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Cesáreo Espinal Vásquez: Jurisdicción y competencia de la CIJ            

La República Cooperativa de Guyana solicitó el 28 de mayo de 2018 a la Corte Internacional de Justicia,  la solución del conflicto del Esequibo mediante “arreglo judicial”, pero con el objetivo de pretender  la validez  legal y el carácter  vinculante del Laudo Arbitral de 1899. En 1983 fue comisionado el Secretario General de las Naciones Unidas agotar los medios de solución pacífica dada la inexistencia de la Comisión Mixta establecida en el artículo 1 del Acuerdo de Ginebra,  Suiza en 1966 y conforme establece el artículo 31 de la Carta de las Naciones Unidas. La Corte fijó el 18 de junio de 2018 para que Guyana  consignara su requerimiento y le fijó a Venezuela, presentara  sus alegatos  hasta el 18 de abril de 2019. Venezuela rechazó la solicitud de Guyana. Se ha dicho  que su no comparecencia la Corte podrá aplicar lo dispuesto en el artículo 53 de sus Estatutos, o sea, la “confesión ficta”, que significa aceptar los alegatos de la República Cooperativa de Guyana, quedando vigente con efectos legales, el Laudo Arbitral de París de 1889. Tal presunción es jurídicamente inaplicable por cuanto en recta interpretación del  Tratado del Acuerdo de Ginebra de 1966, declaró “irrito y nulo el Laudo Arbitral de 1899  y así fue aceptado y suscrito por Gran Bretaña, Venezuela y el Primer Ministro de Guyana, aprobado por el Congreso Nacional, publicado en la Gaceta Oficial, ley de Venezuela y  registrado en la Secretaría de las Naciones Unidas el 5 de mayo de 1966,  con efectos legales internacional. La solicitud de Guyana, no es una “litis”, es decir, no es una demanda sino una pretendida mediación como establece el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que se infiere a mediaciones y entre ellos, el “arreglo judicial” por lo que para que surta sus efectos legales debe tener previamente el consentimiento de Venezuela y no lo hubo, siendo que ninguna mediación se hace en procedimiento unilateral,  aún para la solicitud, debe ser “consensual”, por ello,  la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción ni competencia para conocer la solicitud de Guyana. No tiene jurisdicción por cuanto lo solicitado no es una litis en el ámbito jurisdiccional de administrar justicia, es decir, no es una demanda, léase el numeral 1 del artículo 36 de sus Estatutos; y  adolece de competencia, debido a que cualquier “arreglo judicial” debe iniciarse por consentimiento previo de ambos Estados y el Acuerdo de Ginebra de 1966  es un Tratado que causó estado, lo que representa “cosa juzgada”, definitivamente firme que no admite revisión ni interpretación sobre presuntas dudas y está sustentado de conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre  Derechos de los Tratados de 1969.

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