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Alfredo Michelena: Países se organizan para impedir el disfrute de lo robado en Venezuela y aislar financieramente

Más países se organizan para impedir el disfrute de lo robado en Venezuela y aislar financieramente al régimen, en la inteligencia de que quienes detentan el poder permitan una salida democrática.

En lo doméstico se debate -con saña- si se debe votar o no, otros ponen sus esperanzas en el juicio político que el TSJ en el exilio le realiza a Maduro por corrupción y los demás repiten como un mantra que la salida es la intervención extranjera con sus dos variantes formales (pero no reales): la humanitaria y la militar. Mientras  en el campo internacional, la tuerca que ahorca al régimen sigue apretando.

La mayoría de los gobiernos latinoamericanos han comprendido que se debe asumir una posición más activa si se quiere evitar la implosión de Venezuela. Implosión que sin duda los afectaría aún más. Estamos en la fase terminal de un estado fallido, que no es capaz de asegurar los servicios a sus ciudadanos ni el respeto a los derechos humanos (DD.HH.) y menos de ejercer un control sobre el territorio frente a los grupos delincuenciales que se han incrustado en el Estado y operan por la libre en Venezuela. Venezuela se ha transformado en una  paravatocracia,  o gobierno de delincuentes, y ha devenido un peligro para la región y el mundo.

El grupo de los 11 países de la ALBA y otros diletantes han trancado la aplicación de la Carta Democrática al régimen en la OEA. Por esto se ha organizado el Grupo de Lima, que está  comprometido en no reconocer al nuevo gobierno que sea electo el 20 de mayo ni lo que apruebe la Constituyente. Por lo que solo quedaría con legitimidad internacional la Asamblea General.

Pero este grupo no ha ido más allá en términos de poner presión donde les duele: en el bolsillo.  Muchos han alegado que no tienen potestades legales para imponer sanciones, por lo que EE.UU. ha puesto a su disposición especialistas para avanzar en estas legislaciones. Solo tres países de la región -EE.UU., Canadá y Panamá- han puesto sanciones a funcionarios corruptos y violadores de DD.HH. incluyendo el derecho a la democracia.

A esta lista se comienzan a sumar más países. El Secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, se juntó en Washington con unos 15  países, entre ellos Alemania, Francia, el Reino Unido, Japón y Brasil, para discutir las sanciones a Venezuela. Y se acordó “… fortalecer la cooperación internacional y continuar compartiendo información a través de los canales apropiados sobre los activos de tales individuos y redes”. En concreto Colombia, EE.UU, México y Panamá articularon un grupo de unidades de inteligencia para rastrear y decomisar el producto de la corrupción de funcionarios venezolanos. La Unión Europea está lista para profundizar y ampliar las sanciones impuestas, a las cuales se ha sumado Suiza. Y los tribunales estadounidenses procesan una creciente cantidad de exfuncionarios venezolanos por corrupción.

La comunidad internacional quiere impedir el disfrute de lo robado en Venezuela y aislar financieramente al régimen de Maduro, en la inteligencia de que quienes detentan el poder permitan una salida democrática en el país. Pero, ¿será posible esto? Sinceramente no sé. Lo que sé es que, como en las piñatas, mientras más palo les des más posibilidades existen de que se rompa.

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