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Abraham Gómez R.: Guayana Esequiba; Estrategias inteligentes y criterios unánimes

 

Había tardado demasiado el gobierno guyanés en iniciar una descomunal campaña en los medios, cuyo contenido apunta a manipular la decisión de Venezuela de invocar la No comparecencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Según la sibilina y machacona programación no poseemos los recursos argumentativos probatorios de nuestra contención; por eso rehuimos el Arreglo Jurídico, en tan Alto Tribunal.

La torcida información que difunden los coagentes guyaneses, en su condición de contraparte en este litigio, deja entrever que los venezolanos no poseemos suficientes elementos para desmontar lo que Venezuela califica de írrito, nulo, sin eficacia y efecto legal: el Laudo Arbitral de París de 1899; y que, contrariamente, ellos lo consideran res judicata (cosa juzgada), con validez plena.

Estamos observando y analizando el despliegue inusitado en los canales internacionales, en los diarios de mayor circulación: de credibilidad y prestigio y los más leídos en el mundo la incansable propaganda que la excolonia británica se está haciendo en torno al histórico caso del Esequibo. Se están tratando de diseñar una matriz opinática favorable.

No quedan dudas que todo la detestable parafernalia mediática, que estamos denunciando, recibe cuantioso financiamiento de las casi cincuenta compañías, de distintas procedencias, con lo cual pretenden   resguardar sus intereses en la exploración, explotación y comercialización de los inmensos recursos de la Zona en Controversia.

Debemos ser enfáticos en pronunciar con insistencia ante el mundo que no le estamos quitando las dos terceras partes del territorio de Guyana, como ellos arguyen.

Nosotros tenemos enjundiosa documentación para demostrar que fue el Imperio Británico que nos invadió y despojó, mediante las trampas y demás tratativas políticas-diplomáticas urdidas a finales del siglo XIX, de una séptima proporción de la geografía venezolana, (con la aviesa disposición de arrebatarnos, inclusive hasta el Delta del Orinoco y parte del estado Bolívar) que luego la cede (por las presiones de descolonización) para que se forme la República Cooperativa de Guyana, el 26 de mayo de 1966.

Después  de conocer nuestra incomparecencia para dirimir en la CIJ, el gobierno guyanés  se ha desatado con ferocidad, en dos vertientes: a lo interno con la utilización de la televisión mañana, tarde y noche contra Venezuela; haciéndonos pasar como avaros en la reclamación o imbéciles e ignorantes del Derecho Internacional Público; también  las sistemáticas visitas diarias a la Guayana Esequiba (a sus cinco regiones administrativas, según ellos) del presidente Granger, ministros, miembros de la Fuerzas Armada, empresarios, representantes de todas las organizaciones políticas e iglesias.

La opinión pública venezolana debe saber y asumir a concierna que no estábamos obligados a admitir la competencia de la Corte Internacional de Justicia para que conociera de nuestra centenaria reclamación, y menos sentenciar al respecto.

Venezuela no es signataria del Pacto de Bogotá de 1948, también denominado Tratado Americano de Soluciones Pacíficas.

Lo que hemos descrito, de manera somera, es lo que vergonzosamente ha emprendido Guyana; preguntémonos, asimismo, qué debemos hacer nosotros para ponderar y proyectar nuestras verdades sobre este litigioso caso.

Hemos leído y escuchado conjeturas y opiniones infundadas y dispares de compatriotas.

Eventualmente percibimos reacciones esporádicas de los voceros oficiales, con cierto sesgo ideológico o partidista. Casi no hay cabida sostenida en los medios de comunicación para los expertos.

En fin, estamos obligados a concitarnos como País para que la comunidad internacional, aprecie en su justo valor que conocemos, integrativamente, lo que estamos reivindicando.

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