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Gustavo Márquez: Votar para rescatar el poder constituyente

 

A mis compatriotas que aún no han decidido si votarán o se abstendrán en las elecciones del próximo domingo, van dirigidas estas breves reflexiones, cuando faltan apenas horas para el inicio del acto electoral del próximo domingo 20 de mayo.

El ejercicio del sufragio es una forma de expresión de la voluntad de los ciudadanos en relación a decisiones que afectan las condiciones de la vida actual y futura de la sociedad, especialmente en torno a la gestión de los asuntos públicos. Es también, una forma de participación política del poder soberano del pueblo, de la cual emanan mandatos incontrovertibles para el colectivo social y para el Estado en el marco de la Constitución. Vista desde la perspectiva de la ética individual y social, esa participación es un derecho inherente al ciudadano que genera una responsabilidad, la cual será mucho mayor, dependiendo del alcance de la decisión en juego y el contexto en el cual se desarrolla el proceso comicial. Nuestra Constitución reconoce que el voto no es obligatorio porque debe ser el resultado del ejercicio de la libertad de conciencia, sin embargo, ello no exime al ciudadano de su responsabilidad como miembro de la sociedad, respecto de las consecuencias que tiene su decisión de no participar y los resultados que se deriven de esa conducta, porque ésta tiene efectos individuales y también generales.

Si la decisión es abstenerse por considerar que el voto es inútil e ineficaz para lograr un cambio que mejore la situación o porque el sistema político carece legitimidad o porque no hay confianza en el liderazgo político o sencillamente porque piensas que el sistema electoral no es confiable, en ese caso, la pregunta que debemos formularnos es ¿En las actuales condiciones del proceso, cuál sería el resultado concreto de la “huelga electoral”? ¿Si la abstención llegase a un 40% o 45 % como pronostican las encuestas, realmente se lograría el objetivo de deslegitimar el gobierno del Presidente Maduro? Y de ser ese el caso, cual sería el desenlace esperado? ¿Podríamos esperar que ese será el principio del fin de la crisis que nos agobia? Hay que recordar que en principio, la legitimidad de una elección la determina la mayoría de los que participan y la abstención por razones políticas o por cualquier otra causa, carece de eficacia jurídica y política para revocar el resultado, siempre y cuando el proceso se haga conforme a ley. Si la abstención es inferior a la participación ni siquiera se podría esgrimir ese hecho testimonial, como razón para caracterizar como ilegítimo el resultado. Quienes promueven la abstención lo hacen porque consideran que si esta es alta y Maduro es reelecto por 6 años más, esa será la señal para que el gobierno de EEUU, la OTAN y sus aliados en la región, que han dicho que no reconocerán los resultados, intensifiquen la presiones y activen el plan de intervención para imponer, garrote en mano, un gobierno de facto como hicieron en Panamá (1989). En ese escenario, obviamente la crisis social se agravaría y podría tomar el curso de un conflicto interno con participación internacional de consecuencias impredecibles.

No es precisamente la abstención el instrumento que tenemos disponibles los ciudadanos, en este preciso momento, para producir un cambio político, por la vía pacífica, democrática y constitucional, que impulse la superación de la terrible crisis económica y social que padecemos los venezolanos. Una crisis que se ha hecho inmanejable por un gobierno, cuya respuesta ha sido el establecimiento de un estado de excepción permanente e inconstitucional, al gobernar por decretos ejecutivos y a través de “leyes constituyente”  emanadas de una ANC inconstitucional e írrita. Pretendiendo evadir su responsabilidad ha utilizado el relato de “guerra económica” para justificar las ineficiencias de una gestión corrupta e improvisada, incapaz de enfrentar la crisis sistémica terminal del modelo rentístico-extractivista petrodependiente y de corregir graves errores cometidos en materia de política económica. Entre ellos, el mantenimiento de un sistema de control de cambio diferencial, motor del desarrollo de una economía paralela basada en la acumulación mafiosa de la renta petrolera que terminó por imponerse sobre la economía formal y la priorización del pago de una deuda corrupta y   en gran parte ilegal, con respecto a las importaciones de alimentos, medicina e insumos para el aparato productivo nacional. Su única política ha sido culpar a la “guerra económica”  de todo cuanto acontece y generar dinero inorgánico para cubrir el déficit fiscal y financiar un aparato clientelar de contención popular basado en los CLAP, bonos y otros beneficios atados al mecanismo coercitivo del llamado “carnet de la patria”, dinero este que al entrar al circulante se convierte en un poderoso combustible para atizar la inflación hasta llevarla al nivel de hiperinflación. No menos importante ha sido la violación sistemática de los derechos humanos a través de la OLP y la militarización de la justicia. Simultáneamente, viene adelantando, al margen de la Constitución,  un política de entrega sistemática de los bienes naturales, mineros y petroleros al gran capital  transnacional, de lo cual un ejemplo emblemático de ello es el Arco Minero de Orinoco y los pasos que se vienen dando para avanzar hacia la privatización de PDVSA, así como de la hipoteca de los yacimientos petroleros y mineros a través del PETRO, que es una modalidad de endeudamiento garantizado con los mismos. Basándose en un estado de excepción inconstitucional, ha ido creando el marco jurídico, al margen de la constitución,  para garantizarle seguridad jurídica a las transnacionales, tales como son los decretos ley sobre regionalización, zonas especiales de desarrollo nacional que han servido de base para decretar el Arco Minero del Orinoco, en el cual se expresa claramente el perfil del proyecto privatizador y desnacionalizado  en el que subyace el modelo neoliberal del consenso de Washington. De ganar las elecciones, el próximo paso es constitucionalizar dicho marco jurídico, a través de una nueva constitución que viene cocinando la ANC y en la cual se plasmaría un nuevo modelo político autoritario, deslindándose definitivamente de la Constitución Bolivariana.

Del lado de la oposición se presenta un escenario novedoso, con la fractura de la MUD y la existencia de dos políticas. La de la abstención en coordinación con EEUU y su patota, que aspiran imponer un gobierno mediante la elevación de las presiones e incluso si Maduro no negocia, podría llegar hasta avanzar en el uso de la fuerza militar para lograr su propósito. Por otra parte, está un sector liderado por Henri Falcón que marcha hacia la competencia electoral, deslindándose de la agonizante MUD y su política de promover la intervención imperialista para derrocar el gobierno e imponer uno de facto. El protagonismo de esta nueva fuerza en el proceso electoral, está creando las condiciones para avanzar hacia un cambio político enfocado en la restitución de la constitución.

Lo importante es participar, para rechazar la injerencia externa que está promoviendo la abstención y fortalecer la participación del genuino poder constituyente, como sujeto político fundamental de transformación. Personalmente votaré por el candidato de UPP89, Reinado Quijada, quien aglutina al chavismo disidente y a sectores de izquierda, comprometidos con el proyecto de la democracia participativa y protagónica, de la revolución bolivariana.

 

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