre de 2019, murieron seis niños que esperaban por trasplante de médula.

A propósito de la emergencia sanitaria, uno de los aspectos que más ha preocupado a los ciudadanos es la disponibilidad de camas en los centros de atención. Aunque Jorge Rodríguez, entonces responsable de la cartera de Comunicación e Información de Nicolás Maduro, afirmó que en el país hay más de 23.000 camas hospitalarias, un informe elaborado por el ministerio de Salud en marzo de 2020, al que tuvieron acceso medios venezolanos, refiere que en los centros centinela existen 8.306, de las cuales solo 943 estarían operativas para pacientes de COVID-19, entre ellas 339 camas ventiladas y 707 de aislamiento para casos con complicaciones.

Las fallas de servicios básicos como agua, electricidad y combustible que agobian a la población de todo el país, golpean especialmente al sector salud. Un ejemplo de ello es el apagón registrado en marzo de 2019, que dejó a más de 90% del territorio sin energía eléctrica. Hospitales que debían contar con plantas auxiliares para responder ante interrupciones del servicio quedaron a oscuras, lo que provocó la muerte de más de 20 pacientes, de acuerdo con la organización Médicos por la Salud. Otra arista del problema es la fuga de talentos, pues entre los más de 5 millones de venezolanos que han emigrado para escapar de la crisis, para septiembre de 2019 había más de 30.000 médicos.

La dimensión del daño causado por la corrupción al sistema sanitario en Venezuela se hace más evidente al comparar los indicadores básicos de salud registrados en los últimos años con los de otros países de la región. Pese a que en 2015 el ministerio de Salud interrumpió la difusión de actualizaciones semanales sobre indicadores relevantes, los datos que aún reporta a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y registros de organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de la reaparición y expansión de enfermedades como la malaria, sarampión y tuberculosis; el incremento de infecciones por VIH y de la mortalidad materna e infantil. Según la OPS, el número de casos de tuberculosis informados en Venezuela aumentó de 6.000 en 2014 a 11.394 en 2018. Los más afectados son los presos y los pueblos indígenas. Mientras que, entre 2009 y 2018, el número de casos de malaria tuvo un alza de 1.000%, al pasar de 36.556 a 404.924.

La peor parte se la llevan las personas con enfermedades crónicas potencialmente mortales. Cifras de Codevida (Coalición de organizaciones dedicadas a la defensa del derecho a la salud y a la vida) revelan que la falta de medicamentos pone en riesgo a los 300.000 pacientes crónicos que hay en el país, ente ellos  trasplantados, hemofílicos, oncológicos, con esclerosis y Parkinson. Asimismo, en las últimas décadas, los pacientes renales no han dejado de protestar exigiendo respeto a sus derechos. Sin embargo, cerca de 5.000 venezolanos en diálisis murieron entre 2017 y 2019, según datos del exministro y presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Carlos Rotondaro.

Sospechosos habituales

El seguimiento detallado y la sistematización de casos han permitido detectar 14 principales mecanismos de corrupción en el sistema sanitario. Uno de ellos es la captura de las políticas del sector, que se expresa en la presencia de individuos, compañías y grupos poderosos que usan la corrupción para influir en las decisiones del área, en beneficio de sus intereses privados. En este contexto, sobresale la designación en altos cargos y la asignación de contratos a militares.  Los cuatro castrenses que estuvieron al frente del ministerio entre 2007 y 2013 (Jesús Mantilla, Carlos Rotondaro, Luis Reyes Reyes y Eugenia Sader) han sido investigados por cometer actos irregulares en sus cargos.

Otra modalidad de corrupción identificada en la investigación es la distribución de medicinas como instrumento de control político. En los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se ha empleado la prestación del servicio de salud y la entrega de medicamentos a cambio de lealtad para garantizar su permanencia en el poder político. El gobierno también instauró el Carnet de la Patria, sistema de identificación ligado al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) al que pertenece el gobierno. El programa se ha utilizado para intimidar a los ciudadanos más desfavorecidos que dependen del sistema sanitario estatal, a quienes exigen fidelidad política, en especial durante procesos electorales.

También son muestras de corrupción las compras innecesarias o ineficaces efectuadas por el ministerio de Salud y el Sefar, así como la firma de contratos amañados que presuntamente favorecieron intereses particulares. Una investigación periodística que comparó el monto de las compras realizadas por la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) con el precio promedio con el que instituciones en cuatro países de la región adquirieron los mismos productos, reveló que cuatro empresas extranjeras vendieron materiales e insumos médicos a Venezuela a precios por encima de su valor real. El esquema involucra al menos US$ 11,3 millones, entre 2016 y 2018.

