La organización Defiende Venezuela presentó un informe de seguimiento al Plan Nacional de DD. HH. (2016-2019) en el que concluyeron que es un brazo ejecutor del Plan de la Patria con naturaleza ideológica. De los 10 entes de la Administración consultados, solo dio respuesta la Defensoría del Pueblo, pero no dieron especificaciones en cuanto a su responsabilidad de cumplimiento del plan.
“El gobierno venezolano pasó de una violación sistemática de Derechos Humanos al desconocimiento absoluto de la existencia de los derechos. No se trata de violar los derechos, sino de desaparecerlos para que el ciudadano sienta que no pueda exigirlos ni denunciarlos“, dijo el abogado y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), José Vicente Haro.
La organización Defiende Venezuela presentó un informe de seguimiento al Plan Nacional de Derechos Humanos (2016-2019) en el que se concluye que el Estado, en un plazo de dos a tres años, ha incumplido 70 % de sus metas y le restaría un año para dar cumplimiento al resto de los indicadores. “Este es un plan con naturaleza ideológica y un brazo ejecutor del Plan de la Patria”, dijo Omar Piñango, investigador de esta institución. De los 10 entes de la Administración consultados, solo dio respuesta la Defensoría del Pueblo, pero no dieron especificaciones en cuanto a su responsabilidad de cumplimiento del plan. De hecho, Piñango sostiene que en la mayoría de los entes no había conciencia de una obligatoriedad de cumplimiento del mismo. “O no lo conocían o no le daban importancia”, agrega.
En cuanto a los cinco ejes estratégicos que componen el Plan, Defiende Venezuela subrayó que en todos existen incumplimientos y reveló por cada uno los elementos que ameritan mayor atención. En el primero, relacionado con la creación de líneas de investigación sobre Derechos Humanos —desde una visión “emancipadora, crítica y alternativa”— bajo la responsabilidad del Ministerio para Educación Universitaria y Ciencia y Tecnología, se verificó que estas no se producen en 12 universidades del país.
Las iniciativas en esta temática son independientes. Por otro lado, con respecto al “fortalecimiento de la institucionalidad para la garantía de los derechos de todos” se arrojó un resultado de 62 % de incumplimiento. A falta de información por parte del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el Ministerio para la Defensa, evaluaron la formación de los funcionarios que componen la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y determinaron que no hay un nivel de instrucción en materia de Derechos Humanos y, peor aún, han premiado con ascensos a oficiales responsables de torturas.
“El Plan Nacional de Derechos Humanos es una herramienta que permitirá poner a la Revolución Bolivariana a la ofensiva en la construcción del discurso crítico de la visión liberal burguesa de los DD. HH.”, se lee en la página 16 del documento.
Para la psicóloga social y fundadora de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), Nancy Hernández, este Plan impone un pensamiento único, controla conciencias, divide, engaña y confunde y, además, criminaliza el pensamiento plural mediante la descalificación y agresión al que difiere.
Dichos planteamientos se evidencian en los otros tres ejes del Plan.
De acuerdo con los estudios de Defiende Venezuela, no hay acciones dirigidas a crear incentivos para la participación de organizaciones y movimientos de DD. HH. en los espacios del ALBA, Mercosur, Unasur y la Celac. De hecho, Venezuela recibió en 2017 una suspensión del Mercosur por la ruptura del orden constitucional luego de las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en las que se pretendía desconocer a la Asamblea Nacional y, al mismo tiempo, habilitaban al Ejecutivo a legislar. Por otro lado, dicho Plan se aleja de la cooperación con el Consejo de Derechos Humanos y demás órganos de Naciones Unidas y, por último, no incentiva políticas públicas para personas en situación de calle o sometidas a adicciones. El último centro de atención médico gratuito inaugurado por el Estado fue el 6 de agosto de 2015 en San Bernardino, Caracas y atendía, para ese entonces, a 96 personas.
“Este plan es una herramienta para sostener un sistema político. Atrás queda la libre participación. Es, en definitiva, discriminatorio y excluyente”, sostiene Hernández
Y asimismo lo esclarece la página 15 del Plan cuando establece que:
“Busca dotar de una nueva herramienta a la Revolución Bolivariana para sostener, avanzar y profundizar los logros alcanzados en DD. HH. y acelerar el tránsito hacia una democracia socialista”.
Acciones del Estado que restringen y violan derechos educativos y culturales, según Fenasopadres:
- Ley Orgánica de Educación.
