Las conversaciones en Dominicana y las habidas desde hace cierto tiempo para acá no son del mismo tenor de las anteriores. La realidad actual nacional e internacional ha presionado en forma implacable, en función de llegar a un acuerdo real y permanente entre las fuerzas en pugna. Las presiones no han sido sólo sobre el Gobierno, sino también sobre la oposición de la MUD. Por supuesto, los términos del acuerdo nada tienen que ver con los intereses de la nación venezolana, ni en lo que respecta a las condiciones de vida de sus integrantes, ni en lo atinente a las posibilidades de iniciar un despegue del subdesarrollo.
En la medida que nos acercamos a la finalización del período constitucional de Nicolás Maduro, nuevos retos y necesidades aparecen en el escenario de los bandos polarizados. Para la oposición de la Mesa se hace imprescindible lograr un acuerdo en relación con las elecciones presidenciales, pues son los supuestos ganadores de esos comicios. Los mismos, por tanto, deben realizarse (primera exigencia), deben ser transparentes, deben tener supervisión internacional y el resultado debe ser respetado por el Gobierno, el cual debe entregar su mandato al ganador de la oposición. Ya en las declaraciones de altos jerarcas de distintos países está presente en forma destacada el punto de la elección presidencial.
En el caso del Gobierno, la elección presidencial también se vuelve determinante en relación con el contenido del diálogo y de las negociaciones con la MUD. El PSUV tiene que garantizar su existencia y desempeño políticos, más allá del probable cambio de gobierno que pueda ocurrir en 2019. Deben acordar las reglas de la coexistencia con quienes estarán en el Gobierno en el próximo período presidencial, determinar el futuro inmediato de la Fuerza Armada Nacional, la protección de sus mandos, de los cuadros militares en ascenso. Y, si ocurriera una sorpresa y la revolución bonita no perdiera las elecciones, asegurarse de que la MUD también acataría este resultado. También serían temas estratégicos la suerte de PDVSA y de otras empresas del Estado, las modificaciones constitucionales que se van a producir y el manejo de la Faja Petrolera y del Arco Minero, ambos del Orinoco.
Pero como falta todavía más de un año para ese proceso electoral, es importante determinar las relaciones que llevarán los polarizados desde este momento hasta dicha elección. Se trata de las situaciones a corto plazo, en las que la MUD estaría interesada en la limitación de las decisiones o poderes de la Asamblea Nacional Constituyente, para de esa forma prevenir la toma de decisiones desagradables, y el Gobierno interesado en la coexistencia tolerante de ambos organismos legislativos, en el entendido que, ante las entidades financieras internacionales y la mayoría de los gobiernos, la Asamblea Nacional es la reconocida como poseedora de la legitimidad electoral necesaria.
Otras cosas se hablarán y se concertarán también en lo inmediato: elaborar los cronogramas de elecciones pendientes (Consejos legislativos regionales, alcaldes y concejos municipales y las presidenciales), las medidas económicas para salir de la crisis, incluyendo la aprobación por la Asamblea Nacional de nuevos préstamos; la creación del Senado y la distribución paritaria de sus plazas entre el PSUV y la MUD, como resultado de la modificación constitucional que se efectuará. Esto significa un acuerdo como el existente en el pasado entre AD y COPEI, que niega la proporcionalidad electoral establecida en la Constitución vigente, para garantizar la polarización bipartidista y dejar fuera a otros actores. Concertarán cambios en el TSJ y en el CNE que garanticen la equivalencia de representación de los polarizados en ambos.
El pueblo, la nación venezolana, el país, la democracia y el desarrollo, están ausentes y seguirán marginados de las decisiones trascendentales. No habrá industrialización del petróleo, ni crecimiento científico y tecnológico, ni una población instruida y capacitada para el desempeño de empleo formal calificado bien remunerado. Seguiremos sin inmunidad de jurisdicción, sin proporcionalidad electoral y con ciudades precarias.
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