Indignación. Es la palabra que expresan los habitantes de San Fernando de Atabapo, un poblado ubicado en el municipio Atabapo del estado Amazonas, ante la constante violación de derechos humanos por parte de los militares de la zona. Por esta razón, decidieron tomar tres puntos de control y sacar a los militares y a funcionarios del Seniat. Aseguran que “no los dejaran regresar a sus trabajos hasta que se presenten funcionarios del Ministerio de Defensa, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo”.
El 4 de abril un grupo de personas de esta localidad se trasladó hasta Puerto Ayacucho para formalizar la denuncia en el Ministerio Público y ante la Defensoría del Pueblo. De acuerdo a testimonios de los habitantes del municipio, dados a conocer por Norayma Ángel, coordinadora de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, la Guardia Nacional Bolivariana junto con el Seniat coloca alcabalas momentáneas para hacer cobros de comisiones. Los habitantes de Atabapo “no saben cuál es el fin último de los decomisos y del dinero que se cobra en estos puntos de control. Ellos manifiestan estar cansados porque se sienten vulnerados en sus derechos. No tienen información de por qué hacen estos decomisos y cobros”. Denuncian que en lugar de sentirse protegidos por el Estado se les da un trato cruel que los mantiene en una constante zozobra. “Los detienen, los requisan y les quitan el oro ilegal que circula en Atabapo”, agrega Richard Ortega, periodista de Raudal Estéreo.
Norayma asegura que la toma de los tres puestos de control revela problemas muy serios presentes en Atabapo y en otros municipios del estado Amazonas, que constantemente han sido denunciados por los habitantes: escasez de alimentos, combustible, problemas en las comunicaciones. “¿Dónde están las instancias municipales, porque la alcaldía pudiera hacer algo para evitar estas situaciones?”, se pregunta la defensora de derechos humanos.
Lo anterior sucede en un contexto donde existe minería ilegal, con más de 20 campamentos ilegales, que ya han sido documentados y denunciados por las organizaciones indígenas, y de dónde se está extrayendo este mineral. Situación sumamente grave y que impacta directamente en la salud de los pobladores, ya que desde hace ocho años ha recrudecido la malaria en esa zona del sur selvático de Venezuela.
Entre enero y octubre de 2017, Venezuela acumuló 319.765 casos de malaria, lo que representa un aumento de 68,48 % con respecto al mismo período de 2016 cuando se registraron 189.785 afectados. Bolívar es la entidad con más afectados al concentrar 205.215, seguido por Amazonas con 52.471 y Sucre con 45.622.
A la latente posibilidad de contraer malaria se ha sumado ahora las recurrentes fallas en el suministro de medicamentos, el precario control del vector que la ocasiona, los problemas que supone abastecer una geografía agreste y la minería ilegal.
El abuso militar se extiende a otros municipios
Richard Ortega comentó que hace algunos días, se presentó una situación similar en el municipio Alto Orinoco (frontera con Brasil) entre los militares del puesto de control ubicado en La Esmeralda y los indígenas yanomami, wotjuja (piaroa), y yekuana. Los indígenas denuncian al militar Vicente Portillo de violar sus derechos humanos y piden la intervención del alto mando militar y del Estado para revisar la relación entre los civiles y los castrenses en ese puesto de control.
Ángel explica que en el municipio Alto Orinoco ganó un alcalde yanomami y ellos están intentando recuperar el manejo de su territorio que ha sido ocupado ancestralmente por ellos, y donde la vulneración de sus derechos es constante. “Todos los habitantes de los municipios del estado Amazonas han intentado dialogar con los jefes de los militares pero no han tenido respuestas a sus necesidades. Hay un patrón que demuestra que las instituciones del Estado no están siendo claras. Hay militares en territorios ocupados ancestralmente por indígenas donde debe existir un diálogo en las formas de protección que brinda el Estado. ¿Cuáles son las medidas o los giros que se deben dar en las instituciones y militares presentes en estos lugares para que garanticen el derecho de los ciudadanos que viven en la frontera?”, plantea la defensora de DDHH y asegura que desde el Vicariato han instado a los pobladores para que no tomen la justicia por sus propias manos, busquen los canales regulares y que se hagan las denuncias en las instancias específicas.
Diagnóstico socio-ambiental municipal del Estado Amazonas
Recientemente la Red de Defensores y Defensoras Indígenas y de la Naturaleza, formada por líderes de las organizaciones indígenas ORPIA, KUYUNU, OIPUS,OPUCH, OPIBA, HORONAMI, OMIDA,CHEJERU, en conjunto con la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, publicaron un Diagnóstico socio-ambiental municipal del estado Amazonas. En el Anexo N° 4 del libro se recoge la posición de la Red ante la minería ilegal, donde destacan las conclusiones de este diagnóstico. En una de estas señalan que “la actividad minera ilegal ha venido expandiéndose de manera alarmante en las últimas cuatro décadas, desde su presencia inicial en las cabeceras del río Orinoco en los comienzos de los años 80, oportunamente denunciada y enfrentada exitosamente por el Estado venezolano, hasta la identificación en la actualidad de por lo menos 56 sitios de minería, dispersos en las principales cuencas hidrográficas”.
Hoy la situación se encuentra descontrolada y se advierte la presencia de nacionales y extranjeros en las minas. Incluso se identifican actuaciones de funcionarios públicos de diversas organizaciones del Estado, y la participación de grupos irregulares. Por su parte, la mayoría de los indígenas que tiene participación en la actividad minera ocupa las posiciones más débiles de la estructura funcional.
Esto ocurre en un estado donde están presentes áreas bajo régimen de administración especial (ABRAES): cuatro Parques Nacionales, diecinueve Monumentos Naturales, una Reserva de Biósfera y otras categorías de áreas protegidas.
Con este documento la Red extiende su preocupación a todos, los que viven dentro pero también los que están fuera de este territorio: “Hablamos fundamentalmente del agua, de su cantidad y de su calidad, elemento esencial para la vida y cada día más escasa (…) Todo ello a cambio de algunas toneladas de mineral, especialmente oro, que ni se reproduce ni satisface alguna necesidad humana básica”.
La eterna espera del indígena
Hasta el momento (5 de abril) no ha habido ningún pronunciamiento de parte de las autoridades municipales, estatales ni nacionales ante los atropellos cometidos en estas alcabalas “momentáneas”. Actualmente, Atabapo se encuentra incomunicado, sin señal de ninguna operadora telefónica, lo que mantiene desconectado a este municipio que albergaba la antigua capital del estado Amazonas, y en el que los indígenas tienen que pagar hasta 3 millones de bolívares (ida y vuelta) para trasladarse hasta Puerto Ayacucho para poder formalizar sus denuncias, entre otras cosas.
Esta demanda se enmarca en la deuda pendiente que tiene el Estado venezolano con la demarcación de los territorios indígenas, más de 20 años de espera, y con la negligencia al dejar que la práctica minera ilegal se expanda en estos lugares.
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