- Ley de Cultura.
- Autonomía Universitaria.
- Creación de Consejos Educativos (MBE, MBF, CFI).
- Contratación Colectiva.
- Ley Resorte.
Igualmente, Hernández advierte que las acciones centradas en fomentar una visión unilateral de la verdad se encuentran en textos de educación formal y medios de comunicación controlados por el Estado. Hizo énfasis en el cambio del calendario escolar con la incorporación de efemérides relativas a “batallas” y la eliminación de otras como: Día Internacional de la Democracia, Día Mundial de la Tolerancia, Día Internacional del Refugiado y Día Internacional de Nelson Mandela. Se incorporaron fechas como el natalicio y muerte de Hugo Chávez y establecieron el 4 de febrero como Día de la Dignidad Cívico-Militar y 13 de abril como Día de la Dignidad.
“Los Derechos Humanos han sido una conquista de los pueblos. Lamentablemente, siempre hay sangre de por medio. Nos toca seguir luchando para reconquistarlos en Venezuela“, concluyó Haro.
ONG Defiende Venezuela reporta que Plan Nacional de DDHH no cumple con sus indicadores
La ONG Defiende Venezuela aseguró que el Plan Nacional de Derechos Humanos (DDHH) 2016-2019 implementado hace dos años por el Gobierno Nacional, no cumple con las recomendaciones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
Durante el foro que realizaron este miércoles, donde presentaron su informe ante las denuncias de violaciones de derechos humanos en el país, Omar Piñango, investigador de esta organización aseguró que este Plan Nacional de DDHH “representa una visión que sigue preceptos ideológicos” y que no siguió con la normativa de realizar un mecanismo de consulta apropiado.
Piñango destacó que entre las medidas que el Estado violentó, se encuentran; la “Participación protagónica del pueblo para el disfrute pleno de los derechos humanos”, donde comprobaron que Venezuela se encuentra prácticamente aislada en cuanto a mecanismos internacionales defensores de derechos humanos.
“Es un plan anclado y articulado al socialismo y al primer plan de la Patria. Existe un sesgo ideológico y debe entenderse que bajo esas condiciones no puede existir un Plan Nacional de Derechos Humanos”, resaltó Omar Piñango.
Asimismo Piñango hizo énfasis en que el Gobierno Nacional incumplió con el “Fortalecimiento de la institucionalidad para la garantía de los derechos de todos y todas”, ya que se promovieron ascensos y condecoraciones a favor de militares que habían participado activamente durante las brutales represiones del año 2017; que dejaron un estimado de 15.000 personas heridas, 112 fallecidos hasta el 9 de junio y hasta 157 fallecidos para el 13 de agosto de 2017.
Otra de las medidas incumplidas por el gobierno nacional, según este informe que presentó Defiende Venezuela fueron; la “Profundización del enfoque de derechos humanos en la legislación, la política y la acción del Estado venezolano”, este eje destaca que el Estado debió cumplir con la cobertura del suministro de agua potable y saneamiento.
“Uno de los ejes que prometió el gobierno en el marco de este Plan, fue la cobertura total de agua potable para los venezolanos y se constató que un 80% de la población no tiene un servicio de agua continuo; evidenciándose un deterioro desde el 2015 hasta el presente año”, explicó Piñango.
La ONG Defiende Venezuela evidenció también durante su investigación que el eje “Relación con los sistemas y organismos internacionales de derechos humanos, desde una visión transformadora” fue violentada por el Ejecutivo Nacional, ya que rechaza comunicaciones de la ONU junto al ACNUDH por considerarlas “politizadas”.
Este informe también contó con la aprobación de Nancy Pérez de Fenansopadres, Laura Loura de Acceso a la Justicia, Lorena Liendo de Sinergia y el abogado constitucionalista, José Vicente Haro en representación de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quienes coincidieron que este Plan Nacional del Gobierno no se cumple en un 70% de los 37 indicadores que el Estado contempló.
Defiende Venezuela expuso algunas recomendaciones al Estado venezolano; entre las cuales se encuentran: adoptar el elemento de neutralidad en el Plan Nacional, dejando a un lado los conceptos que no tienen lugar de acuerdo con la Constitución; adoptar la concepción de derechos humanos desde un punto de vista universal, incorporando a su vez, los estándares internacionales que constituyen una garantía de los mismos e incorporar un verdadero mecanismo de seguimiento y monitoreo que cumpla con los estándares de transparencia, eficiencia y efectividad.
NP