El contralor general de la República, durante su discurso ante los funcionarios y autoridades, reunidos en sesión especial, desde el salón Leonardo Ruiz Pineda de la Residencia de Gobernadores en el estado Táchira
Manuel Galindo. “Solicitaremos una investigación fiscal a la junta directiva de la Asamblea Nacional”
“Una investigación fiscal y un procedimiento de revisión exhaustiva sobre la gestión del primer año de la junta directiva de la Asamblea Nacional”, que cumplirá un año de juramentada el 5 de enero de 2017, solicitará la Contraloría General de la República, anunció este miércoles el titular de este despacho, Manuel Galindo, durante la sesión especial para celebrar los 55 años de la institución oficial, celebrada por el Consejo Legislativo del Táchira en la Residencia Oficial de Gobernadores.
La sesión estuvo presidida por el gobernador José Vielma Mora y la presidenta del parlamento regional, diputada Zoraida Parra, junto con la contralora del Táchira, Omaira De León; el defensor del Pueblo, Hugo Caro; el fiscal superior del Táchira, Jean Carlo Castillo, diputados de las fracciones revolucionaria y de la unidad, entre otros.
En su discurso, que se extendió por cuarenta y cinco minutos y donde esbozó la importancia de la labor contralora basada en los principios de la honestidad, la ética y el apego a la legislación, el contralor general de la República manifestó que: “Nosotros estamos acostumbrados a ver en el tiempo que la corrupción es solamente la desviación de los recursos y esta también se materializa cuando el ejecutivo Nacional, el Estado venezolano, otorga recursos para un determinado objetivo, como lo es el hecho de legislar no apartado de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Por lo tanto, afirmó: “Sí creo, como contralor general de la República, que debemos iniciar una investigación de carácter fiscal contra ese cuerpo colegiado denominado junta directiva de la AN, y así verificar si los recursos destinados a la formación de leyes y otros actos administrativos, es decir, si los recursos asignados a los sueldos, emolumentos y salarios de los diputados fueron verdaderamente ejecutados en los términos establecidos en la Carta Magna y las leyes”.
A propósito de la designación de los rectores principales y suplentes del CNE para el período 2016-2017, Socorro Hernández e Iván Zerpa, Tania de Amelio y Gustavo Guevara, por sentencia número 1086 del 13 de diciembre del 2016, de la Sala Constitucional del TSJ, Manuel Galindo indicó que: “En cada una de las sentencias emanadas del TSJ se le exige a la Contraloría, a la Fiscalía y a la Procuraduría que tomemos las acciones a que haya lugar en el marco de nuestras competencias, por ser un mandato constitucional emanado del máximo tribunal de la República, haremos lo propio y así deben hacerlo los demás poderes”.
— En el procedimiento de solicitud de declaratoria por omisión legislativa intentado por el diputado Héctor Rodríguez se tomó la decisión de designar a los rectores, en virtud de la persistente omisión por parte del Poder Legislativo, por órgano de la AN. Además, la sentencia reiteró que las decisiones al respecto tomadas por la actual AN carecen de validez, eficacia y existencia jurídica -enfatizó-.
Más adelante, en su intervención, el contralor general de la República se refirió a la relevancia del poder popular y recalcó que “es el pueblo soberano el que constituye las bases para que los funcionario gobernemos; y creo que eso existe desde antes de Moisés, pero se materializó en Venezuela a raíz de la aprobación de la Constitución Bolivariana”.
Reconoció la labor de los funcionarios de la Contraloría del Táchira, porque los servidores públicos son la base fundamental para que nosotros podamos gerenciar; sin ustedes es imposible que cumplamos con la tarea encomendada”.
“Para declarar la responsabilidad política se requiere la intervención de varios órganos”
Con respecto a la declaratoria de responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro, formulada por el Parlamento nacional este martes, el contralor general de la República señaló que: “No puede considerarse un juicio propiamente dicho, sino un procedimiento administrativo que requiere la intervención de varios órganos para hacer efectiva la responsabilidad, en una primera fase declarada por la AN, de modo que esa sola declaratoria no es suficiente para considerar que la misma se ha materializado, pues se requiere de la intervención y el análisis del Poder Ciudadano”.
— El ejercicio de potestad de control parlamentario de la AN, que efectivamente tiene por Constitución, no puede ni podrá confundirse nunca con una facultad para establecer un juicio político contra el presidente de la República, pues simplemente se trata de un procedimiento administrativo y, aunado a ello, no tiene legitimidad para hacerlo, por cuanto no se han desincorporado los tres diputados apartados por la Sala Político Administrativa del TSJ por el fraude denunciado y comprobado -sostuvo-.
“Apartarse del espacio de la AN requiere de la revocatoria de la juramentación, que podría hacerse aplicando el principio de la autotutela administrativa, es necesario que se revoque este acto de juramentación para que la AN se aparte del desacato en el cual viene incurriendo, pero los actos legislativos dictados con anterioridad a esa revocatoria no toman ninguna validez, tendrían que celebrarse nuevamente bajo el marco de la Constitución y las leyes, argumentó.
La contralora del estado Táchira, Omaira De León, recibió el “Escudo Honor al Mérito” por parte del gobernador Vielma Mora; y el Contralor General de la República recibió la “Orden al Mérito”, en su única clase, de la Gobernación, en tanto que el Consejo Legislativo del estado confirió la condecoración Escudo del Táchira a la contralora y 10 reconocimientos a funcionarios pertenecientes a este órgano.
Fuente: La Nación del Táchira