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Cómo los operativos militares de Chávez y Maduro dispararon la violencia en Venezuela

 

Detrás de la escalada de homicidios en Venezuela hay una explicación contundente: el alza de la militarización en la seguridad ciudadana del país. Nicolás Maduro siguió los pasos de Hugo Chávez con los operativos militares. Incluso los amplió. Así lo ven dos sociólogas, Rebecca Hanson y Verónica Zubillaga.

María Rodríguez (ALN)

En 2010, en la época de Hugo Chávez, la tasa de homicidios en Venezuela ya era alta, muy alta. Se ubicaba en 45 por cada 100.000 habitantes. Ascendió a 53 en 2012. En 2014, ya con Nicolás Maduro en el poder, siguió subiendo hasta 62 homicidios por cada 100.000. Se disparó a 70 en 2016 y a 89 en 2017. La tasa más alta de Latinoamérica, según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Detrás de esta escalada de muertes violentas en el país hay una explicación contundente: el alza de la militarización en la seguridad ciudadana en Venezuela.

Esta es la tesis que defienden las sociólogas Rebecca Hanson y Verónica Zubillaga en un exhaustivo artículo publicado en la revista Nueva Sociedad.

Las autoras subrayan que la violencia y la histórica utilización de esquemas militares en la policía venezolana son problemas antiguos en el país. Apuntan que la “arbitrariedad” de la actuación policial en las detenciones masivas se volvió rutinaria, y que bajo el paraguas de la derogada Ley de Vagos y Maleantes se encarcelaba a la población masculina pobre.

2010 y 2011: Dispositivo Bicentenario de la Seguridad y Madrugonazo al Hampa

A partir de 2010 se potenció la militarización de la seguridad ciudadana. Ese año se inauguró una nueva fase de operativos militares en Venezuela: el Dispositivo Bicentenario de la Seguridad, seguido en 2011 por el operativo Madrugonazo al Hampa. Ambos planes consistían en invasiones masivas a barrios y en la detención de jóvenes de varones pobres.

El general Antonio Benavides, responsable del operativo de 2011 (ahora jefe de gobierno del Distrito Capital), declaró en Twitter: “El destino final de todo delincuente es la cárcel o bajo tierra”. Proclamó así un giro que evidenciaba una nueva fase de matanzas sistemáticas por parte del Estado, tal como explican las sociólogas en el artículo. Y esto lleva a una pregunta. ¿Qué pasará ahora en Distrito Capital teniendo al frente a Benades?

Este “punitivismo carcelario”, como lo califican Hanson y Zubillaga, tuvo un primer gran efecto: el incremento del número de presos, que pasó de 30.483 en 2009 a 50.000 en 2011. Además, se originaron nuevos problemas sociales. Entre ellos “la evidencia de una pérdida de control de las prisiones por parte de las autoridades estatales frente a la sofisticada organización interna y autónoma de los presos”, puntualizan en el artículo.

Afirman que especialmente desde 2015, en Venezuela “se abrió paso una práctica de matanza sistemática extralegal, que se convirtió en la estrategia fundamental de control de los sectores populares y que transformó al Estado, específicamente a un sector militar y policial, en un actor fundamental de la violencia letal en el país”.

Cabe recordar que en junio de 2018 la Organización de Estados Americanos (OEA) envió un informe de 500 páginas a la Corte Penal de La Haya donde detallaba una a una las pruebas que implican al régimen de Nicolás Maduro en crímenes de lesa humanidad.

2013: Operativo Patria Segura

Con la muerte de Hugo Chávez, el inicio de la Presidencia de Nicolás Maduro en 2013 y Néstor Reverol a la cabeza del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia, el ala militar asumió la hegemonía en las políticas de seguridad ciudadana. ¿Un primer ejemplo? El lanzamiento de un nuevo operativo ese mismo año: Patria Segura.

“Definitivamente la actuación policial giró hacia la disciplina militar. Se acabaron los esfuerzos por tener una policía más de orientación civil”, subrayan las sociólogas. Esto también se constató en el número de ministros militares: en 1999 sólo representaban 10% del gabinete presidencial. En 2004 el 31%. En 2017 la mitad del gobierno de Maduro ya eran militares.

2015: Operativo Liberación y Protección del Pueblo

En 2015, año electoral, llegó un nuevo operativo, el de Liberación y Protección del Pueblo (OLP). “Este operativo marcó el inicio de la nueva fase de matanza sistemática. Los efectivos empezaron a ingresar en los barrios ocultos detrás de ‘máscaras de la muerte’”, detallan las sociólogas. El operativo se definió como una estrategia de recuperación de soberanía territorial frente a la expansión del poder criminal. ¿El resultado? “106 presuntos delincuentes asesinados en sólo dos meses”, destacan Hanson y Zubillaga.

A esto se suma el incremento de la conflictividad criminal y “la revelación de la colaboración entre funcionarios militares (corruptos) y el mundo criminal”, al menos en el suministro de armamento, como granadas, según apuntan en el artículo.

Un Estado responsable

En marzo de 2017, la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz denunció la ruptura del hilo constitucional. Dijo que en 2016 fueron asesinadas en Venezuela 21.752 personas. De estas, precisó que 4.667 murieron a manos de las distintas fuerzas del orden. En otras palabras, la fiscal reveló que el régimen de Maduro era responsable de 21% de las muertes violentas de ese año.

En definitiva, un panorama “ya no de encarcelamiento masivo, sino de la expansión de la necropolítica”, apuntan las sociólogas, tomando el concepto del filósofo camerunés Achille Mbembe.

De acuerdo con Mbembe, la necropolítica es una “política de muerte contra un sector de la propia población, a la que se somete a un estado de excepción y de enemistad que se halla en la base de la práctica estatal del derecho de matar”.

En respuesta, “la gente [en Venezuela] ha colocado cadenas con enormes candados, no para defenderse de los delincuentes armados locales, sino para protegerse de los agentes policiales, quienes además les roban la comida, los electrodomésticos y otras pertenencias”, concluyen las sociólogas, insistiendo en que esta es la necropolítica de la era poschavista.

 

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