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El País / Editorial: Frágil Italia

 

Primer ministro italiano, Giuseppe Conte.

Tras semanas desafiando la autoridad de Bruselas y de las normas fiscales europeas, el Gobierno populista italiano ha presentado un nuevo presupuesto mucho más ortodoxo. Este viaje al realismo económico es paralelo al político. Roma apoyó en la última cumbre de la UE la prórroga de las sanciones a Moscú, por sus infracciones al derecho internacional en Crimea y Ucrania.

La reversión realista del Gobierno italiano ha sido facilitada por tres factores: la mesura con que las instituciones comunitarias han tratado el asunto, con firmeza exenta de aspavientos y amenazas excesivas; la amenaza de los mercados ante un desvío sustancial de la política fiscal italiana, y el telón de fondo de la opinión transalpina. Este último es el argumento menos explicado, pero el más sustantivo. No en vano, dos tercios de los italianos sostienen con firmeza —pese al estancamiento económico de dos décadas— la conveniencia de seguir perteneciendo al euro.

Tanto las asambleas empresariales como las protestas sindicales han dejado claro en este sentido que la externalización de responsabilidades por los problemas internos —el típico trato a Bruselas como chivo expiatorio— no funcionaría. Por eso Roma ha retocado muy sensiblemente las apuestas de un presupuesto que confiaba contradictoriamente en la rebaja de impuestos para generar recursos con los que afrontar gastos ingentes: los propios de una renta social casi universal y los de la inoportuna rebaja de la edad de jubilación.

En realidad, esos retoques se vehiculan a través de un clásico (nunca definitivo) ejercicio de periodificación. El mayor gasto social se limita porque no se aplicará a todo el ejercicio de 2019, sino solo a una (gran) parte. Es una demostración de debilidad, pero será el cotejo de la práctica, y no las proyecciones de Roma ni de Bruselas, la que determinará si los presupuestos son excesivamente optimistas o no. O sea, si el mayor gasto social desencadenará un mayor crecimiento económico que ayude a combatir el déficit y los excesos de la insostenible deuda; o si los empeorará. No está mal dejar a la evolución real de las cosas el dictamen final sobre el virtuosismo o la necedad de una (ya corregida) política económica.

La flexibilidad de la UE en la gestión del Pacto de Estabilidad, consagrada desde enero de 2015, autoriza ese examen. Lo que es más discutible es que se ampare en una tolerancia discriminatoria: la dispensada a Francia, que se sustenta en una consideración “excepcional y temporal”, aunque nada ajena a la competencia de su Gobierno: la revuelta de los chalecos amarillos será criticable, pero está estrechamente relacionada con la política económica e impositiva del Gobierno de Emmanuel Macron.

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