De igual modo, la selección preferente de contratistas se evidencia en la denuncia formulada en 2018 por el diputado Winston Flores, sobre el presunto desvío de US$ 100 millones por hechos de corrupción dentro del IVSS durante la gestión de Rotondaro. Flores aseveró que los implicados en este caso tenían el manejo de las compras de materiales de diálisis, medicinas de alto costo para pacientes con cáncer, inmunosupresores y VIH.

Otro caso notorio es el de la exministra Eugenia Sader. En 2014, tras diversas denuncias realizadas por diputados, organizaciones de la sociedad civil y periodistas, y debido a la magnitud del escándalo, el Ministerio Público la imputó por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso, sobregiro presupuestario y asociación para delinquir. Una investigación penal determinó que incurrió en presuntas irregularidades en la contratación de empresas para la construcción de 6 hospitales de alta tecnología. El monto involucrado en estos centros, que nunca fueron concluidos, es de US$663,6 millones.

Por otra parte, de la entrega de contratos incumplidos destaca la asignación de US$627 millones para la remodelación de 62 hospitales durante la gestión de Jesús Mantilla. Mientras manejaba los recursos, Mantilla se autodesignó presidente de la Fundeeh, ente que se encargó de la ejecución de las obras, sobre las cuales fueron denunciadas numerosas irregularidades por la Contraloría General de la República.

Otras modalidades de corrupción detectadas en el estudio son el robo y desvío de productos a menor escala, el contrabando de medicinas, los pagos informales de los pacientes para recibir atención y el ausentismo laboral en los centros de salud, acentuada por la escasez de combustible. Asimismo, la investigación incluye casos de gran corrupción en la importación y traslado de medicinas, así como de la creciente presencia de médicos-milicianos en los centros hospitalarios con el impulso al programa denominado Médicos Integrales Comunitarios (MIC) y la Misión Médica Cubana.

Daño incuantificable 

La crisis humanitaria compleja en Venezuela ha hecho que la gran mayoría de los ciudadanos dependa del sistema de salud público, uno de los peores del hemisferio. La discrecionalidad y el secreto en el manejo de los recursos convierten a este sector en una caja negra que dificulta estimar cuánto daño se ha hecho al patrimonio de la nación. No obstante, estudios de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional alertan sobre una pérdida de más de US$ 350.000 millones en las últimas dos décadas, desfalco que la justicia del país se ha negado a investigar y procesar, por lo que ha reinado la impunidad.

De igual manera, cálculos realizados para el informe de Transparencia Venezuela determinaron que, entre 2003 y 2019, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro destinaron al ministerio de Salud y a la misión Barrio Adentro, creada para impartir atención primaria en las zonas más vulnerables, alrededor de US$ 80.000 millones. La investigación ayuda a hacer estimaciones sobre la pérdida sufrida por el país en, al menos, 17 casos de presunta gran corrupción que han sido denunciados por órganos de investigación penal, nacionales y extranjeros. Solo en los expedientes referidos, el patrimonio público comprometido sobrepasa los US$ 5.000 millones. De ese monto se destinó a la Fundeeh, desde su creación en 2016 hasta 2019, cerca de US$ 2.300 millones. Sin embargo, durante los años que rindieron cuentas, no lograron cumplir 60% de las metas previstas.

En conclusión, los tipos de corrupción presentes en el sector salud corresponden al modelo de cleptocracia que se ha consolidado en el país. La opacidad y la impunidad características de este modelo se sustentan en el desmontaje del control del parlamento, la cooptación de los poderes públicos y la reestructuración del andamiaje legal en la gestión pública, incluidos los decretos de estado de emergencia que han permitido al Ejecutivo establecer mecanismos excepcionales de supervisión, control y seguimiento, de procura nacional e internacional de recursos; obtención y suministro de la materia prima, producción de los rubros esenciales y fijación de precios, además de la comercialización y distribución de los productos estratégicos del sector. Lo mismo ocurrió con el Decreto de Alarma dictado el 13 de marzo de este año en ocasión de la pandemia por COVID-19, que nuevamente facultó al Ejecutivo a adoptar medidas urgentes en materia de compra de medicamentos y trajes de protección para de salud, así como de producción de medicamentos y edificaciones hospitalarias. Pero, por el contrario, el decreto ha servido también para perseguir a periodistas, ciudadanos y a trabajadores de la salud que han denunciado las deficiencias y carencias del sistema sanitario para hacer frente a la crisis.

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