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Aurelio F. Concheso: Las sanciones petroleras y sus consecuencias

 

El Gobierno de los Estados Unidos impuso esta semana una serie de sanciones a Pdvsa, que reduce la capacidad de maniobra de los inquilinos de Miraflores. Las consecuencias se sentirán en los próximos días.

La primera de estas -y quizás la más severa- es la congelación de los activos de la empresa, así como del Gobierno y de cualquier otra empresa propiedad del mismo que se encuentren en los Estados Unidos, con el añadido de que las mismas quedan a disposición del Gobierno Interino venezolano al que el Gobierno que encabeza Donald Trump acaba de extenderle su reconocimiento.

Corolario de esta medida, es que también aplica a los futuros flujos de caja de esos entes producto de ventas en territorio estadounidense.  Ese flujo de caja futuro, además, también queda a disposición del Interinato.

Una incógnita que se desprende de esas acciones, pero que no está contemplada de manera explícita, es quién tendrá el control de las operaciones de la empresa Citgo, una corporación registrada en el estado de Delaware con sede en Houston, y propietaria del 5% de la capacidad refinadora estadounidense.

Es concebible que el Gobierno Interino nombre nuevos miembros en la directiva de Citgo y que los tribunales del Norte aprueben esos nombramientos, en cuyo caso la empresa podría seguir operando, o bien con crudos venezolanos si estos le llegan, o si no con crudos comprados en el mercado spot. Citgo es una empresa solvente y las cargas que pesan sobre ella son las hipotecas con la que las cargó PDVSA para usos distintos al de su actividad.

La segunda arista es la prohibición de pagarle a Miraflores por los crudos que se exporten, pues esos ingresos irían a las cuentas antes mencionadas. En este caso, el problema es complejo: Estados Unidos no es el mayor cliente venezolano por accidente, sino porque sus crudos más apetecibles tienen especificaciones que cuadran con las necesidades de las refinerías de la Costa del Golfo. Buscar compradores alternativos, como Reliance en India, es una opción que toma tiempo, porque el comprador no va a darle la espalda a sus proveedores tradicionales de la noche a la mañana.

Eso quiere decir que la capacidad de almacenamiento nacional corre el riesgo de coparse en el cortísimo plazo, requiriendo el cierre de pozos productivos. Irónicamente una opción sería seguir despachando crudos a los Estados Unidos, así el pago lo reciba en sus cuentas el Gobierno Interino, reduciendo el riesgo de daño a los pozos por una parada abrupta mal ejecutada.

La tercera sanción tiene dos aristas: la prohibición de envío de gasolina y diluyentes desde los Estados Unidos a Venezuela. En el caso de la gasolina, hay un mercado mundial y proveedores que, como Argelia, podrían tal vez cubrir esa demanda. Pero en el caso de los diluyentes, el mercado de oferta no es tan claro ni amplio.

Los diluyentes se requieren para mezclarlos con los crudos extra pesados de la Faja para poderlos transportar por los oleoductos. El diseño logístico original era que el diluyente, extraído de pozos de crudo convencional nacionales, se mezclaba a boca de pozo, llegaba a los mejoradores de Jose y se devolvía a los campos para repetir la operación en un proceso continuo.

 

Pero como todo lo de este Gobierno, surgieron dos contratiempos: Primero, al declinar la producción, no había diluyente nacional suficiente y se empezó a importar. Segundo, al tomar control de los mejoradores por la vía de la confiscación, estos dejaron de funcionar, salvo en los contados casos en que los opera un socio extranjero, por lo que el diluyente se reexporta junto con el crudo extra pesado, una operación extremadamente costosa que reduce los ingresos de PDVSA, pero que también tiene el inconveniente de que requiere la compra de muchísimo más diluyente.

No hay que olvidar que el destino de esos crudos es nada más y nada menos que China. Lo cual, tal vez, explica la cara de circunstancia de sus representantes cuando el tema Venezuela se toca en instancias multilaterales.

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